La Constitución, el Rey y la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno

Parece, según algunas encuestas recientes, que la victoria de uno de los dos grandes partidos nacionales en las próximas elecciones generales se decidirá por un escaso número de votos y, por tanto, de escaños. Se descarta además, en principio, el triunfo por mayoría absoluta de escaños de ninguno de ellos. Esta circunstancia, si por fin emerge, otorgará particular relevancia al papel del Jefe del Estado quien, según el artículo 99.1 de la Constitución, «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno».

Desde 1979, año en que se celebraron, bajo la vigente Constitución, las primeras elecciones generales, el Rey ha designado siempre candidato a la investidura al líder del partido con mayor número de votos y escaños. Es la actuación constitucionalmente correcta porque: 1º) Respeta la voluntad mayoritaria del electorado cualquiera que haya sido la importancia cuantitativa de la mayoría obtenida por el partido ganador. 2º) Confiere al candidato del partido con más escaños, al ser designado único candidato oficial, una mayor capacidad para negociar con otros grupos políticos la votación de investidura, negociación fundamental en los casos en que el primer partido por número de votos populares y escaños no haya logrado mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Como tal es la coyuntura que parece avecinarse, y dado que se percibe una cierta preocupación en la sociedad española ante la posibilidad o imposibilidad, según los casos, de pactos políticos para integrar una mayoría parlamentaria suficiente, parece oportuno dilucidar una cuestión que afecta o puede afectar a la estabilidad de nuestro régimen constitucional.

La Constitución contempla, en lo que se refiere a la elección de presidente del Gobierno, tres supuestos: 1º) El candidato sometido a votación de investidura en el Congreso consigue en la primera votación mayoría absoluta de votos: «El Rey, dice el texto constitucional, le nombrará presidente» (art. 99.3). 2º) El candidato no consigue mayoría absoluta de votos en la primera votación: «Se someterá la misma propuesta (es decir, el mismo candidato) a nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada (es decir, el Rey le nombrará presidente) si obtuviese mayoría simple» (art. 99.3). 3º) El candidato tampoco obtiene mayoría simple en la segunda votación: «Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores, es decir, el Rey procederá a designar nuevo candidato (art. 99.4). Si en dos meses, contados desde la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviese la mayoría requerida, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso (art. 99.4). Para destituir al presidente del Gobierno así elegido debe aprobarse por mayoría absoluta una moción de censura, llamada constructiva, porque debe incluir un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 113.1 y 2). En 30 años no ha prosperado ninguna.

No es difícil deducir de este orden de acontecimientos que la intención del legislador constituyente fue, primariamente, tanto facilitar la elección de presidente del Gobierno como, por otra parte, dificultar una vez nombrado su destitución parlamentaria.

La Constitución, en efecto, facilita la elección de presidente del Gobierno: a) porque simplifica la identificación del candidato a la investidura, mediante la designación directa por el Rey, previa consulta no vinculante de los grupos parlamentarios; b) porque le permite hacer la primera designación de candidato sin tener que realizar valoración política alguna, es decir, tomando únicamente en consideración el dato objetivo del mayor número de votos populares y escaños, y no otros factores, de enjuiciamiento comprometido, como los posibles pactos o, mejor, como los pactos posibles en función de su repercusión institucional, toda vez que padecemos la desgracia de contar con partidos antisistema que, por añadidura, quieren liquidar, entre otras instituciones, a la Monarquía; c) porque con su designación formalizada, mediante el escrito que el Rey dirige al presidente del Congreso, el candidato a la investidura propuesto, ganador de las elecciones pero sin mayoría absoluta de escaños, se convierte sin sujeción a plazo preciso en único candidato e incrementa así su capacidad de negociación para obtener apoyo parlamentario suficiente y lograr la confianza de la Cámara; y d) porque al prever con el mismo candidato una segunda votación por mayoría simple otorga una singular relevancia a las abstenciones (más fáciles de negociar) y lo hace a favor del candidato seleccionado. Este sale investido de la votación parlamentaria si hay más votos afirmativos que negativos cualquiera que sea el número de aquellos. Las abstenciones, pues, juegan de hecho en su favor.

La actuación del Rey en el cumplimiento de la Constitución ha sido siempre inobjetable. Siempre, en efecto, ha designado candidato a la Presidencia del Gobierno al líder del partido con mayor número de escaños. Y el valor del precedente, aunque en el sistema jurídico español no tenga fuerza vinculante, es sin embargo muy grande cuando se trata de comportamientos constitucionales trascendentes. Suárez, Calvo-Sotelo, González en dos de sus legislaturas, Aznar en su primera legislatura y Rodríguez Zapatero fueron designados candidatos como líderes del partido más votado en las elecciones y con más diputados sin contar con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Aunque no parece lo más probable es sin embargo posible, según encuestas recientes, que el partido ganador en escaños parlamentarios no sea el que haya obtenido mayor número de votos populares. La naturaleza de nuestro régimen político -régimen parlamentario- me inclina a pensar que, a la hora de designar candidato a la investidura parlamentaria debe prevalecer como primera opción el criterio del número de escaños sobre el de sufragios populares. La relectura del artículo 93 de la Constitución hace de este criterio el más seguro, porque las mayorías requeridas por el texto constitucional son siempre de escaños. De ahí que tener sólo o primeramente en cuenta el número de votos ciudadanos resulte, a la postre, un criterio político mientras que atender al número de diputados sea un criterio jurídico constitucional objetivo que deriva del texto literal de la Constitución. Por eso debe prevalecer este último criterio en caso de disparidad.

No debe haber por tanto inquietud ante los vaticinios que se hacen sobre la ya cercana nueva legislatura. Nuestro sistema institucional funcionará. Lo que recientemente ha ocurrido en algunas comunidades autónomas en que a un partido ganador, incluso ampliamente votado, hasta con 10 puntos porcentuales más que el segundo partido, se le arrebata la presidencia del Gobierno de la Comunidad por pacto entre los partidos que han quedado en segundo, tercer o cuarto lugar (Galicia y Baleares: PP ganador; Canarias: PSOE ganador) no puede acaecer, de entrada, en lo que afecta a la elección de presidente del Gobierno de la Nación, justamente por virtud de la función constitucional del Rey. Esta garantiza que el líder del partido ganador en las elecciones por la cantidad obtenida de escaños disponga al menos de las dos oportunidades parlamentarias de alcanzar la Presidencia del Gobierno a que se refiere el texto constitucional (una, la primera, por mayoría absoluta y otra segunda que fructifica con mayoría simple). En el plano nacional es, a mi juicio, inimaginable, que el Rey, si no hay renuncia explícita del líder del partido ganador, designe, como primera opción a la investidura, al líder del partido que ha quedado en segundo lugar en número de diputados por virtud de valoraciones políticas de parte interesada. Para el Jefe del Estado, el criterio más objetivo -el único objetivo- es y será siempre el criterio del partido ganador en votos parlamentarios si el líder de éste transmite al Jefe del Estado su opinión de poder conseguir suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para salir investido. Cualquier otro criterio le obligará a hacer y por tanto a compartir o rechazar apreciaciones políticas delicadas que la Constitución, a mi juicio, en la configuración que hace de la Monarquía parlamentaria, ha querido evitar a la Jefatura del Estado.

Si se exigiera que el Rey, al formalizar su primera designación de candidato a la investidura, entrara a enjuiciar la posibilidad o capacidad de pactar de los distintos líderes políticos, al margen de lo que le transmita el candidato del partido ganador, habría que aceptar que pudiese asimismo valorar el perfil político de los que vayan a ser socios de gobierno del líder del partido que ha quedado en segundo lugar. El Rey tendría entonces que evitar, por lógica constitucional, la participación en el Gobierno o en la gobernación de la Nación de partidos antisistema que propician, de manera pública y explícita, la utilización del poder institucional legalmente obtenido para quebrar la Constitución o prescindir de ella por vías de hecho tales como convocar consultas populares al margen de la ley en aplicación de un inexistente derecho de autodeterminación o desafiar sentencias del Tribunal Constitucional que no den razón a sus pretensiones rupturistas. La Constitución ampara la libre expresión de cualquier idea así como la defensa y realización de su propia reforma, por radical que ésta sea, siempre que se respeten los procedimientos por ella previstos; pero no ampara ni puede amparar su propia ruptura o destrucción mediante hechos consumados o decisiones institucionales anunciadas, flagrantemente ilegales, respecto de las que sus autores ni siquiera admiten los resultados del juicio de inconstitucionalidad. Si se obliga al Jefe del Estado a realizar apreciaciones de sustancia política para designar candidato, ésta -la valoración de la actitud inconstitucional de los partidos antisistema integrantes de un posible pacto de legislatura o de gobierno- tendría que ser una de las apreciaciones inevitables. De ahí que, para la Jefatura del Estado, el único criterio seguro, por objetivo e inobjetable, sea, al proveer a la primera designación, el del partido ganador por su número de escaños. Si, además, éste tiene mayoría de votos populares, tanto mejor. Tal es mi parecer que someto no obstante como ex-legislador constituyente a juicio mejor fundado.

Rafael Arias-Salgado Montalvo, ex ministro de UCD y PP.