Los españoles, según acreditan todas las encuestas, desaprueban mayoritariamente la conducta y el trabajo de nuestros políticos hasta el punto de que la clase política ha pasado a ser uno de los problemas, junto al paro y las expectativas de nuestro futuro económico, que más inquietud despierta entre nuestra ciudadanía. Ello, a su vez, está desgastando a nuestra reciente democracia y, sobre todo, está produciendo desaliento y desconfianza en el conjunto de la sociedad.
El tema es muy grave porque la democracia requiere de la existencia de partidos políticos que compitan por el poder y exige que una denominada clase política se encuentre al frente de los destinos del país.
¿Qué hacer entonces? ¿Cómo debemos abordar y tratar de encauzar la situación? Antes de nada, permítaseme formular dos precisiones:
1º En la vida no se puede ni se debe generalizar sin más. Junto a políticos ciertamente detestables, conocemos, asimismo, otros políticos perfectamente honestos y responsables.
2º En todos los países democráticos, por desgracia, existen casos de corrupción y se suele manifestar cierta desconfianza hacia la clase política por la sospecha de que demasiadas veces los políticos ponen sus intereses personales por encima de los de la nación.
Pero el caso español presenta unas características que son propias, en estos momentos, de nuestro país y que no están tan extendidas en otras democracias de nuestro entorno.
El régimen partitocrático que es característico de la democracia española actual está levantando una barrera insalvable entre representantes y representados y favoreciendo, a su vez, el que el poder político de los partidos invada de forma creciente esferas que son propias de la sociedad. Me explico.
En España no estamos, en realidad, eligiendo a nuestros representantes políticos sino tan solo una lista electoral elaborada en los cuarteles generales de cada formación política, de tal forma que la mayoría del cuerpo electoral acaba aupando al poder a personas que desconocen y con las que no tienen el menor enlace afectivo ni emocional. A su vez, los políticos así elegidos, como es natural, prescinden olímpicamente durante su mandato de aquellos a los que dicen representar porque de lo que se trata, en realidad, es de complacer y secundar al líder de su partido que es, en definitiva, quien le ha elegido y refrendado. Todo ello acaba por debilitar la calidad y el prestigio de nuestros parlamentarios y, otro tanto se podría decir de nuestros diputados autonómicos y de nuestros concejales. Así, la categoría y la independencia de nuestros políticos va decreciendo y personas que en cualquier empresa de nuestro país no pasarían de un puesto auxiliar o muy subordinado pueden incluso obtener una cartera ministerial siendo su principal mérito la docilidad o formar parte del clan. De esta manera es imposible que aumente, o al menos se sostenga, el prestigio de nuestros políticos. Si, además, de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, aparecen en los medios de comunicación casos de corrupción y pillaje por parte de miembros de los más importantes partidos nacionales, tenemos ya el conjunto de circunstancias precisas para que los ciudadanos vuelvan la espalda a los políticos, se generalice la descalificación mientras nos hundimos en la desconfianza y el fatalismo. De todo lo cual se infiere que así no podemos seguir si verdaderamente queremos consolidar nuestra democracia, que aún requiere en España mucha atención y mucho mimo.
El problema no son las personas tan solo, lo malo es el sistema y su funcionamiento. Incautos y desaprensivos los hay en todas las profesiones y en todas las actividades, pero lo que hay que corregir con urgencia es el actual sistema de representación política que resulta inadecuado para las necesidades de la hora actual. Con este sistema se seguirá expulsando a los mejores para instalarse en la medianía cuando no en permitir que determinados pillos y arribistas se aprovechen de la situación.
En estas condiciones, cada vez abundarán más los que pretendan vivir a costa de la política para acabar configurándose una casta política cerrada que defenderá con uñas y dientes los privilegios y canonjías alcanzados. Nada que ver con aquellos profesionales destacados de la sociedad civil que poblaron los escaños de nuestra incipiente democracia de los años 70.
¿Cómo podríamos, entonces, poner remedio a tan triste y preocupante situación? Vayan, pues, estas últimas líneas en forma telegráfica para proponer una serie de medidas que someto a debate y discusión y para las que, obviamente, necesitaría mayor espacio y extensión del que, en esta ocasión, dispongo.
1.- Sería conveniente establecer, a mi juicio, un sistema electoral mayoritario de doble vuelta (a la francesa), con distritos más pequeños (distritos judiciales o similares) que posibiliten la elección directa de los representantes por parte de los electores. Campañas electorales más personales y menos fastuosas. Gastos electorales más reducidos. Se debieran incentivar las donaciones de particulares reduciendo la financiación pública de los partidos. El candidato respondería, así, ante su electorado y no dependería del favor o designación del aparato del partido. Un congruente sistema de primarias sería lógica consecuencia de este proceso. Todo ello debiera abrir la posibilidad de que aparecieran candidatos independientes avalados y sostenidos por un grupo de electores.
2.- Habría que articular, al mismo tiempo, una política inteligente de incompatibilidades que sirviera para incentivar la participación de relevantes profesionales de la economía, el derecho, la medicina y las ingenierías en un momento determinado en que su participación pudiera ser apetecida por el candidato o requerida por las circunstancias y que, en consecuencia, favoreciera la entrada y salida de la vida política con más facilidad y normalidad.
3.- Sería, tal vez, prudente afianzar la legislación adecuada que permitiera exigir a los políticos responsabilidad en el manejo de los caudales públicos. No es posible que un político hiperactivo y manirroto deje, por ejemplo, un ayuntamiento endeudado hasta el fin de los siglos ni que una obra pública que en su día se adjudicó por un valor cerrado acabe costando al erario público cinco, seis y hasta diez veces más del precio pactado sin causa real que lo justifique. Al final, son los propios ciudadanos, a través de tasas e impuestos crecientes, y no los políticos causantes del despilfarro injustificado, quienes tienen que soportar los desvaríos e incompetencias de quienes les gobiernan. No basta, pues, la sanción política, si es que llega. No estaría mal que sufrieran, también, una sanción económica. Así se lo pensarían dos veces antes de incurrir en déficits y gastos intolerables.
Con esta sencilla reflexión pretendo tan solo, como antes señalaba, abrir un debate en la opinión pública para tratar de contribuir a frenar el deterioro de nuestra clase política porque, ahora más que nunca en la presente coyuntura, necesitamos de unos políticos capaces y decididamente honestos.
Ignacio Camuñas Solís, presidente del Foro de la Sociedad Civil.