La Comunidad Andina ante el «cruce de caminos»

Por Guillermo Fernández de Soto, ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia (1998-2002) y ex secretario general de la Comunidad Andina, 2002-04 (ABC, 25/04/06):

EN la reciente reunión de los jefes de Estado de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay, el presidente Hugo Chávez anunció el retiro de su país de la Comunidad Andina y proclamó la «muerte» de este organismo de integración, que próximamente cumplirá 37 años de existencia. La Prensa registró vivamente este hecho de profundas implicaciones regionales, anunciando en sus titulares: «La CAN recibe una estocada de Chávez y Evo» y «Chávez: Mercosur puede morir como pasó con el Pacto Andino», entre otros. Esta línea de pensamiento crítico no es nueva. Ya se había hecho evidente -tal como lo relato en mi libro «La ilusión posible: un testimonio sobre la política exterior colombiana»- en las declaraciones del presidente venezolano durante su visita oficial al Brasil, en abril de 2003, tan sólo dos meses antes de la realización de la Cumbre Presidencial Andina. En esa ocasión, señaló que la CAN era una «entidad anacrónica» con claro acento «neoliberal».

Sin embargo, esta actitud crítica pasó del discurso a los hechos el pasado 22 de abril, al notificar formalmente Venezuela su retiro, así como al expresar que la razón fundamental de dicho acto fue la negociación de los tratados de libre comercio entre Colombia y Perú con los Estados Unidos. En opinión de Caracas, los TLC se traducen en «injusticia, desigualdad, exclusión, privilegios de las minorías, discriminación y quebrantamiento de principios de igualdad y progresividad en la garantía y disfrute de derechos y establecimiento de nuevas formas de colonialismo». Cabe anotar que, a la luz del Acuerdo de Cartagena, el retiro de Venezuela tiene efecto inmediato, pero las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión permanecerán en vigor por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

En este contexto, considero que los gobiernos de la subregión deben obrar con prudencia y un gran sentido de responsabilidad, como lo ha señalado el presidente de Colombia. Resulta decisivo que entendamos la integración andina como un proyecto político que trasciende el ámbito comercial. En su génesis, éste fue un proyecto de integración que tenía como sustento la creación y el desarrollo de una comunidad fundada en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia. Precisamente considero que hoy debemos preguntarnos si todos los socios andinos están de acuerdo con los principios básicos de esta visión históricamente compartida. ¿Estamos todos comprometidos con la defensa de una genuina democracia? ¿Coincidimos en el mismo concepto de la propiedad privada? ¿Entendemos de la misma manera el rol del Estado en la planeación económica? ¿Defendemos la seguridad jurídica como principio rector de las relaciones comerciales? ¿Somos todos solidarios en la lucha contra el problema mundial de las drogas, el terrorismo y el tráfico ilícito de armas? ¿Compartimos la misma noción de seguridad hemisférica?

Llegó el momento de sincerarnos. En mi intervención de apertura de la Cumbre de Quirama en el 2003, hice alusión al escritor colombiano Fernando González, quien en su libro «Viaje a pie» contaba que en alguna ocasión, de camino entre Medellín y la Ceja, se acercó a dos matronas que repartían por estas tierras riberanas «tres o cuatro noticias, ollas y recados amorosos», y les preguntó si faltaba mucho para llegar a su destino. «Todo depende del ánimo», respondió una de las mujeres, en la proverbial sabiduría de la región. Esta frase tan llena de sentido es la que me permite señalar que la integración subregional depende, hoy como nunca, del ánimo de sus gobernantes y de la voluntad política de quienes legítimamente representan a sus pueblos. Este ánimo nos permitiría darle sentido a la integración de la CAN.

Estoy convencido de que en la perspectiva de asignarle un nuevo rumbo a la integración andina, la cual no es la misma de hace 37 años, debemos tomar como punto de referencia la agenda multidimensional que se aprobó en la Cumbre de Quirama y se refrendó posteriormente en Quito y Lima. Ésta definió una visión integral del proceso para avanzar en estrategias de cooperación en áreas centrales como la política externa común, la cohesión social, la energía, el medio ambiente, el desarrollo fronterizo y la integración física de Suramérica.

Resulta paradójico que hoy se critique la negociación y firma de los tratados de libre comercio de algunos países andinos con los Estados Unidos, principal mercado de nuestras exportaciones subregionales, cuando precisamente existe una Decisión (598) de la Comisión, aceptada unánimemente por los cinco miembros, representados por sus cancilleres y ministros de Comercio Exterior, que así lo permite. Esta Decisión autorizó la realización de negociaciones comerciales, comunitarias o no, con cualquier país del mundo. Y en efecto, bajo esta normativa Venezuela ha negociado su ingreso al Mercosur, mientras que Colombia, Ecuador y Perú han negociado sus acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Las iniciativas bilaterales y regionales deben ser entendidas como una oportunidad de inserción internacional -como también lo son las negociaciones con la UE y el Mercosur- que contribuyen a producir un mayor acceso de los productos andinos a mercados mundiales y brindan más oportunidades para el crecimiento y desarrollo equitativo, la promoción de las inversiones, la generación de empleo y la superación de la pobreza.

En síntesis, llegó el momento de sincerar el proceso andino. Decirnos la verdad para superar este «cruce de caminos». Estamos en la obligación de expresar -si aún existe- nuestro animus societates y responder con franqueza a los interrogantes que he señalado en torno a los principios básicos de la integración. En el transcurso de este camino, se determinará quiénes desean continuar con un proyecto político y multidimensional que ha privilegiado, desde sus orígenes, la construcción de una comunidad democrática como sustento para la cooperación política, la integración y la superación de la pobreza.