La casa de tócame roque

Socialistas y populares han unido fuerzas la semana pasada y sacado adelante la única reforma significativa de la Constitución desde que se inició la democracia. La decisión, incoada sobre la marcha por el presidente del Gobierno, y bendecida por un Congreso expirante en la acepción cronológica y también moral de la palabra —las elecciones del 22-M pusieron de manifiesto que España desea un cambio político profundo—, es grave por tres conceptos. Porque las reformas de la Carta Magna siempre lo son, porque no ha habido ocasión de abrir un debate público de verdad y porque la medida se ha adoptado contra la voluntad de algunas minorías y sin el respaldo franco de los propios socialistas. Sería de esperar, en consecuencia, que existieran razones urgentes, es más, urgentísimas, para el repelón constitucional. El argumento dominante, aunque no enteramente explícito, es que España precisaba acudir a este expediente extraordinario con el fin de evitar una suspensión de pagos. Se ha sugerido una conminación del BCE, u otro cualquiera de los alias bajo los que se oculta una autoridad europea cuya domiciliación es cada día más problemática. Invirtiendo los factores, y poniendo el fuero antes que el huevo, los que objetan la reforma han afirmado que España sigue siendo un país soberano y que es escandaloso que subordinemos nuestro futuro a lo que determinen instancias foráneas. Lo procedente, a tenor de esto, sería convocar un referéndum y esperar a que los ciudadanos dicten sentencia. No me gusta la idea del referéndum, por los motivos que a continuación diré. Pero estimo, con los objetores, que la decisión de echarle un remiendo a la Constitución resulta ser, a la luz de lo que sabemos, innecesaria, y por lo mismo, disputable. Vayamos por partes.

¿Por qué no sería bueno el referéndum? Porque envolvería riesgos gigantescos. Para empezar, se estaría dividiendo al país con ocasión de una iniciativa que no va a significar nada en el orden material. En segundo lugar, la división provocaría la emergencia, por el costado izquierdo, de una realidad política improvisada y letal para el PSOE, cuyo rendimiento deja mucho que desear pero que continúa siendo una de las dos patas sobre las que se tiene en pie el sistema. Lo prudente, comparando beneficios y costes, es no hacer cocos al diablo con consultas extemporáneas. Ello nos devuelve al punto de partida: la reforma a pelo y su presunta obligatoriedad.

En rigor, no existen evidencias de que se nos haya exigido reformar la Constitución para calmar a los mercados o para que el BCE persista en comprar deuda pública. Lo que se nos ha pedido, es que contengamos el gasto, que no es lo mismo. Sobre el papel, se aprecia una incongruencia aparatosa entre el plazo en que se hará efectivo el mandato constitucional —2020— y los miedos, reservas y prisas de nuestros acreedores. Es cierto que Merkel y Sarkozy han especulado sobre la oportunidad de que los países de la Unión equilibren constitucionalmente el Presupuesto. Ahora bien, los pensamientos en voz alta de Merkel y Sarkozy no son, todavía, órdenes. Con seguridad, los mercados nos habrían agradecido infinitamente más una reforma laboral seria, cosa a la que Zapatero, unido hipostáticamente a los sindicatos, se ha resistido con una tenacidad rayana en el heroísmo. Queda la reflexión de que jamás nos avendríamos a controlar el gasto, si no nos forzáramos a ello a través de un artículo específico de la Constitución. Es el razonamiento al que se asió Felipe González en un escrito reciente —«Debates confusos», El País, 30-8-2011—. El texto está redactado con notable incomodidad, et pour cause. Las ortopedias constitucionales son estériles si no van acompañadas de la voluntad de aplicarlas, según demuestra, elocuentemente, el curso de las cosas españolas. No es tarde para recordar que la legalización del matrimonio homosexual desnaturaliza palmariamente el artículo 32.1 de la Constitución, o que el Alto Tribunal hubo de realizar una interpretación surrealista del Estatuto de Cataluña para fingir que no entraba en colisión frontal con nuestra Ley de Leyes. A estas alturas, ignoramos qué abraza, o qué escupe hacia fuera, el perímetro constitucional. La parsimonia en el manejo de las cuentas públicas habría podido impulsarse perfectamente por medio de una ley orgánica. Es pertinente agregar, a estas consideraciones, que la propia doctrina económica que subyace a la reforma es contenciosa. Christine Lagarde, presidenta del FMI, acaba de afirmar que el rigor fiscal, aunque saludable, debe administrarse con tiento y que no conviene por igual a todos los países. Prefiero, no obstante, dejar la economía a un lado, primero porque no soy economista, y segundo, porque la economía inspira una devoción perfectamente descriptible a nuestra clase política. Me preocupa más el siguiente escenario: imaginemos que el PSOE naufraga calamitosamente en las generales, que se apoderan del partido equipos por completo nuevos, y que dentro de unos meses, cuando corresponda aprobar la Ley Orgánica que confiere contenido a la reforma, los socialistas, poniendo pequeños reparos, y sobre todo, dándole una alegría al cuerpo, optan por no apoyar el cambio constitucional que ellos mismos han promovido. El caso entraría en lo inaudito, por decirlo suavemente. Pero resultaría precipitado descartarlo, máxime porque la Ley Orgánica, al exigir solo, para superar el listón, la mitad más uno de los votos en la Cámara Baja, sería atribuida al partido con mayoría parlamentaria por esas calendas. Es decir, el PP, ganador de las elecciones del próximo noviembre salvo sorpresa mayúscula. En resumen: cristalizar constitucionalmente lo que es opinable y no reposa sobre un consenso suficiente (cambiante, y está traído por los pelos) es empezar la casa por el tejado. ¿Por qué se ha hecho entonces lo que se ha hecho?

Es un error suponer que los grandes acontecimientos obedecen por fuerza a grandes causas. En ocasiones, los grandes acontecimientos responden a causas triviales. En una información publicada en El País el 28 de agosto, Aizpeolea, beneficiario de las confidencias del presidente, hacía encaje de bolillos para explicar el intríngulis de la reforma. Lo que se deducía del artículo es que a Zapatero se le ha antojado de mucho efecto la idea de rebasar a la ultraortodoxos europeos por el lado de la ultraortodoxia. El hombre que ha devuelto cuatrocientos euros a cada contribuyente, que ha vertido el óbolo público sobre los ciudadanos engendradores, el mismo que ha afirmado que la economía debía hallarse al servicio de la política, y no al revés, se habría perfilado ante el espejo, cerrado el puño, y contemplado a sí mismo, en un vis-à-visdramático con las generaciones futuras, como el Ahorrador por excelencia. El lector puede completar la escena pintándose, al fondo y reflejada en el espejo, a la pareja Merkel/Sarkozy. Los dos aprueban, sonríen, y aplauden.
La historia es ridícula, pero no excluyo que responda, en un cincuenta por ciento al menos, a la verdad. La lógica de Zapatero es irregular: consiste en una serie de instantáneas o flashes, ligados entre sí por consonancia tenues y por lo común ripiosas. ¿Y Rajoy? El líder popular se enfrentaba a una situación delicada. La propuesta, como he dicho, tendrá un impacto próximo a cero sobre los mercados. Pero bloquearla, una vez hecha, habría impresionado a éstos negativamente. Así que era cuestión de elegir entre cero y menos cero. Cediendo a su tendencia a no complicarse la vida, Rajoy ha preferido ignorar las consideraciones políticas de fondo y se ha dado a partido. Aparte de esto, estaba comprometido por la consigna de rigor presupuestario que se viene defendiendo en Génova y, ¡qué diablos!, a nadie le amarga un dulce. La iniciativa de reforma parte por el eje a Rubalcaba, rebaja aún más las pobres expectativas socialistas, y aumenta de modo automático la posibilidad de una mayoría absoluta del PP. Así seguimos los españoles. En la casa de tócame Roque, el que llega a su hora se queda sin cenar.

Por Álvaro Delgado-Gal, escritor.

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