La calle se estremece, el Congreso se distrae

Pedro J. Ramírez (EL MUNDO, 18/07/04).

Le Congrés ne marche pas, mais il danse». La lapidaria frase que el ya octogenario Príncipe de Ligne dedicó a los representantes de las grandes potencias reunidas en Viena en 1815 para repartirse el imperio napoleónico constituye un diagnóstico bastante fiel de lo que viene sucediendo en la Comisión del 11-M. Nuestro Congreso tampoco anda, tampoco avanza en la dirección del esclarecimiento de los hechos que tiene encomendado investigar; pero también baila, dando vueltas y más vueltas en torno a cuestiones banales, con su anecdotario y su impostada pretenciosidad, con el único propósito de cubrir las apariencias antes de cumplir un guión ya escrito que concluye reprobando políticamente a Angel Acebes por no haber reconocido la autoría islámica unas horas antes de que lo hiciera y por no haber descartado, al mismo tiempo, la implicación de ETA.

Pero entre tanto, desmintiendo todas las bellas palabras de ZP, el pálpito de la calle sigue alejándose del de los salones del poder en un proceso de divorcio propio de aquella situación preconstitucional que denunciara hace 27 años el Adolfo Suárez de «puedo prometer y prometo». Los ciudadanos han escuchado esta semana, a través de sus televisores, el latigazo entre convulso y chuleta de un Rafá Zouhier empecinado en propagar a los cuatro vientos que él era un infiltrado de la Guardia Civil en la trama de la compraventa de los explosivos: «Avisé y no me han hecho caso».

Cualquiera que, con un mínimo de rigor intelectual y buena fe, coteje su verosímil aunque, lógicamente, incompleta relación de los hechos -el confidente no da un solo paso que suponga autoinculparse en el 11-M- con la incluida en el informe entregado por el nuevo Director General de la Guardia Civil al Gobierno y al juzgado, concluirá que la masacre pudo evitarse y que una de las prioridades en todos los frentes de la investigación debe ser averiguar cuál fue el tipo de «negligencia culposa» -Casimiro García-Abadillo dixit- que permitió que la dinamita llegara a los islamistas.

Si a ello le añadimos el impacto causado por la divulgación del documento del CNI sobre los manejos de Carod y Otegi, encaminados a provocar un efecto dominó para crear, a través de la implicación del PSOE -cosa que, en mi opinión, sólo sucedió a medias-, la «mayor alteración posible» de la jornada de reflexión, es lógico que un escalofrío recorra la espina dorsal de cualquier demócrata exigente. Y si a esta albarda sobre albarda le sumamos además los elementos de análisis que, como explicamos hoy, impiden descartar que ETA haya tenido alguna intervención, influencia o, al menos, conocimiento de los hechos, no es de extrañar que algunos sintamos la misma estremecida sensación de regreso a un pasado de pesadilla que debió embargar a muchos europeos cuando supieron que, mientras sus plenipotenciarios bailaban el rigodón, el Gran Corso había escapado de Elba y amenazaba con restaurar su yugo.

Vayamos por partes. La versión de la UCO, comprada sin parpadear por Gómez Arruche, el secretario de Estado Camacho y el ministro Alonso, y según la cual las confidencias de Zouhier dieron paso a «un vasto y extenso operativo policial ( ) en el que se realizaron seguimientos, vigilancias y reconocimientos de lugares ( ) sin que fuera posible obtener ningún dato o hecho objetivo que las corroborara», sencillamente no se tiene en pie.

En primer lugar, porque Zouhier identificó a los delincuentes (Toro Castro y Suárez Trashorras) y aportó el cuerpo del delito (una muestra del explosivo y uno de los detonadores). Sólo con esos datos, ni la Policía más tonta, más infradotada de medios técnicos y humanos, del país más subdesarrollado de la Tierra habría dejado de llegar durante los «meses» que, según la UCO, ocuparon sus pesquisas, a la misma Mina Conchita en la que había trabajado Trashorras y en la que -como se ha descubierto ahora en muy pocas semanas- existía una trama destinada a escamotear, ocultar y vender la dinamita.

Pero es que, en segundo lugar, la UCO tenía delante de sus narices, a su entera disposición, el sumario de la llamada Operación Pipol que, dos años antes, había incluido la detención de Toro Castro y la incautación de 100 tabletas de hachís, 16 cartuchos de Goma 2 y 97 detonadores en un garaje alquilado por él. Sólo la condición de confidentes policiales de Suárez Trashorras y el propio Toro Castro -manejado como Zouhier en la prisión de Villabona a cambio de rápidas excarcelaciones- pudo disuadir a la Guardia Civil de revisar unos antecedentes que tan claramente llevaban a lo mismo que ahora se denunciaba.

Y eso todavía era más clamoroso, en tercer lugar, en el caso de Trashorras pues, como se reconoce en el informe equivalente al de Gómez Arruche, suscrito por el aún subdirector operativo de la Policía Díaz Pintado, la Comisaría de Oviedo acababa de avisar a la de Avilés de que su minero confidente «andaba traficando con dinamita». ¿Quién puede creer que ese «vasto y extenso operativo policial» no llegara a incluir el cotejo de la información recibida con la que pudiera obrar en manos del otro cuerpo de seguridad implantado en la zona?

E incluso asumiendo ese supuesto de descoordinación extrema nos encontraríamos, en cuarto lugar, con la imposibilidad de que, de ser cierto que la UCO informó «verbalmente» de sus pesquisas a la Fiscalía de Avilés, ésta -dependiente de la de Oviedo- no hubiera relacionado la denuncia de Zouhier, tanto con la implicación de Toro en la Operación Pipol, como con la comunicación sobre Trashorras, como, muy especialmente, con la denuncia que ante esa misma institución acababa de realizar a comienzos de 2003 el abogado Carlos Tejeda en el sentido de que precisamente esos dos delincuentes estaban vendiendo dinamita a ETA.

Esta última circunstancia, relatada con todo detalle en la entrevista que dicho letrado concedió el pasado 25 de junio a Manuel Cerdán -«Nayo (otro de los detenidos junto a Toro en 2001) me dijo que la dinamita estaba a disposición de ETA y que la organización ya había colaborado con esta banda en otras operaciones de venta de armas y explosivos»- adquiere un especial relieve si la relacionamos con una de las inauditas coincidencias que hoy subraya Fernando Múgica en su nueva entrega sobre «los agujeros negros del 11-M».Fue precisamente en el mismo callejón sin salida entre el domicilio de Suárez Trashorras y su garaje donde, en la madrugada del 2 de diciembre de 2002, se produce el robo del vehículo que al día siguiente ETA hace explosionar en una plaza de Santander con 35 kilos de explosivo.

Ya entonces se publicó que la Policía daba por hecho que la carga y preparación del explosivo debió producirse en las inmediaciones del lugar del robo. Si no contaba con algún punto de apoyo en la zona, ¿qué sentido tendría que ETA se hubiera adentrado en el casco urbano de Avilés para robar un coche? Para colmo de inquietantes coincidencias, resulta que en la propia manzana en la que tuvo lugar la sustracción viven también dos de los jóvenes utilizados por Trashorras, en enero de 2003, para trasladar dinamita a los islamistas.

Junto a tan estrecha correlación entre la denuncia que surge en el seno de la propia banda de la Operación Pipol y esas circunstancias temporales y espaciales - «De entre todos los tugurios que hay en el mundo, tuvo que entrar en el mío», dice Rick cuando Ilsa llega a Casablanca; de entre todas las calles de España, ETA tuvo que ir a robar el coche a la del garaje de Trashorras- contamos también con otros elementos que, fuera de este contexto, apenas sí serían reseñables. Así, el testimonio de unos vecinos de Trashorras -transmitido a una diputada asturiana del PP- de que había un extraño trasiego de coches con matrículas vascas entorno al domicilio y al garaje; así, la revelación de Antonio Rubio -una más entre sus decisivas aportaciones al descubrimiento del caso Zouhierde que a los primeros a los que Toro ofreció la dinamita en la cárcel de Villabona fue a los etarras; así, las propias referencias de Zouhier al agente Víctor sobre los viajes de El Chino -un hombre en constante contacto telefónico con Trashorras- al País Vasco relacionados con armas y explosivos.

Y al final, la casualidad de las casualidades: prácticamente a la misma hora de aquella noche del 28 de febrero en que Trashorras supervisa en Mina Conchita la carga del Golf en el que El Chino y los cómplices de ambos trasladarán la principal partida de dinamita a la casa de Morata de Tajuña donde se prepararán las mochilas-bomba, está cruzando la frontera con Francia la caravana de la muerte conducida por los mismos dos etarras que, muy pocas semanas antes, pretendieron sembrar de mochilas-bomba el Valle de Arán. Es, pues, en la jornada del día 29 cuando se producen tanto la interceptación y detención de los etarras en Cañaveras -en un cruce de carreteras secundarias que podía llevar a Guadalajara, pero también a Madrid vía Morata- como la triple interceptación de los islamistas sin otra consecuencia que sendas multas de tráfico.

¿A dónde nos lleva todo esto? Tal vez a ningún sitio, pero son demasiadas coincidencias como para no apurar a fondo las posibilidades de profundizar en su investigación. Supongo que a estas alturas el juez Del Olmo ya habrá requerido los sumarios tanto de la Operación Pipol como del atentado de Santander, y también las diligencias de la Fiscalía de Oviedo tras la denuncia de Tejeda.El que Conde-Pumpido se implique personalmente en el seguimiento de la labor del ministerio público en el caso es, en mi opinión, una garantía de que ninguna línea de indagación será descartada por razones de comodidad política, pues, al margen de que haya podido cometer errores tan clamorosos como el nombramiento de Bermejo, el hoy Fiscal General ha dado sobradas muestras en momentos clave de anteponer la búsqueda de la verdad incluso a su propia conveniencia.

Pero junto al ámbito judicial está el parlamentario. Si la primera parte de este artículo demuestra sobradamente lo ineludible de la comparecencia de Zouhier ante la Comisión del 11-M, creo que la segunda parte prueba el enorme interés que tendría la de Trashorras.Sólo el juez podría poner impedimentos dignos de ser tenidos en cuenta. Si no lo hace y Rubalcaba se empecina en bloquearlas, Zapatero debe ser consciente de que ese baldón le acompañará mientras siga en el Gobierno, desmintiendo su discurso de renovación democrática. Además, como bien suele decir la vicepresidenta Fernández de la Vega, «todo termina por saberse», y si algún día queda acreditada la «negligencia culposa» de la UCO o, no digamos nada, una conexión lateral con ETA, muchos pensarán que el PSOE habría tratado de ocultarlo al impedir comparecer a los confidentes.

Parece mentira que una persona tan inteligente y con tan buenas antenas para captar el sonido de la calle como ZP dijera anteanoche en Toledo que los españoles ya sólo quieren acordarse del 11-M para honrar a las víctimas. De la misma manera que Aznar y los suyos no se dieron cuenta de que, manipulaciones al margen, el 13-M había en España un ansia enorme de saber la verdad de lo ocurrido, Zapatero y su equipo corren el riesgo de soslayar ahora que esa demanda sigue viva y es ya un clamor maremagno. Por otra parte, ¿qué mejor manera de honrar a las víctimas que el total esclarecimiento de los hechos?

Si EL MUNDO se opuso con todos sus resortes y energías a la intervención en Irak fue, no sólo por las mismas razones morales que siempre nos llevan a reclamar que se agoten las vías diplomáticas antes de dar paso a la acción militar, sino porque nos parecía que los gobiernos de EEUU, Gran Bretaña y España no estaban haciendo los esfuerzos necesarios para averiguar la verdad respecto a las armas de destrucción masiva y las relaciones de Sadam con Al Qaeda. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.Esa vuelve a ser, en relación a la investigación de la masacre del 11-M, nuestra única obsesión y nuestra única exigencia. Algo debemos de estar haciendo bien cuando los abotargados bufones de la bodeguilla de los GAL vuelven a distinguirnos con sus vaharadas de vitriolo.