La carrera delictiva de Otegui

Nacido en 1958, Arnaldo Otegi –todavía «Otegui»– tenía apenas cumplidos los 21 años cuando, como miembro del comando terrorista de ETA denominado «Kalimotxo», participó en Madrid, en la calle de la Morería, en el secuestro que me privaría de libertad entre el 11 de noviembre y el 12 de diciembre de 1979. Según narró a la Policía la ciudadana francesa Françoise Marhuenda, también integrante del comando, en la acción criminal participaron asimismo Luis María Alcorta Maguregui, alias «Bigotes», y José María Ostolaza Pagoaga, alias «Barbas». Siempre según la versión de Marhuenda, se trataba del mismo comando terrorista que unos meses antes había intentado el secuestro del, como yo, entonces diputado de la UCD Gabriel Cisneros, que logró zafarse del criminal intento no sin antes recibir unos disparos que a punto estuvieron de acabar con su vida y que le produjeron graves e irreversibles heridas. En efecto, los terroristas iban convenientemente armados: Marhuenda, Otegi y Ostolaza con sendas pistolas Browning FN de calibre 9 milímetros parabellum, y Alcorta con un revólver Taurus del calibre 38. En la planificación de ambos secuestros, y como estuvo a punto de ocurrir con Cisneros, los terroristas tenían instrucciones de «ajusticiar» a sus víctimas en el caso de que durante la acción delictiva se produjera algún imprevisto.

En términos estrictos Arnaldo Otegi no posee un «curriculum vitae» digno de tal nombre. Su biografía se confunde con su historial delictivo. Perseguido sin respiro por la Justicia española desde aquellos juveniles años, refugiado clandestinamente en Francia en repetidas ocasiones, asiduo visitante de las cárceles de nuestro país como consecuencia de sus acciones directa o indirectamente relacionadas con la práctica del terror, es harto difícil descubrir en su trayectoria otra convicción que no sea la de intimidar a los ciudadanos, con amenazas de muerte si necesario fuera, para intentar conseguir los fines separatistas predicados desde las diversas tribunas del grupo terrorista ETA. Si alguna imaginería cupiera deducir de su carrera criminal sería precisamente aquella esparcida por los medios del nacionalismo vasco de la nada sutil distinción entre los que «agitan el árbol» mientras otros «recogen las nueces». Otegi ha figurado conspicuamente entre los primeros. Es patente, ahora que él y sus conmilitones se han visto obligados, por la fuerza de la justicia democrática y el admirable aguante de la ciudadanía española, a proscribir el uso de las obscenas parabellum, su deseo de integrarse, como si nada hubiera ocurrido, en el bando de los segundos, al socaire de los que como él creen haber participado en la parte justa de un «conflicto», necesitado de un «relato» en el que no haya «ni vencedores ni vencidos». Y si en el trayecto, impulsado por los nacionalistas de todo orden y condición y con el novísimo apoyo de los discípulos del bolivarismo venezolano y de los ayatolás iraníes, puede llegar a ocupar los mullidos sillones de Ajuria Enea en Vitoria, miel sobre hojuelas.

Mañana, 1 de marzo de 2016, Arnaldo Otegi abandonará la cárcel de Logroño, donde llevaba varios años recluido, tras cumplir la condena que la Justicia le había impuesto para la última, o la penúltima, de sus barrabasadas. No ha saldado con ello todas sus cuentas pendientes: está inhabilitado para ocupar ningún cargo público hasta el año 2021. Pero sus seguidores, entre los que de manera nada sorprendente se encuentran representantes aforados del separatismo catalán a los que seguramente inspira la nostalgia del terrorismo que al este del Ebro practicaron los integrantes de Terra Lliure, parecen dispuestos a recibirle en olor de multitud y reclamación de santidad, cual si de un héroe o de un mártir se tratara. Entusiastas existen incluso que, seguramente en repetición ovejuna de la consigna del momento, quisieran presentarle como el Nelson Mandela de la tierra vasca. Y, según parece, el velódromo de Anoeta en San Sebastián ya ha sido reservado para un festejo de adhesión. En lo que con razón podría considerarse como un acto de exaltación del terrorismo.

Conozco por experiencia personal y directa el grado de vesania criminal que inspira a los que practican secuestros y ello me bastaría para calificar a Otegi y a sus congéneres de irredentas muestras de la escoria que la humanidad de vez en cuando produce, sea en Auschwitz, en el Gulag o en los zulos vascongados. Pero, qué duda cabe, también los criminales tienen la opción del arrepentimiento, la posibilidad de la expiación y la correlativa expedición del perdón. Jamás Otegi ha expresado muestra de lo primero, disposición hacia lo segundo o demanda de lo tercero. De su boca nunca ha salido la más remota palabra de compasión hacia sus víctimas, de condena de las actividades terroristas, de arrepentimiento por el daño causado. Ha cumplido con los mínimos que la benévola legislación permite, pero ello no lo convierte en un ciudadano honorable. Y menos en un icono digno de admiración y alabanza. En estos confusos tiempos, en que tanto los del árbol como los de las nueces quieren imponer el difuso borrón y cuenta nueva de un impostado e interesado olvido, en el que víctimas y verdugos quedarían medidos por el mismo rasero, la dignidad de todos exige la crudeza de la verdad y la contundencia de los principios. Otegi puede recuperar la calle, pero nunca adquirir la normalidad. La democracia en sus diversos niveles institucionales no puede permitir la canonización de sus peores enemigos. Y la ciudadanía vasca y española tiene la urgente obligación de impedirlo.

Y lo de Nelson Mandela constituye un imperdonable y ofensivo sarcasmo. ¿O es que acaso, alguna vez en la historia común, han sido los vascos objeto de la discriminación racial y política a que se vio sometida por el sistema del «apartheid» la población negra de Sudáfrica? ¿Qué tiene Otegi de la grandeza compasiva y visionaria del líder sudafricano? ¿Contemplarán los sudafricanos en silencio el insulto que tal comparación supone?

Otegi tiene derecho a recuperar la calle que la Justicia le devuelve. Poco, si algo, más.

Javier Rupérez, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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