La burocracia económica de Europa

A lo largo de los últimos sesenta años, el proyecto de integración europea ha afrontado muchas dificultades: las penalidades económicas de la posguerra, el pesado yugo del comunismo y la incierta base del mundo posterior a la Guerra Fría, pero, si bien ha superado todos ellos, al constar ahora la Unión Europea de 28 Estados, muchos de los cuales comparten una moneda común, la UE afronta otra dificultad igualmente importante: la de reducir la carga de la reglamentación que recae sobre sus industrias más importantes.

Las empresas europeas están atadas con reglas y reglamentaciones, muchas de las cuales se deben a funcionarios no elegidos de Bruselas, cuya loable intención de armonizar las condiciones empresariales en toda la UE está socavando, en cambio, la creatividad y el dinamismo comerciales del continente. A consecuencia de ello, los resultados económicos son flojos, al decaer la competitividad, y el desempleo, en particular entre los jóvenes, sigue siendo tercamente elevado.

Las instituciones de la UE publican millares de reglamentos, directivas y decisiones todos los años. En 2012, se promulgaron 1.799 leyes; en 2011, fueron 2.062. Algunas leyes, promulgadas hace mucho por una Comunidad Europea de seis miembros fundadores, siguen en los códigos. Ese macizo de burocracia es el que obstaculiza a las empresas y disuade a los empresarios.

Un ejemplo pequeño, pero importante, de ello es el costo medio de la creación de una empresa, que es de 158 euros (212 dólares) en el Canadá, 664 euros en los Estados Unidos y 2.285 euros en la UE (y nada menos que 4.141 euros en Italia). El mero costo de ponerse en marcha es un gran factor disuasor, como podemos imaginar, para un joven emprendedor que intente escapar de las limitaciones del desempleo.

La industria europea padece los mismos problemas. El sector refinero y petroquímico suministra a la UE una gran proporción de su combustible y es también una importante fuente de ingresos fiscales. El sector de los productos derivados, junto con la distribución de combustibles, contribuye con un total de unos 240.000 millones anuales a las arcas de los tesoros. Conforme a cualquier criterio, se trata de una industria importante que no debería padecer las consecuencias de una reglamentación excesiva, pero, mientras que la industria afronta la amenaza de unos precios inflados del gas procedente de todo el mundo, sus preocupaciones más locales son la abundancia de reglamentos de la UE y nacionales relativos a la energía.

Una producción legislativa excesiva ha provocado un aumento de los precios y ha expulsado a los inversores, no sólo de los sectores de las refinarías y las petroquímicas, sino también de todos los sectores que requieren una gran utilización de la energía, incluidos los del aluminio, el acero y el cemento. En algunos Estados de la UE, los precios de la electricidad para los consumidores industriales equivalen al doble de lo que pagan sus homólogos norteamericanos. Unos reglamentos climáticos exageradamente complejos, la resistencia política al desarrollo del gas de esquisto y unas políticas energéticas que favorecen tecnologías costosas e ineficaces son los causantes en gran medida de ello.

Algunas autoridades de Bruselas están empezando a reconocer gradualmente que unos precios más bajos de la energía podrían ser buenos para la economía, pero la mayoría siguen creyendo que la protección de la sociedad y del medio ambiente contra los efectos más amplios de la industria energética debe tener prioridad sobre el desarrollo de la industria y un mayor crecimiento económico. Dan por sentado que una recuperación sólida y la creación de puestos de trabajo resultarán simplemente por sí solos; a consecuencia de ello, en lugar de disfrutar de un crecimiento sostenible, Europa se dirige hacia un modelo para el que sería apropiada una nueva denominación: “estancamiento sostenible”.

Ese planteamiento representa un colosal despilfarro de dinero. Como observa Bjørn Lomborg, del Centro de Consenso de Copenhague: “La Unión Europea pagará 250.000 millones de dólares por sus políticas climáticas actuales durante todos y cada uno de los 87 próximos años. Con casi veinte billones de dólares, las temperaturas al final de este siglo se habrán reducido en un insignificante 0,05 grado centígrado. En cambio, la UE va a asignar unos miserables 8.000 millones de euros a lo largo de siete años a aliviar el desempleo juvenil, que actualmente representa casi el 60 por ciento en algunos Estados miembros.

Pero, si no se permite que prosperen industrias decisivas como las del aluminio, el acero, los combustibles, los plásticos y el cemento, la economía de Europa no crecerá y no se creará un número suficiente de puestos de trabajo. Esos resultados no sólo serían malos para la economía, sino también para el medio ambiente, porque dichas industrias seguirán trasladándose, sencillamente, a mercados con ejecutorias medioambientales mucho peores.

El problema no es una falta de capital inversor. En 2011, las empresas de Europa cotizadas en bolsa tenían unos 750.000 millones de euros líquidos en sus balances, equivalentes al doble del descenso de la inversión del sector privado en la UE de 2007 a 2011, pero, pese al terrible estado de las haciendas públicas, la necesidad apremiante de crecimiento y puestos de trabajo y unos tipos de interés históricamente bajos, las autoridades no están haciendo nada para fomentar la inversión.

Los gobiernos de Europa necesitan urgentemente emprender un examen minucioso de la esfera reglamentadora, en particular en las industrias que tienen las repercusiones más importantes en la economía en sentido amplio. Y, después de seis decenios de entrometerse, las autoridades de la UE deben dar marcha atrás y ver qué restricciones han resultado perjudiciales o irrelevantes y cómo apoyar mejor a los empresarios y las industrias del futuro.

Gran parte del terreno lo ha preparado ya la OCDE en varios principios rectores: los objetivos económicos, en particular el crecimiento y la competitividad, deben ser tan importantes como los objetivos sociales y medioambientales; los beneficios de una reglamentación deben justificar sus costos; se deben revisar con frecuencia los reglamentos y siempre se debe hacer un análisis de la rentabilidad de todas las opciones, incluida la mantener simplemente el status quo.

Con el siete por ciento de la población mundial, el 25 por ciento del PIB mundial y el 50 por ciento del gasto mundial en asistencia social, la UE ha creado un modelo que inspira a millones de personas el sueño de emigrar a Europa. Sin embargo, la histórica insistencia de la UE en el logro de sus objetivos sociales, con exclusión de las necesidades a largo plazo de la industria, está socavando todo el proyecto europeo. Si se permite a la burocracia estrangular las industrias decisivas para la prosperidad europea, la UE no puede ser el hogar próspero, democrático y no excluyente con el que millones de personas sueñan.

Jacek Krawiec is CEO and President of the Management Board of the Polish oil refiner PKN ORLEN.

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