La concesión del premio Robert F. Kennedy a Alfredo Romero

Todos los años conmemoramos el cumpleaños de mi padre otorgando el premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy a una persona que se haya distinguido por defender la justicia y compartir el valor de Kennedy y su visión de un mundo justo y pacífico.

El ganador de este año, Alfredo Romero, de Venezuela, recibe el galardón en un momento trascendental para su país y para la causa de la libertad de expresión a la que Romero ha dedicado su vida.

Hace 250 años, el gran patriota venezolano Francisco de Miranda luchó al lado de nuestros padres fundadores en la guerra de independencia de Estados Unidos. Hace 55 años, el presidente John F. Kennedy se propuso transformar por completo la política estadounidense respecto a Latinoamérica. Ya no serían prioritarios los intereses de las multinacionales norteamericanas ni se dedicaría el 90% de la ayuda exterior a financiar aventuras militares y perversos planes de la CIA para derrocar gobiernos electos.

Por el contrario, el presidente Kennedy se propuso que Estados Unidos se alineara con quienes compartían nuestros valores y deberían haber sido nuestros más ardientes partidarios: estudiantes, profesores, sindicalistas, católicos progresistas y amantes de la libertad.

Como él mismo dijo: “Proponemos culminar la revolución en América, construir un hemisferio en el que todos los seres humanos puedan aspirar a tener un nivel de vida apropiado y vivir con dignidad y libertad. […] Despertemos nuestra revolución americana […], no con un imperialismo basado en la fuerza o el miedo, sino con el poder del valor, la libertad y la esperanza en el futuro humano”.

Poco después, mi tío Jack recibió al líder democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, en la Casa Blanca. La lucha de Betancourt por la democracia, dijo el presidente Kennedy, hacía de él “un símbolo de lo que deseamos para nuestro país y para nuestras repúblicas hermanas”. Tanto el presidente Kennedy como mi padre fueron recibidos como héroes cuando visitaron Caracas.

Cuando falleció el presidente Kennedy, Jack Vaughn y Thomas Mann convirtieron la famosa Alianza para el Progreso de Kennedy en un instrumento para sostener a militares y oligarcas. En las sesiones de investigación del Senado sobre la intervención de la CIA que desembocó en el derrocamiento de los dirigentes democráticamente elegidos en la República Dominicana y Brasil, mi padre interrogó a Vaughn:

“Aclaremos una cosa, señor Vaughn. Me está diciendo que la Alianza para el Progreso, ahora, propone: si usted deja que los militares se hagan con el poder, prohíbe los partidos políticos, cierra el congreso, mete a sus adversarios políticos en la cárcel y arrebata a la gente sus libertades fundamentales, tendrá toda la ayuda que quiera de Estados Unidos. Pero, si hace la vida imposible a una empresa petrolífera estadounidense, no verá ni un céntimo. ¿Es así? ¿En eso se ha convertido la Alianza?”

Vaughn respondió bajo juramento: “En síntesis, eso es”.

Hoy, nuestros dos países están experimentando la vorágine causada por el abandono de la visión idealista de la Alianza para el Progreso, que preparó el terreno para una revuelta popular con la elección del candidato pro-reforma agraria y antiestadounidense Hugo Chávez en 1999. Cuando Chávez murió, en 2013, le sustituyó su mano derecha, el radical Nicolás Maduro, que está llevando a cabo brutales agresiones contra la sociedad civil y las instituciones democráticas.

Maduro ha cortado la llegada de ayuda humanitaria a los ciudadanos venezolanos y ha dado al ejército el control casi total de enormes franjas de la vida económica venezolana. Ha arrebatado la autoridad a instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, ha hecho desaparecer y encarcelado a decenas de miles de críticos y ha favorecido el crimen organizado en el tráfico sexual, de drogas y de armas a escala internacional. En solo cuatro meses de este año, más de 5.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria por manifestarse pacíficamente.

Hay 439 personas que permanecen en el limbo legal de la prisión provisional, una situación en la que sufren torturas, privación de sueño y comida, agresiones sexuales y muchas otras violaciones de los derechos humanos.

Millones de personas padecen inseguridad alimentaria y una falta total de atención médica esencial.

En este contexto, Alfredo Romero y su organización, Foro Penal Venezolano, se atreven a enfrentarse a las fuerzas autocráticas y defienden a la gente de las detenciones arbitrarias, la persecución política y el trato inhumano.

Ser una ONG en Venezuela es un reto diario, porque el gobierno puede revocar el estatus de una organización sin dar motivos e intimidar a otras para obligarlas a callar. Pese a ello, los 200 abogados y 1.700 voluntarios de Foro Penal arriesgan la vida para oponerse a las detenciones secretas, los cambios de fecha de las comparecencias judiciales y las acusaciones ocultas.

Alfredo y su equipo utilizan los teléfonos móviles para registrar cada segundo de sus contactos con la policía, cada traslado de un preso y cada aparición de un disidente y para pedir así responsabilidades a las autoridades, con lo que reducen drásticamente la oportunidad de que desaparezcan los críticos del régimen e incrementan el coste político de las acciones represivas del Estado.

La labor de Alfredo depende del intercambio inmediato de informaciones: utilizan móviles y geolocalizadores para averiguar dónde está retenido un estudiante, dan publicidad a su mensaje de compromiso y fortalecimiento en las redes sociales, analizan los datos de cada detenido para determinar con precisión dónde ejercer presión y arrojar luz sobre las horas más oscuras de la tiranía. Los informes mensuales de Alfredo y el Foro Penal se han convertido en la fuente principal y más respetada de información sobre la crisis de Venezuela.

No cabe duda de que Alfredo Romero tiene valentía de sobra, una valentía genuina que inspira a quienes le rodean y les anima a contribuir para que los venezolanos no desaparezcan en los abismos burocráticos de un Estado policial. Alfredo posee ese valor y esa capacidad de organización que, en opinión de mi padre, nos llevaría a un mundo más justo y pacífico. Feliz cumpleaños, senador Kennedy.

Kerry Kennedy es presidenta de la Fundación Robert Kennedy de derechos humanos. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

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