La ciencia en España como problema

No hace mucho concluyó la prolongada parálisis legislativa que, inevitablemente, ha retrasado la puesta en marcha de posibles soluciones a los problemas del país. Como representantes de tres sociedades científicas españolas queremos referirnos aquí a uno de ellos, ya enquistado y que nos concierne a todos: el de la ciencia en España. Lo haremos desde la más completa independencia: nuestras sociedades no tienen ánimo de lucro, se nutren exclusivamente de las cuotas de sus miembros y, en ellas, ningún cargo recibe remuneración alguna.

Una causa escondida que contribuye al escaso apoyo que la ciencia tiene en España es el bajo lugar que ocupa en la estima de los ciudadanos. Es verdad que científicos y docentes están muy bien considerados en las encuestas de aprecio social, pero eso no refleja la realidad. La actividad científica es poco conocida y no importa gran cosa, quizá porque es más difícil valorar lo que no se comprende del todo. Como consecuencia, el apoyo de la ciudadanía a la ciencia es más retórico que real y, al considerar erróneamente que no afecta a su vida diaria, no figura entre sus preocupaciones ni demandas. Por supuesto, estamos atravesando tiempos difíciles y existen necesidades urgentes que no se pueden ignorar; somos muy conscientes de ello. Pero no es menos cierto que los países que más invierten en ciencia superan antes las crisis y están mejor preparados cuando se presentan.

Una segunda razón es el desconocimiento del proceder de la ciencia. Sus aplicaciones más espectaculares surgen de investigaciones motivadas por la curiosidad del científico y cuyo objetivo es el progreso del conocimiento, no la búsqueda inmediata de utilidad práctica. Sin embargo, es común la idea de que la investigación debe producir enseguida resultados rentables. Einstein ironizó sobre ella: “Algunos prefirieren cortar madera, porque en ese campo los resultados son inmediatos”. Pues, cuando se abordan problemas sólo por sus objetivos prácticos, es seguro que se obtienen… astillas. Por supuesto, todos los avances son útiles y muy necesarios, pero minusvalorar la investigación fundamental dificulta la aparición de aplicaciones de verdadera importancia, casi siempre imprevistas, que impulsen decisivamente la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Las matemáticas están en la base de las sociedades modernas; los avances de la medicina no serían posibles sin la investigación básica en biología y química; la física cuántica, una curiosidad en los albores del siglo XX, es hoy la base de buena parte de la tecnología actual y lo será aún más de la futura.

La postura que critica Einstein no es inocua y tiene consecuencias insospechadas. Aunque pueda parecer otra cosa, es la que subyace en la decisión de adscribir la investigación al ampliado Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y, en él, reducirla a una de las tres secretarías de Estado del Mineico: la de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ésta se enfrenta a la insoluble dificultad de administrar fondos a todas luces insuficientes que perjudican por igual a la investigación aplicada, a la orientada y a la fundamental. Éstas son las cifras de la I+D española para 2016 según los Presupuestos Generales del Estado, Política de Gasto PG46: 2.675 millones de euros para operaciones no financieras y 3.754 millones para las financieras (es decir, préstamos que hay que devolver). La primeras han crecido un 11,21% respecto de 2015, y las segundas han bajado el 6,16%. Obvio es decir que las no financieras son especialmente importantes, pues con esos fondos se financian principalmente las ayudas a proyectos de investigación, los salarios de los investigadores, las cuotas de España a organismos internacionales y el funcionamiento de los organismos e infraestructuras de investigación, incluida la construcción de otras nuevas. Pero incluso esas cifras, extraordinariamente reducidas si se comparan con las de nuestro entorno desarrollado, pueden además ser engañosas, pues no reflejan los altos porcentajes finalmente no utilizados; por ejemplo, en 2011 no se ejecutó un 11% de los gastos no financieros y un 54% de los financieros.

Albergábamos alguna esperanza de que, en esta duodécima legislatura, la ciencia recuperase el rango ministerial que casi siempre tuvo. En el nº 34 de la madrileña calle de Alcalá aún se lee Ministerio de Educación y Ciencia; hoy es la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), pero no de Ciencia. Cabría argumentar que, al fin y al cabo, lo importante son las cantidades asignadas a la I+D y que lo de menos es el organismo que las gestiona. Pero eso sería engañarse: como siempre, los nombres delatan pensamiento e intención, y ambos conducen de forma inexorable a la infrafinanciación de la I+D. ¿Acaso no tiene consecuencias presupuestarias que el mayor organismo público de investigación (OPI) del país, el CSIC, dependa del Mineico y no de un ministerio cuyo nombre incluya la palabra Ciencia? Hay, además, otro argumento en favor de un Ministerio de Educación y Ciencia: la ciencia está también vinculada a las universidades -entre cuyos fines está “crear ciencia y transmitirla”- y, salvo que se creara un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí estaría su sitio. Sea como fuere, y sin prejuzgar los Presupuestos de 2017 que se han de discutir, nos parece necesario un incremento sustancial en el capítulo de I+D para que se vaya aproximando al 2% de PIB en 2020 (no es mucho: el objetivo de la UE ya es llegar al 3%).

En 2014, último año del que el INE ha dado su estimación estadística, la I+D sólo representó el 1,23% del PIB español; el máximo de 1,35%, poco más, se alcanzó en 2009. Por otra parte, la eficiencia requiere una mayor y mejor coordinación entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas, las universidades, los OPIs y las Unidades de I+D empresariales. Es imprescindible establecer una estrategia investigadora (también universitaria) de ámbito estatal que, por ahora, brilla por su ausencia. La reciente Agencia Estatal de Investigación puede tener aquí un gran papel… si no queda en papel mojado.

Otro problema que dificulta el progreso científico en nuestro país es la insufrible burocracia y sus múltiples y paralizantes requisitos (como la fiscalización previa), incompatibles con un entorno tan dinámico e internacional como es la I+D. Y, por supuesto, es preciso mejorar la ineficiente gestión de los recursos humanos, especialmente en el periodo postdoctoral. Toda carrera puramente investigadora o universitaria debe iniciarse con una estancia postdoctoral en otro centro, especialmente en el extranjero, para lo que debe haber oportunidades suficientes. Pero los investigadores que han salido al exterior para mejorar su formación no deben encontrar tantas dificultades para reincorporarse a las instituciones españolas: no sólo es injusto ante el esfuerzo realizado sino que, económicamente, constituye un enorme despilfarro para España y un magnífico regalo para los países que los acogen. Debe haber post-docs y visitantes en el extranjero, sí, pero no expatriados forzosos, que es muy distinto.

Los actuales sistemas de contratación, muchas veces basados en baremos nefastos que menosprecian los logros y el conocimiento en favor de aspectos secundarios, la tendencia a eliminar la competencia exterior determinando la composición de las comisiones juzgadoras o hasta imponiendo requisitos lingüísticos previos, la inclinación a dificultar la llegada de talento extranjero, son elementos que no sólo perjudican a los mejores candidatos sino que empobrecen nuestras instituciones, consolidando la endogamia. Estas políticas producen pérdidas difíciles de cuantificar en euros, pero existen y son enormes.

Como se ha repetido tantas veces, son necesarios Pactos de Estado en asuntos cruciales y, en particular, en Educación y en Ciencia, bases del futuro de cualquier país. Creemos que pueden alcanzarse si los problemas se afrontan desde la adecuada perspectiva, es decir, si se reconoce que los verdaderos destinatarios del esfuerzo económico que realiza la sociedad española con sus impuestos son los miembros de esa misma sociedad a la que, por su parte, también se deben OPIs y universidades. Los partidos políticos tienen la responsabilidad ineludible de alcanzar ese Pacto de Estado. Para ello, toda información es poca, por lo que sería útil la creación en el Congreso de una Comisión Asesora para la Ciencia formada por científicos -no por políticos- al estilo de la Scientific Foresight Service (Servicio de Previsión Científica) que asesora al Parlamento Europeo de las distintas tendencias científico-tecnológicas. Con este comentario concluimos; como presidentes de tres sociedades científicas más que centenarias y que tanto contribuyeron en su día al despegue de la ciencia moderna en España, creemos estar legitimados para hacer públicas estas consideraciones.

J. A. de Azcárraga, J. Jiménez-Barbero y F. Marcellán. Son, respectivamente, presidentes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y Real Sociedad Matemática Española (RSME).

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