La capitulación de la Constitución pacifista de Japón

En febrero, el Primer Ministro japonés Shinzo Abe propuso a la Dieta (o Parlamento) Nacional enmendar el Artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra como forma de solucionar disputas. Redactada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la carta magna contiene “algunas partes que no corresponden al período actual”, señaló Abe. En particular, quiere modificar la cláusula constitucional que prohíbe a Japón tener “fuerzas terrestres, aéreas y marítimas”, en un argumento que pareciera estar en abierta contradicción con la existencia de las Fuerzas de Autodefensa del país.

A primera vista, su propuesta parece profundamente impopular. Según una encuesta, cerca del 50,3% del pueblo japonés se opone a enmendar el Artículo 9, y sólo un 37,5% está a favor. Sin embargo, la buena noticia para Abe es que la oposición a su iniciativa parece no tener raíces muy profundas, a pesar de su aparente amplitud, y que a los votantes les importa menos la dirección en que gobierna el país que su decisión de dar prioridad a este tema.

Si se cambia la constitución, Abe contaría con un terreno legal más firme para sus polémicas medidas de defensa. Las nuevas cláusulas legislativas, que se presentaron el año pasado, levantan las restricciones a las fuerzas japonesas en el exterior y amplían la definición de autodefensa, incluyendo ahora la ayuda a un aliado. Al menos en la superficie, también son impopulares. Cerca de un 51% de los votantes japoneses las desaprueba, frente a un 30% que las apoya. Y, sin embargo, sólo un 38% manifiesta desear que Abe cambie de curso y las retire.

No hay duda de que muchos japoneses sienten inquietud sobre las implicaciones de los planes de Abe y les preocupa que vayan en dirección contraria a la seguridad nacional del país y su postura internacional. En particular, que aumenten las posibilidades de que Japón se vea arrastrado a un conflicto bélico y abandone el pacifismo que ha caracterizado sus décadas de posguerra.

Otro motivo de críticas es que la nueva doctrina de defensa japonesa pueda empeorar las relaciones con sus vecinos. Varios países ya han expresado su preocupación. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hong Lei, declaró que el nuevo enfoque de Japón “estaba fuera de línea con la tendencia de nuestros tiempos, que pone énfasis en la paz, el desarrollo y la cooperación”. Su contraparte del ministerio de exteriores de Corea del Sur comentó que su país “jamás toleraría” que Japón ejerza el derecho de autodefensa colectiva en la península coreana “sin la petición o el consentimiento de la República de Corea”. Y los medios estatales de Corea del Norte señalaron que las reformas de Abe tenían la intención de “allanar el camino para invadir otros países”.

Sin embargo, no toda la oposición a los planes de Abe deriva de objeciones subjetivas. En algunos casos, se centra en la legitimidad del proceso que dio origen a las leyes. Según una encuesta, un 67% de quienes respondieron desaprueba el modo en que la coalición gobernante ha impulsado las leyes en la Dieta. Hay una sensación generalizada de que el gabinete de Abe no “hizo los esfuerzos suficientes” por explicárselas al público. Al hacer caso omiso a las críticas de la mayoría del electorado, su gobierno habría deslegitimado el sistema democrático japonés.

De manera similar, cerca de un 51% de los encuestados desaprobó las leyes por motivos constitucionales, considerando que violan el Artículo 9, el mismo que Abe desea modificar. Es menos probable que estos votantes apoyen retirar esos proyectos de ley y, de hecho, puede que algunos resulten persuadidos si Abe logra enmendar la constitución.

También hay una respuesta sencilla y práctica que explica por qué es posible que quienes se oponen a las leyes acaben por no favorecer su rechazo. En Japón hay muchos que preferirían evitar un debate que cause desencuentros e impida que el gobierno no preste la debida atención a otras prioridades.

En el último trimestre de 2015 la economía japonesa se contrajo más de lo esperado y desde comienzos del año su bolsa de valores ha sufrido complicaciones. Más allá de la falta de entusiasmo que puedan sentir los japoneses hacia los proyectos de ley de Abe sobre seguridad y sus intentos por cambiar la constitución, preferirían que el asunto se relegue a un segundo plano y el gobierno se centre en lo que realmente les importa: sanear la economía y proteger los programas de seguridad social del país.

Emily S. Chen is a fellow at the Hoover Institution, a Young Leader at the Pacific Forum Center for Strategic and International Studies, and a non-resident fellow at the Center for the National Interest. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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