La caída de los viejos caciques

Si no lo impide una petición de indulto, Carlos Fabra —jefe del Partido Popular en Castellón durante más de dos décadas— entrará en la cárcel un día de estos. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por fraude fiscal. Poco antes, un juzgado inhabilitó por prevaricación continuada a otro notable del mismo partido, José Luis Baltar, que estuvo al mando en Ourense un cuarto de siglo, aunque su castigo no tendrá consecuencias porque ya está retirado. Ambos encarnan una manera de hacer política que, para emplear una palabra que todo el mundo entiende, llamamos caciquismo. Podría pensarse, tras su estrepitosa y humillante caída, que con ellos se agota un fenómeno clave en nuestra vida pública contemporánea, ¿o no?

Estos personajes tienen mucho en común. Los dos comenzaron en la Unión de Centro Democrático, que recogió desde el poder heredado de la dictadura adhesiones locales que luego alimentaron al Partido Popular en expansión. Abogado el uno, maestro rural el otro, ascendieron y consolidaron su influencia en las Diputaciones Provinciales, centros neurálgicos en el reparto de subvenciones y servicios, en especial para los municipios pequeños. Y mostraron también un gran amor a sus respectivas familias, que nutrieron verdaderas dinastías políticas: Fabra recibió el legado de sus ancestros, entre los que es posible encontrar hasta cinco presidentes de la Diputación castellonense, pero le resultará difícil transmitirlo a su hija Andrea, que habló demasiado alto en cierto episodio parlamentario; Baltar, en cambio, consiguió dejar a su hijo tanto el liderazgo partidista como la presidencia de la institución provincial.

La caída de los viejos caciquesAmbos condenados comparten también un toque pintoresco que induce a la sonrisa cómplice: las gafas oscuras de Fabra y su insólita suerte en la lotería; la afabilidad campechana de Baltar, que se arrancaba a tocar el trombón en los actos con sus correligionarios. Pero, sobre todo, se asemejan en algo fundamental: su capacidad para levantar feudos políticos casi inexpugnables. Arrasaron elección tras elección ante la impotencia de sus rivales, internos y externos, que a veces se pasaron a sus filas. Y presumieron de hacer cientos de favores y de dar empleo a numerosos paisanos. La parentela de alcaldes y concejales populares engordó la nómina de la Diputación ourensana hasta extremos increíbles y fue una contratación masiva lo que desencadenó el proceso de Baltar. El caudillo castellonense confesó, en un párrafo memorable: “El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente, a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores (…), secretarias de no sé qué y con las oposiciones puedes meter a uno o dos ayudantes. Y toda esa gente es un voto cautivo. (…) Supone mucho poder en un Ayuntamiento, en una Diputación. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé”.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la geografía política española estaba poblada por hombres así. Los partidos gubernamentales de entonces, el Conservador y el Liberal, se componían de grandes caciques, caciques y caciquillos que manipulaban a su antojo los resortes de la Administración. Algunos acumulaban un poder semejante: sultanes en sus provincias, nada se movía en Huesca, por ejemplo, sin el consentimiento de Manuel Camo, un boticario republicano convertido en monárquico; o en Asturias sin el de los hermanos Pidal, próceres de la extrema derecha católica. El tío-tatarabuelo de Carlos Fabra, apodado Pantorrilles por su chocante atuendo huertano, controlaba su territorio con una máquina caciquil conocida como el cossi, es decir, el barreño de la ropa sucia. Todos ellos se erigían en interlocutores ineludibles para los ministerios y en artífices de las mayorías parlamentarias que respaldaban al Gobierno de turno. Ejercían como mediadores y a veces conseguían beneficios importantes para sus distritos: si el liberal Fernando León y Castillo logró que se construyera el puerto de la Luz en Canarias, el conservador Juan de la Cierva propició la creación de la Universidad de Murcia. Bienes comparables con el aeropuerto de Castellón, aunque algo más provechosos.

Sobre el caciquismo español han llovido toda clase de interpretaciones. Se ha especulado acerca de su carácter clasista, en una economía agraria y desigual; y se han querido ver en él rasgos modernizadores, como etapa inevitable en la adaptación de un débil régimen liberal a una sociedad semianalfabeta. En cualquier caso, este sistema, nada excepcional en la Europa de la época, reunía los rasgos típicos de cualquier organización política clientelar, en la que facciones y partidos no son más que clientelas estables formadas por patronos y clientes que intercambian entre sí variados recursos: los patronos proporcionan protección y trabajo a los suyos, gestionan para ellos concesiones individuales o colectivas, desde un permiso hasta una carretera; los clientes, a cambio, les garantizan su lealtad, no sólo a la hora de votar. Los vínculos personales, como los establecidos por Fabra o Baltar —que entregaba las ayudas públicas en mano—, resultaban cruciales para apuntalar la autoridad del cacique.

Clientelismo y corrupción no son equivalentes, pues hay actos corruptos e ilegales —como el pago de una mordida al concejal que otorga licencias— que no implican relación clientelar alguna; y, al contrario, deferencias con la clientela —el nombramiento de un cargo de confianza— que no incumplen la ley. Sin embargo, están íntimamente unidos, como prueban los casos citados, ya que el cacique abusa y tuerce la norma siempre que puede con el fin de favorecer a los suyos, haciendo bueno el dicho “al amigo el favor, al enemigo la ley”. Desde luego, cualquier distribución de dineros o puestos públicos basada en criterios clientelares atenta contra una asignación racional de los mismos. El reinado caciquil trae consigo despilfarros, favoritismos e injusticias; degrada la condición de los ciudadanos, sometidos al dictado de intereses bastardos, y promueve el desapego general hacia la escena política, percibida como un contubernio entre amigotes que se dividen el pastel estatal.

Los Baltar y los Fabra parecen residuos del pasado, incrustaciones de una España inculta en un país moderno. Por fortuna, la labor de los medios de comunicación —con impagables contribuciones de este mismo diario— y la profesionalidad de fiscales y jueces han comenzado a desmontar, pese a triquiñuelas legales sin cuento, sus entramados corruptos. Pero estas trayectorias delictivas son también síntomas de una transición hacia nuevas formas de clientelismo, en las que Administraciones locales faltas de control han contado con medios abundantes y donde los aparatos partidistas —y su insaciable financiación— pesan más que los tradicionales patriarcas. Los escándalos que afectan al Partido Socialista en Andalucía serían un buen indicio de ello. En realidad, el caciquismo no constituye más que una porción de la extensa red de corruptelas tejida en las últimas décadas, ese catálogo de pillerías que repasa con agudeza Justo Serna en su libro La farsa valenciana, y sólo se disolverá cuando la vigilancia legal se vea acompañada con el repudio ciudadano en las urnas.

Lejos de desaparecer, las prácticas clientelares que manejaron con destreza los viejos caciques se han adaptado a nuevas circunstancias y siguen ahí, arropadas por reivindicaciones corporativas o identitarias. En la base de esos comportamientos, que aún forman parte sustancial de la cultura política de los españoles, se halla el aceite que engrasa todo intercambio de favores: la recomendación, motor de muchas decisiones en diversas instancias. Desde una empresa pública hasta un hospital, desde las universidades hasta el Tribunal de Cuentas. Como denunció el fiscal José María Mena, la Audiencia Provincial de Castellón contribuyó a perpetuar la corrupción cuando se negó a sancionar a Fabra por tráfico de influencias, pese a haber presionado a varios ministros y altos cargos hasta obtener autorizaciones que beneficiaban a sus amigos. El tribunal argumentó que no podía “penalizar la recomendación, una práctica por lo demás habitual”. Pues de eso se trata.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.

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