La clave es la productividad

Estos últimos años, el debate en España se ha centrado en las medidas para salir de la crisis económica y social que surgió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. Sin embargo, el país ha padecido un retraso en términos de empleo y bienestar que tiene raíces profundas y se inició mucho antes de la actual crisis.

La economía española tiende a generar menos empleos que otras economías europeas. Si se considera un ciclo completo —que incluye la fase expansiva y la de recesión—, la tasa de crecimiento del empleo es tres veces inferior a la de países como Alemania, Austria o Francia. De hecho, en el momento de mayor crecimiento, la tasa de paro se situó alrededor del 8%, una cifra que muchas economías europeas considerarían un problema grave. Además, los puestos de trabajo han sido cada vez más precarios. Ya antes de la crisis, la tasa de temporalidad era la más alta de la Unión Europea. Más de un 22% de los trabajadores son pobres según los criterios de la Unión Europea, seis puntos más que la media de la zona euro.

Como consecuencia, cada español dispone de una renta un 30% inferior a la media de los países europeos más avanzados y esa brecha, lejos de cerrarse, se ha ampliado desde la creación del Euro.

Esta situación se debe al modelo productivo sobre el que ha descansado el desarrollo económico y social. Durante las últimas tres décadas, la economía española se ha especializado en actividades que no permiten el pleno aprovechamiento del talento disponible.

El desarrollo turístico, con un fuerte componente estacional, no ha permitido aumentar el valor del potencial cultural del que dispone el país. La industria se ha ido insertando, a veces con gran éxito, en la economía mundial. Pero en algunos casos el peso de la de subcontratación limita los beneficios de la globalización. La construcción se ha beneficiado de años de intenso crecimiento sin que mejorara de forma equivalente la calidad del producto. Y, salvo excepciones de empresas que se han convertido en punteras a nivel mundial, la crisis no permite augurar un cambio significativo hacia un tejido empresarial más competitivo. La Administración pública se ha empezado a digitalizar pero no lo suficiente como para que los ciudadanos y las empresas dispongan de un servicio a la altura de sus expectativas.

Todo ello ha repercutido, primero, en el débil aumento de la productividad. Un trabajador español genera en torno a 61.000 euros de producción anual, es decir, un 25% menos que en los países europeos más avanzados. Debería preocupar que, en los últimos 15 años, la productividad se haya estancado mientras seguía creciendo en Alemania y Francia, por ejemplo.

Un débil crecimiento de la productividad limita el espacio para aumentar los salarios, el empleo estable y la inversión productiva. La remuneración media por hora trabajada está un 30% por debajo de los países europeos más productivos. Y el diferencial se está ampliando. Todo ello repercute sobre el potencial de generación de riqueza y de reducción de las desigualdades.

Además, el estancamiento de la productividad pone en peligro la sostenibilidad de la protección social, cuyo desarrollo ha sido, sin duda, uno de los mayores logros del país. Afecta a la capacidad de creación de empleos estables y bien remunerados, sobre los que descansa la financiación de las pensiones. Y la precariedad laboral que conlleva una baja productividad tiende a aumentar el paro y ejerce une presión permanente sobre las prestaciones por desempleo.

Por último, el modelo productivo dificulta el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente. Estamos, pues, ante el riesgo de un círculo vicioso en el que la infrautilización de tecnologías digitales y la baja productividad se reforzarían mutuamente, ampliando la brecha económica con respecto a los países más avanzados y agravando las desigualdades sociales.

El modelo productivo necesita un cambio. Estos últimos años las iniciativas se han centrado esencialmente en torno a la reforma laboral y la eliminación de trabas a la creación de empleo que supuestamente genera la normativa laboral. Así, las medidas han abundado en lo referente al coste del despido y a la flexibilización del contrato de trabajo. Estas reformas se han considerado como esenciales para la reducción del desempleo.

Es evidente que la normativa laboral es importante, siempre y cuando se plantee mediante el diálogo social y se respeten las normas de la OIT. Ese es el caso de las reformas emprendidas en Austria y Holanda, que reducen la incertidumbre jurídica sin reducir el coste del despido. Pero la reforma laboral, incluso cuando está bien formulada, no puede ser la clave para impulsar un cambio en el modelo productivo.

El tejido de empresas de tamaño intermedio es insuficiente para hacer frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico. El porcentaje de las empresas de 50 a 300 trabajadores es el más bajo de la Unión Europea, después de Portugal. Fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas para que dejen de serlo facilitaría la creación de empleo y aumentaría su resistencia ante los cambios del ciclo económico. En este sentido, la reducción de las trabas administrativas y fiscales es una prioridad.

La digitalización de las Administraciones públicas permitiría acelerar los trámites, haría la normativa más transparente y contribuiría a mejorar la igualdad de oportunidades. La experiencia de otros países demuestra que este tipo de medidas limita el riesgo de corrupción.

Una reforma del sistema impositivo facilitaría la innovación y la toma de riesgo, en vez de fomentar la inversión inmobiliaria o en actividades que no se corresponden con el necesario cambio productivo. Es prioritario reducir la carga fiscal sobre las rentas del trabajo, aumentar el impuesto sobre ganancias financieras y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Además, la creación de un banco público de inversión ayudaría a promover el desarrollo empresarial y a orientar la economía española hacia sectores con mejores perspectivas internacionales. Por ejemplo, Alemania dispone de un sistema de garantía de créditos que facilita el crecimiento empresarial y consolida el tejido productivo.

La transformación estructural dependerá de que los trabajadores posean las competencias profesionales y la formación adecuadas para responder a las necesidades de la nueva economía. El sistema educativo requiere especial atención. La lucha contra el fracaso escolar —uno de los más altos de Europa— y el acercamiento entre las universidades y las empresas son esenciales para facilitar el cambio del modelo productivo.

Del mismo modo, la preparación de los trabajadores para el nuevo modelo de crecimiento pasa por la puesta en macha de programas de formación que se ajusten a las necesidades de las empresas, tal y como se ha hecho en otros países. Suecia, por ejemplo, cuenta con programas de formación en tecnologías de la información diseñados por los propios empleadores.

En definitiva, se trata de aprovechar las ventajas indiscutibles de que dispone un país abierto, que cuenta con jóvenes talentosos y mejor formados que las oportunidades de trabajo que se les presentan, con influencia en la Unión Europea y gran potencial de crecimiento. Pero para ello se requiere de una estrategia coherente y con persistencia en el tiempo, que permita transitar hacia otro modelo productivo. Una nueva etapa se puede abrir que se traducirá en mayor prosperidad para todas y todos.

Raymond Torres es el director del servicio de estudios de la OIT.

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