La calle franquista de Rajoy

Hace unos días, el presidente del Gobierno aseguró que no sabe por qué la corporación municipal le cambió el nombre a la calle de Pontevedra donde en su tiempo vivió. Desde el año 2002 adoptó el nombre de la poeta gallega Rosalía de Castro, sustituyendo al del almirante franquista Salvador Moreno. Sin embargo, el ínclito presidente ha afirmado que él sigue refiriéndose a esa calle con el nombre del militar rebelde a la república.

Una obviedad: en un Estado de derecho, concepto este del que muchos se llenan la boca con más retórica que lealtad institucional, las leyes están para cumplirlas. Pues bien, el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la ley de memoria histórica, establece que las Administraciones públicas «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura».

La decisión del ayuntamiento de Pontevedra se adelantó a la ley. Y lo hizo de forma coherente con su finalidad: suprimir del espacio público las referencias a la ominosa dictadura del general Franco. Referencias que no pueden tener cabida en un régimen democrático como el que se inició con las elecciones del 15 de junio de 1977 y la Constitución de 1978, un patrimonio democrático de toda la ciudadanía, tan instrumentalmente invocada y loada actualmente por muchos de aquellos que en su momento la rechazaron. Y  ahora, una parte de sus herederos políticos adoptan el mismo comportamiento.

Pues bien, estas referencias a la dictadura no repugnan al presidente del Gobierno que con su cínico comentario menosprecia una ley de las Cortes Generales. Porque no parece verosímil que ignore quién era el almirante Salvador Moreno. Ministro de Marina en la dictadura franquista en dos etapas (1939-45 y 1951-57). Un militar que dirigió la rebelión militar en el arsenal de Ferrol, apoderándose del crucero Almirante Cervera que era custodiado por militares fieles al gobierno democrático de la república. Un individuo que desde el acorazado Canarias bombardeó en 1937 a la población civil de Málaga que huía de esta ciudad recién ocupada por las tropas de Franco y donde, por cierto, el entonces fiscal militar Carlos Arias Navarro (carnicerito de Málaga) campaba a sus anchas dirigiendo la represión y pidiendo numerosas penas de muerte. Aquel bombardeo desde el mar sobre la población que corría indefensa por la costa ocasionó entre 3.000 y 5.000 muertos.

No obstante estos brillantes antecedentes del personaje, el jefe del Ejecutivo dice no entender por qué el ayuntamiento de su ciudad natal decidió excluir del callejero municipal el nombre de este individuo. No está solo el empeño. En el 2003, el portavoz de su partido en el Congreso calificaba las políticas públicas de recuperación de la memoria como un «revival» de naftalina; más recientemente, en el 2013, con ocasión de la lucha de herederos de víctimas de la dictadura franquista por encontrar los restos de sus familiares enterrados en fosas comunes, su actual portavoz en la Cámara baja, un preclaro referente de la dialéctica joseantoniana, se despachaba afirmando: «Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo».

Y qué decir de las mofas a las referencias que el expresidenteRodríguez Zapatero hacía a su abuelo fusilado… Sin olvidar, por supuesto, la desaparición en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas correspondientes a financiar exhumaciones, un incumplimiento de la ley de la memoria por la vía de la inanición financiera. Cuando no, la reiterada oposición y las trabas de su grupo político a suprimir los nombres franquistas de las calles.

Que este cúmulo de obscenidades políticas sobre la guerra civil y la dictadura franquista, a 40 años de las primeras elecciones democráticas, provengan de ese espectro político de la vida política española sigue poniendo de relieve tanto la incapacidad de la derecha para asumir su pasado, como de comprender que las políticas de memoria forman parte de la calidad democrática de un país.

Marc Carrillo, Catedrático de Derecho Constitucional (UPF).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *