Hace poco estuve en Andalucía y me dediqué a tratar de entender las tripas de la Administración española. Mi gran preocupación como europarlamentaria es que, cuando legislamos desde Bruselas, no vemos los cuellos de botella a los que se enfrentan las administraciones públicas. Por eso fui a la Junta, a conocer el funcionamiento de la Dirección General de Fondos Europeos que gestiona una enorme cantidad de dinero: más de 8.000 millones de euros de ayuda social y regional recibidos entre 2014 y 2020. Allí me entrevisté, acompañada por el director general y por mi equipo, con los jefes de servicio que gestionan los ocho procesos por los que tiene que pasar cada una de las líneas de ayudas que se abren.
Pues bien, no me he podido quedar más sorprendida.
Nos gusta repetir una y otra vez que las ayudas deben llegar a las pequeñas y medianas empresas para que el dinero se utilice bien y sirva para lo que está pensado. Pero el laberinto del proceso es aterrador.
Vamos a verlo con un ejemplo, el de las pymes o autónomos de la hostelería que piden una ayuda de 2.000 euros. El primer paso es cumplir con la normativa autonómica, nacional y europea en la estrategia que presenta cada siete años la comunidad autónoma a Bruselas, y que esa comunidad tenga los fondos propios para adelantar el dinero.
El segundo es garantizar que se cumplen los requisitos. En el caso de los 2.000 euros, más de 30 exigencias para que la ayuda llegue a un bar o un pequeño establecimiento. Para facilitarlo, la Junta ha optado por un proceso de robotización que evite papeleo a los empresarios, lo que implica una tremenda inversión en digitalización y resta recursos a otros proyectos. Se hace, claro, porque las ayudas son hoy más necesarias que nunca.
Pero el esfuerzo mereció la pena, ¿verdad? ¿Ya está el dinero aquí? ¡No!
Una vez que las exigencias están gestionadas, formuladas y aprobadas, empieza una carrera de obstáculos para que la Comisión reembolse la ayuda. Se abre un nuevo proceso que incluye más de media docena de controles ejercidos por distintos órganos. Las comprobaciones son fundamentales para evitar la picaresca, que nadie se equivoque, pero es imprescindible que estén bien pensadas. La inspección es una cosa; la disuasión por agotamiento, otra muy distinta.
La Dirección de Fondos solicita a la consejería que corresponda (en el caso del ejemplo, la de Economía) que envíe los 31 documentos asociados a las más de 31.000 empresas y autónomos de la hostelería que hayan podido demostrar que han perdido más del 30% de ingresos (complicado, en un sector así). Esa información pasa por un primer control de un equipo de más de 150 expertos de una gran empresa de consultoría (una de las llamadas Big Four —las cuatro grandes auditoras—, que, a diferencia de autónomos y pymes, no sufren colapsos burocráticos).
De ahí se pasa un segundo control que recaba datos cruciales exigidos por la Comisión, pero que casi no se usan después, a pesar de lo útiles que podrían ser para la evaluación de políticas públicas. Otro filtro disuasorio.
Y después, un nuevo control interno, seguido de otra comprobación de la Administración (Intervención General del Estado), una más de la Comisión y finalmente, un último control del Tribunal Europeo de Cuentas. Dobles, triples o cuádruples controles sobre la misma ayuda que no desembocan en una mejor gestión del dinero.
Ya lo he dicho antes, y lo reitero: estoy completamente a favor de los controles férreos sobre el uso del dinero público. Pero con cabeza. No puede ser que los gestores huyan de los fondos europeos por las dificultades del proceso; es un despropósito que las administraciones que tengan buenas ideas de cómo aplicar estrategias de crecimiento, digitalización y sostenibilidad para pequeñas empresas se encuentren con obstáculos casi infranqueables.
Y quiero reconocer el enorme esfuerzo, muchas veces minusvalorado, de las entidades responsables de los fondos europeos en las administraciones públicas. Es evidente su enorme voluntad de que el dinero tenga impacto y pueda ayudar a mejorar la competitividad de la región. Pero no se lo ponemos fácil.
Por eso animo a eurodiputados y comisarios europeos, y a los diputados nacionales y autonómicos, a pasar un par de días en las oficinas de la Dirección General de Fondos de cualquier comunidad autónoma, para que entiendan el reto al que se enfrentan.
Si queremos que las ayudas lleguen a los autónomos tan golpeados por la crisis, a los negocios familiares que abren la persiana cada día con incertidumbre y a las pequeñas y medianas empresas sobre las que descansa la mayor parte del empleo, no hay más opción que cambiar el modelo. Así, como está ahora, es imposible. Europa no puede ser el símbolo de una burocracia que desemboque en frustración. Esos fondos están para modernizar y transformar la economía, ayudar a los ciudadanos a salir adelante y aumentar el bienestar de las sociedades. Hagamos que eso sea verdad.
Susana Solís es diputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo.