La carrera militar ha sido tradicionalmente considerada como una referencia de consistencia, transparencia y rigor. Pero en los dos últimos años aquellos presupuestos se han degradado. Hoy, en un marco de polémica general, campan la incoherencia, la turbiedad y la incertidumbre. Y tal estado de cosas no es bueno para una institución que para poder cumplir, bajo la dirección del Gobierno, las misiones asignadas en el artículo 8 de la Constitución y en el 15 de la ley orgánica de la defensa nacional, debe presentarse disciplinada, jerarquizada y unida.
Un general paracaidista ya fallecido, excelente mando, sabio y agudo como buen gallego, solía decir (medio en broma, medio en serio) que lo bueno de las «rajadas» es que unían mucho a la gente. Montado sobre esa lógica, el espectador no se espanta por la esporádica existencia de grupos de descontentos entre los militares. No recuerda, sin embargo, ni similar desagrado general ni tal desánimo y desorientación moral como los que últimamente se perciben en el seno de nuestros cuerpos de oficiales y de suboficiales por el tema de la carrera militar. Alguien, en el Ministerio, no ha digerido bien la lógica militar, confundiendo mando con administración, con el original resultado de cabrear a todos simultáneamente. Y lo todavía más pernicioso: inocular los virus del recelo y de la disgregación. Hacia arriba, cuando se censura al mando por no cumplir su supuesta función representativa (daña la jerarquización y abona el sindicalismo); horizontalmente, cuando se impugna la situación relativa de los propios compañeros de armas (ataca la cohesión); y de arriba abajo y viceversa, porque hiere la lealtad recíproca. No es el mejor clima para una profesión y un oficio donde los valores morales son esenciales. Las Fuerzas Armadas de la España del siglo XXI no se merecen esto.
Parece conveniente aclarar que, ante el creciente y fácilmente perceptible malestar en el seno militar, en abril de 2008 formulé, ante las instancias militares correspondientes, mi preocupación y mis objeciones a la manera con la que se estaba orientando la ejecución de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Propuse que se suspendiera, mediante el instrumento adecuado, la implementación de los puntos de la ley que trataban de la integración de escalas, para dar así ocasión a una reconsideración más profunda del asunto. Solicité explícitamente que se elevaran mis preocupaciones y mi propuesta (cosa que se hizo posteriormente por escrito a la nueva ministra). Un año después, en abril de 2009, reiteré lo anterior. Mis consideraciones cayeron en saco roto (obviamente, no eran obligatorias).
Por esos cambios de la política, salió del Ministerio de Defensa la muy bien amueblada cabeza de quien inicialmente concibió el proyecto de ley. El seguimiento de su aprobación y su desarrollo quedó en manos de quienes no han mostrado gran comprensión de las cuestiones militares. Déficit agravado seguramente por un asesoramiento técnico minusválido, bien por estar contaminado por la complacencia con los deseos del nivel político, bien por el menosprecio en la acogida del consejo cuando éste no se correspondía con los propósitos del asesorado. No es banal recordar que la integración de las distintas escalas de los cuerpos generales en una sola no era compromiso electoral ni había sido solicitada por los Ejércitos o la Armada. No había tampoco referencia comparativa de similar integración en otros cuerpos y carreras del Estado. Aprobada la simplificación de los escalafones militares por la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se procedió a desarrollarla según el curso que se trazaron los responsables políticos del momento, aunque de manera algo dispersa con recurrencia a remiendos que, tratando de corregir aspectos puntuales especialmente sangrantes, no enfrentaban el meollo del problema.
El indeseable estado de ánimo actual se focaliza no tanto sobre la ley como sobre su derivada principal: la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, que regula el curso de adaptación para la incorporación a la nueva escala única de los miembros de la escala de oficiales de los cuerpos generales de los dos Ejércitos y la Armada, así como de los oficiales de los cuerpos de especialistas. No parece que una operación de tan altísima trascendencia hubiera sido previamente estudiada, simulada, planificada y dotada económicamente con la intensidad requerida, para luego ser ejecutada a lo largo del tiempo. No se valoraron bien ni el gran calado de tal trasteo de escalas a «frotamiento duro» ni sus tremendas implicaciones sobre la sustancia, las convicciones profundas y los legítimos intereses y expectativas personales y profesionales de los trasteados. Tampoco concurrieron ni la suficiente actividad explicativa previa ni el imprescindible liderazgo de unos u otros.
Presenciamos, pues, un drama deslucido, con miles y miles de demandas, recursos e impugnaciones. Incluso la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha elevado un auto al Tribunal Constitucional con dos posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Los miembros de la Guardia Civil también se han llamado a parte en la queja general. La escena de la carrera militar en el teatro de la defensa es un enorme barullo que desborda su propio proscenio. A nivel político, la bulla electriza y ocasiona frecuentes confrontaciones, tanto en los medios como en sede parlamentaria, donde unos y otros, arrimando el ascua a su sardina, se acusan recíprocamente de haber hecho mal las cosas. La verdad es que, a título de ejemplo, parece un poco fuerte recurrir a la vía de una disposición adicional a una ley de acompañamiento a los presupuestos, para aprobar un aspecto tan medular -tanto en el campo militar como en el del ordenamiento educativo general- como es el reconocimiento académico equivalente al título de grado universitario por el hecho de superar un curso de adaptación cocinado en Defensa. Sería interesante conocer cuáles pueden haber sido, en el proceso de regulación orgánica de este guiso, tanto las preceptivas aportaciones del Ministerio de Educación como los propios fundamentos del correspondiente dictamen del Consejo de Estado.
Desafortunadamente, el escenario de hoy avala mis valoraciones anteriores formuladas en tiempo y forma. El proceso de integración prosigue entre un descontento general, tan nocivo, que previsiblemente necesitará varias generaciones de militares para ser asimilado. Por ello, el espectador persevera -siempre con todo respeto a las instituciones- en solicitar la suspensión, revisión y re-estudio de lo actuado, en lo que se refiere a la integración de las escalas militares. No sólo se trataría de evitar un innecesario y mayor disgusto general, sino también de prevenir que, en su caso, posibles sentencias de los tribunales obliguen a esa revisión cuando todo el daño ya esté hecho. Y entonces, cuando los responsables de ahora estén seguramente en otros afanes, ¿quién va a responder por las negativas consecuencias de haber puesto la carrera militar en almoneda? A ver si finalmente algunos aprenden a diferenciar entre política, administración y mando. No sé por qué me viene a la memoria aquello que Josep Pla en su obra «El advenimiento de la República» atribuye a Azaña: «... de la política lo que me interesa es mandar».
Pedro Pitarch, Teniente General.