Además de la crisis del euro, el Brexit y el COVID-19, Europa hoy enfrenta una crisis constitucional, en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (GCC por su sigla en inglés) pelean por las políticas del Banco Central Europeo. Si bien esta última crisis ha estallado en un momento inoportuno, había sido presagiada por una serie de dictámenes y opiniones anteriores sobre las políticas del BCE y, por ende, no debería haber sorprendido a nadie.
En su último dictamen, el GCC acusó al TJUE de exceder su mandato y emplear un razonamiento arbitrario en un juicio de diciembre de 2018 a favor del BCE. Pero el revuelo generalizado por la decisión del GCC señala una desconexión entre lo que muchos analistas podrían querer y la realidad legal.
Si bien claramente existe una jerarquía de autoridad entre los dos tribunales en cuestiones de política monetaria, no sucede lo mismo en otras áreas de políticas, especialmente en lo que concierne a las políticas de rescate fiscal integrales y poco convencionales que el BCE ha buscado implementar en los últimos años con emisión monetaria. El BCE debería haber sido autorizado específicamente para llevar adelante estas medidas bajo el Artículo 5 del Tratado de la UE. Pero esta autorización no fue otorgada.
Es más, la UE y sus instituciones no tienen el estatus de un soberano absoluto, como algunos observadores parecen creer. Según sus tratados actuales, Europa está muy lejos de la categoría de estado tal vez deseable que les otorgaría al BCE y al TJUE poderes comparables a los de instituciones similares en estados-nación o confederaciones. Por ahora, los estados-nación de Europa son los dueños de los tratados de la UE y, según estos tratados, los máximos tribunales en Dinamarca y la República Checa han podido, en otros casos, pronunciar e imponer juicios ultra vires contra dictámenes del TJUE.
Con respecto a la disputa por las compras por parte del BCE de títulos de gobierno, consideremos lo siguiente: inclusive en Estados Unidos, la Reserva Federal no ha comprado la deuda pública de estados individuales, una cuestión que se ha convertido en un tema de discordia en Europa. Cuando California, Minnesota e Illinois estaban al borde de la quiebra, la Fed no salió al rescate de estos estados comprando sus bonos.
En la eurozona, en cambio, el BCE ya ha autorizado a los bancos centrales de los miembros de la eurozona a comprar un tercio del saldo vivo de deuda pública de los estados miembro (límite de emisor). Estas compras han protegido de pérdidas a los bonistas y han mantenido las tasas de interés bajas a pesar de los altos niveles de deuda pública, alentando así a los gobiernos a endeudarse aún más. Al hacerlo, el BCE no ha respaldado la política económica, como le está permitido hacerlo, sino que directamente la ha refutado minando los diversos compactos fiscales y de deuda de la UE que apuntan a impedir una escalada de la deuda nacional.
Aún con una mayoría de dos tercios a favor, el Bundestag alemán no pudo aprobar las cláusulas del tratado de la UE que le permitirían al BCE implementar una política de rescates estatales con los importantes riesgos previsibles que implicarían para los contribuyentes de la eurozona. Por el contrario, la República Federal primero tendría que ser reembolsada y tendría que adoptarse una nueva constitución mediante un referendo.
Asimismo, la UE y el TJUE no tienen los medios legales para aplicar una política de esta naturaleza. Es verdad, la UE podría iniciar procedimientos de incumplimiento contra Alemania. Pero eso no ayudaría, porque al gobierno alemán no se le permitiría pagar una multa a la UE por desobedecer un dictamen del TJUE que el GCC ha considerado ilegal. El propio TJUE no podría dictaminar sobre la cuestión, porque es el objeto del procedimiento de incumplimiento (nemo judex in causa sua). El conflicto resultante por las competencias tendría consecuencias devastadoras para la UE.
El dictamen del GCC fue un recordatorio necesario de que la UE es una comunidad basada en el régimen de derecho, y que sólo sus estados miembro soberanos pueden seguir desarrollándola. No se la puede desarrollar arbitrariamente expandiendo la jurisdicción del TJUE o mediante las decisiones de un organismo tecnocrático como el Consejo de Gobierno del BCE.
Sin duda, los estados soberanos de la UE deberían mantenerse unidos y ayudar a los más afectados por la crisis –por sobre todo a Italia, que fue el primer país europeo en ser afectado por la pandemia y que ha sufrido 31.000 muertes por COVID-19, el número más alto en la UE-. Además de transferencias unilaterales, sobre las que cada gobierno nacional puede decidir, los estados miembro deberían incrementar el presupuesto de la UE para ofrecer ayuda especial al pueblo y a los hospitales de Italia.
Si eso no es suficiente, entonces se podría introducir una moratoria de deuda para Italia bajo las reglas del Club de París de países acreedores. Esto tendría que combinarse, como en el caso de Grecia, con controles de capital para frenar la inmensa fuga de capitales de Italia a Alemania y Estados Unidos que ha venido ocurriendo desde marzo.
Más allá de todo esto, los estados miembro de la UE deberían unirse para conformar una unión política que, de hecho, permitirá al bloque alcanzar su deseada soberanía. Una unión de este tipo no debería involucrar principalmente la mancomunización de la billetera. El reclamo de soberanía de una unión política depende, primero y principal, de la creación de un ejército europeo, con todo lo que esto conlleva. Una mera unión fiscal, en verdad, bloquearía el camino hacia una unión política, porque algunos estados miembro ofrecerían el dinero mientras que otros conservarían las bazas militares.
Hans-Werner Sinn, Professor of Economics at the University of Munich, was President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council. He is the author, most recently, of The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs.