La cigarra española y la hormiguita vasca

En un reciente artículo exponía el profesor Ibarretxe su teoría sobre los evidentes beneficios que comporta la autogestión regionalizada de los recursos públicos con respecto a su heterogestión estatal. La gestión de los recursos al nivel en que se generan (que en su caso es el País Vasco) crearía, según él, una “cultura de la autorresponsabilidad”, que haría que la sociedad se esforzase en hacer una óptima gestión, al saber que nadie les sacaría las castañas del fuego si las cosas van mal. En cambio, la gestión estatal de los recursos desanima el esfuerzo individual y social porque genera una cultura de la dependencia, la de que siempre habrá un Gobierno que me ayudará.

Este tipo de teorías dejan siempre en el lector un regusto de insatisfacción, porque no explican exactamente por qué la gestión a un concreto nivel (que coincide siempre curiosamente con el que el nacionalismo del autor ha establecido de antemano como preferente) es “auto” y a otro nivel es “hetero”. El de Ibarretxe es un discurso que remite a una petición de principio, y ello se debe a que, en el fondo, no es una explicación, sino una fábula moral. En concreto, no es sino una versión cientifista de la fábula de la cigarra y la hormiga trasladada a la piel de toro.

La cigarra es España, un Estado que —dice— reparte sus recursos “a través de tarjetas black” y que ha logrado ser actualmente uno de los más desiguales e injustos de la Unión Europea, sin duda por la rapacidad de sus clases dirigentes. La hormiguita es el País Vasco, que ha creado una cultura de la solidaridad y el igualitarismo precisamente porque dependía de su esfuerzo solitario y porque tenía al frente de su Gobierno a unos modélicos administradores.

Bien, pero, ¿por qué unos pueblos son hormiguitas y por qué otros son cigarras? Ibarretxe lo descubrió hace ya años, cuando formuló su ley del funcionamiento de las sociedades: “los pueblos con identidad tienen propensión a hacer las cosas bien”. Y los vascos tenemos identidad a raudales, como sabe cualquiera, mientras que los españoles, bueno, lo siento, tienen una mediocre identidad.

Probablemente, Acemoglu y Robinson (“Why nations fail”) hubieran querido profundizar un poco más en esta “explicación identitaria del progreso de las naciones” y hubieran indagado si existen arreglos institucionales a través de los cuales se ejercita esa etérea identidad. Y hubieran averiguado pronto que sí; que las relaciones fiscales y financieras entre el País Vasco y España se organizan en torno a un sistema peculiar y único, distinto del sistema común, que es el sistema foral. Su justificación es tan borrosa como lo de la “identidad”, porque apela a “los derechos históricos”, pero Acemoglou y Robinson no se hubieran parado en ello sino que hubieran dicho: bien, sea cual sea su justificación dogmática, ¿qué efectos sociales y económicos perceptibles tiene esta institución sobre el funcionamiento de esa sociedad? Porque si los tiene, probablemente ahí estará al final la identidad de la hormiguita.

Todos los hacendistas, todos los balancistas fiscales y todos los investigadores de cuentas públicas españoles, catalanes o vascos les dirían al unísono: sí, el sistema foral de financiación hace que, para unos mismos servicios, las Administraciones vascas cuenten con unos recursos públicos disparadamente superiores a los de las demás Administraciones españolas. En concreto, su sobrefinanciación es entre el 80% y el 100% de la media española. Los vascos disponen de entre 1,8 y 2 euros para dar servicios públicos, allí donde los españoles disponen de 1 euro. Notable diferencia, vive Dios, dirían nuestros investigadores, pero ¿por qué se produce?

Bien: básicamente, y según las cuentas agregadas, porque el País Vasco, a pesar de ser una de las regiones más ricas de España, no aporta lo que le correspondería a la solidaridad interterritorial con las regiones de menor renta, sino que es receptora neta de financiación. Según la recta de regresión le correspondería aportar un 8% de su PIB, pero en lugar de ello recibe un 1%. ¿Y eso es mucho? Pues verán, para poder comparar, España recibió de Europa una transferencia anual de fondos cohesivos de alrededor del 0,8% de su PIB desde 1990 hasta 2005. Y se notó, vaya si se notó. Pues Euskadi se beneficia de un 8% de su PIB desde 1980 aproximadamente, de manera acumulativa. Calculen. Acemoglou y Robinson concluirían raudos: esa no es sino una “institución extractiva” en manos de un subsector social del Estado, definido por estirpe territorial.

O sea, dirían también nuestros investigadores identitariamente agnósticos, que cuando Ibarretxe presume de que el País Vasco ha puesto en marcha un sistema universal de garantía de ingresos para toda su población, incluidos los inmigrantes extranjeros, de hecho, ese sistema se basa precisamente en los recursos que le proporciona el no ser solidario con las otras regiones españolas. En otras palabras, que los vascos son supersolidarios con sus ciudadanos pobres gracias a que no dan ni medio euro para la solidaridad con los extremeños, andaluces y demás pobres españoles.

Pues sí, habría que decirles, lo que pasa es que los vascos practicamos una solidaridad bien entendida, es decir, sólo con nosotros, las hormiguitas. Las cigarras, que se las arreglen solas. ¿O no era así la moraleja de la fábula?

José María Ruiz Soroa es abogado.

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