La Catalunya imaginaria

Entre todas las reacciones que está suscitando la sentencia del TC sobre el Estatut, la más surrealista es la declaración del abad de Montserrat: “Hay que decir que la sentencia no respeta todos los derechos que el Magisterio de la Iglesia reconoce a los pueblos que son una nación”. Caramba, caramba, con el Magisterio de la Iglesia: antes, por lo menos, esperaban a la publicación de un texto para criticarlo. La clase política ha bajado de nivel, los teólogos parece que también.

Pero el movimiento nacional ya está en marcha. Algunos alcaldes se han declarado “moralmente excluidos de la Constitución” pero sin dimitir, como sería lógico, de sus cargos. Los rectores y rectoras de universidad se han puesto una vez más al servicio incondicional del poder político, como en aquellos viejos tiempos de los gobernadores civiles del Régimen. La manifestación ya está convocada: se sabe el día, el lugar y la hora, pero no el lema, ni la bandera, ni quién la encabezará, especialmente dónde estará situado el president de la Generalitat. La confusión es, pues, notable y el espectáculo deprimente. ¿Unidad? Si no existe entre los mismos convocantes, ¿con qué autoridad pueden pedir unidad a los ciudadanos?

Los socialistas catalanes están atrapados en la propia red que han ido tendiendo. Ciertamente han caído en muchas trampas desde que empezó todo eso, pero esta puede ser la definitiva. Todo eso empezó cuando el PSC de Maragall pactó con ERC, a principios del 2001, la reforma del Estatut, con el fin de aliarse con los republicanos y desbancar a CiU de la Generalitat. Eso sucedió a finales del 2003 y fue entonces cuando se emprendió una insensata carrera para aprobar un nuevo Estatut. Quien ha salido ganando en todo ello es ERC, la fuerza política más inteligente de estos últimos años: ha alterado el mapa político catalán, especialmente haciendo escorar al PSC, a IC y a buena parte de la opinión pública, hacia un extremismo que antes no existía. El Estatut ha sido, desde el primer momento, un mero instrumento de las fuerzas políticas con objetivos exclusivamente partidistas, no una finalidad para mejorar el sistema de gobierno de Catalunya.

Así sucede también ahora: la sentencia es un mero instrumento. La deslegitimación del TC empezó hace un año: cuando vieron claro que la sentencia podía ser negativa, todos empezaron a hacer cálculos electorales. Ante el vértigo de que los partidos que apoyaron al Estatut fueran considerados culpables de su inconstitucionalidad, comenzó la deslegitimación del TC con argumentos insostenibles: desde que el Estatut es un pacto político no susceptible de control jurisdiccional hasta que el Tribunal es incompetente porque no han sido renovados sus miembros. Montilla ha impulsado todas estas inconsistencias en un intento desesperado de evitar un descalabro socialista en las próximas elecciones. Ahora se halla ante el dilema de encabezar una manifestación por el “derecho a decidir” – un sinónimo del derecho a la autodeterminación-o faltar a la palabra dada en su imprudente y demagógica alocución al conocerse el fallo de la sentencia. Cuando uno abandona sus principios y pretende aparentar que se está de acuerdo con los principios contrarios a fin de mantenerse en el poder, es natural y merecido que le sucedan cosas como estas.

Tras el fallo de la sentencia – recordemos que todavía no conocemos sus fundamentos y, por tanto, buena parte de su significado-,en la Catalunya oficial es opinión común afirmar que se ha roto el pacto constitucional. Dando por bueno que ese supuesto pacto es el que está estipulado en la Constitución, dicha opinión no puede estar peor fundada, en especial porque quienes la mantienen son, precisamente, aquellos que basan la pretendida ilegitimidad de la sentencia en el argumento de que el Estatut fue aprobado en referéndum y el tribunal no puede declarar nula una ley de esa naturaleza. En realidad, la Constitución dice expresamente lo contrario: todas las normas y todos los poderes están sujetos a la Constitución. Y añade que para garantizar que ello sea así están los controles judiciales y, en el caso de las leyes – y el Estatut es una ley-,el único órgano adecuado para ejercer este control es el TC. Por tanto, quienes rompen el pacto constitucional materializado en la Constitución son, precisamente, aquellos que sostienen la ilegitimidad de la sentencia.

Lo más peligroso de la situación es el deterioro del Estado de derecho. El presidente de Murcia ya ha dicho que no aplicará la ley del aborto. Empiezan unos y siguen los demás. Afortunadamente los ciudadanos son más sensatos que sus gobernantes. No crean quienes no viven en Catalunya que aquí se está masivamente en estado de guerra contra la sentencia. Sólo en la Catalunya imaginaria sucede eso. Como es natural la gente está preocupada por otros problemas que les atañen más de cerca y que los políticos no les resuelven. La desafección de la política no es culpa del TC ni de la Constitución, sino de estos políticos, los mismos que estarán en la manifestación del sábado. Pero el asunto no es grave: estamos en julio, el calor aprieta y tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.