"Siempre la claridad viene del cielo; es un don: no se halla entre las cosas sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias". Los versos de Claudio Rodríguez en su Don de la ebriedad constituyen una angustiosa invocación de la fuerza creativa que bien podría aplicarse, salvando distancias, a la búsqueda de un rayo de racionalidad que ilumine la encrucijada constitucional que atraviesa nuestro país desde que las formaciones independentistas decidieron mutilar el pacto social, desgarrar la convivencia y tomar partido por el incumplimiento de la ley.
El ritmo al que se han producido los acontecimientos en las últimas semanas causa perplejidad y preocupación, al tiempo que nos asegura varios capítulos más en un relato cuyo hilo conductor ha sido la obstinada e hiriente provocación por parte de las fuerzas secesionistas. Es indudable que sería prematuro e irresponsable anticipar el desenlace de esta crisis, pero sí es posible, en cambio, plantear algunas reflexiones al hilo de las decisiones adoptadas en las últimas semanas.
En primer lugar, una reflexión sobre la fortaleza del Estado nacido de la Constitución de 1978, capaz de sobreponerse a algo más que una tentativa de destruirlo. En menos de 24 meses nuestra Constitución ha dejado atrás la tierna adolescencia del bipartidismo vertebrador de toda nuestra vida política para precipitarse de bruces en la edad adulta, con la aparición de un multipartidismo atenuado que durante casi un año no permitió la formación de Gobierno, revelando las carencias del procedimiento de investidura y las insuficiencias del artículo 99 CE. Tras resolver con éxito aquel trance de la vida adulta, nuestra Constitución se ha enfrentado a un desafío mucho mayor, provocado por quienes desde las instituciones autonómicas alumbradas por ese mismo texto constitucional han pretendido abiertamente y sin ambages su destrucción, invocando una suerte de título jurídico anterior y superior, en nombre del cual se sienten legitimados para incumplir la ley y desobedecer las sentencias judiciales de forma palmaria y sistemática.
Las situaciones extraordinarias que afectan a la vida del Estado exigen soluciones extraordinarias. Sólo desde firmes convicciones democráticas y desde la más inquebrantable confianza en la supremacía normativa de la Constitución se puede plantear el debate sobre la protección del sistema constitucional cuando los peligros que arrecian superan lo cotidiano. También en estos casos, el Derecho debe prevalecer. Como señaló Pérez Serrano, "con arreglo a Derecho se entra en crisis, se actúa mientras dura y se liquidan finalmente las consecuencias, incluso exigiendo responsabilidad a los órganos que se hayan extralimitado de los parámetros legales de la situación excepcional". No es la ruptura del Estado de Derecho lo que se pretende, sino su más firme defensa.
El propio Rousseau en El Contrato Social, advertía de que la excesiva rigidez de las leyes podría volverse en contra del Estado y provocar su destrucción: "l'inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements, peut, en certains cas, les rendre pernicieuses, et causer par elles la pertre de l'État dans sa crise". García Pelayo lo explicaba con una reflexión cabal: "toda normatividad supone una normalidad, de manera que no hay norma aplicable a un caos".
Hasta hace pocos días, el inédito artículo 155 CE era un campo regado solo por la especulación académica. Hoy podemos decir que han quedado desmentidas las peores profecías que identificaban este procedimiento con la feroz derogación del derecho a la autonomía, desvelando que este impreciso precepto constitucional encierra, en realidad, un título de intervención del Estado para restaurar la plena vigencia de la Constitución y de la organización territorial del Estado. Lejos de ser la apoteosis de la profanación del autogobierno, el procedimiento ha servido para revivir esa autonomía política en su forma más elemental y genuina: mediante la convocatoria de unas elecciones democráticas, libres y con todas las garantías de las que saldrá elegido un nuevo Parlamento de Cataluña. El celebérrimo artículo 155 se revela así como un mecanismo extraordinario para recuperar lo ordinario, sin apearse en ningún momento de la legalidad, tanto formal como material. Las decisiones adoptadas por el Gobierno, previa autorización del Senado -nunca antes tan protagonista de nuestra vida institucional- confirman que la Constitución tiene resortes suficientes como para salvarse, sin estridencias, sin excesos, con precisión quirúrgica. La Constitución demuestra su madurez al desplegar una reacción serena y proporcional frente a un grotesco intento de destruir el régimen de 1978.
La segunda reflexión tiene que ver con el cuestionamiento de la democracia representativa que subyace en el desafío independentista. En efecto, la desobediencia patrocinada por el Gobierno de la Generalitat se intenta justificar en un inaplazable mandato del pueblo, expresado en la irreverente votación del 1 de octubre, como manifestación de un pretendido derecho a decidir, construido en términos absolutos.
Incapaces de enfrentarse a la confrontación en sede parlamentaria, los independentistas se envuelven en la idea de desobediencia civil y se justifican con el ejemplo de Rosa Parks, que plantó cara a la ley injusta. Lo que no explican los defensores de esta versión posmoderna de la resistencia al tirano es que un Gobierno regional dotado de toda clase de potestades y financiado con recursos públicos no se parece en nada a Rosa Parks, como tampoco se parece la España constitucional de 2017 a la Alabama de mediados del siglo XX. Los independentistas que defienden esta romántica visión tampoco explican, por cierto, que más allá del testimonio personal y valiente de Rosa Parks, fue el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que en 1956 declaró inconstitucionales las leyes segregacionistas en el transporte. Precisamente eso fue lo que puso fin a la ley injusta: una sentencia del Tribunal Supremo declarando su inconstitucionalidad. ¿Les suena de algo?
Al levantar del velo de esta insostenible construcción se descubre un intento de sustituir los mecanismos de participación política propios de una democracia parlamentaria por fórmulas plebiscitarias extravagantes, que construyen una suerte de hiperlegitimidad popular para resistir la tiranía. ¿Qué tiranía? ¿La de la España constitucional? El derecho a decidir no es otra cosa que el desguace de la democracia representativa y esa solemne apelación al mandato del pueblo encubre un pretexto para dar por amortizados los mecanismos de deliberación y decisión del sistema parlamentario, considerados rancios y caducados. No debe extrañarnos la insultante falta de respeto a los procedimientos parlamentarios a la que hemos asistido en las últimas sesiones del Parlament porque, en realidad, lo que este proceso intenta subvertir es la misma representación parlamentaria, sustituyéndola por un nuevo cesarismo que de forma unilateral interpreta los deseos unívocos de un pueblo, monolítico en sus anhelos y aspiraciones. Eslóganes como el "derecho a decidir", el "mandato del pueblo de Cataluña" y el "no nos representan" tienen muchos ingredientes en común.
Es innegable que la democracia representativa acusa cierta fatiga de materiales y que en términos de emoción política es mucho más monocorde y aburrida que otras fórmulas más audaces en la retórica, pero absolutamente turbias en su legitimidad. Debemos ser muy conscientes de lo que nos jugamos y, sin renunciar a dinamizar y actualizar la democracia parlamentaria, reivindicar lo que tiene de arquetipo de participación política.
No corren necesariamente buenos tiempos para los regímenes democráticos y liberales asentados sobre la centralidad de la institución parlamentaria. En julio de 2016 Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk publicaban en el Journal of Democracy un inquietante ensayo que demuestra empíricamente la creciente pérdida de confianza en la democracia, tanto en Europa como en Estados Unidos, así como la progresiva aceptación de un poder autoritario, no sometido a control, siempre que sea eficaz. El coqueteo con fórmulas de legitimación que absolutizan la aritmética de masas para convertirla en mandato político capaz de imponerse al mandato parlamentario pueden agrietar un sistema que, lejos de ser perfecto, ha propiciado las etapas de mayor prosperidad, libertad e igualdad. Haríamos bien en cuidar lo que tenemos.
La tercera reflexión tiene que ver con el modo en que se construye la opinión pública en la sociedad hiperconectada, en la que lejos de haber alcanzado mayor certeza sobre los hechos y un juicio crítico más solvente para opinar sobre los mismos, asistimos a la zozobra provocada por una desconocida capacidad de manipulación de las percepciones. El lema "fake it, hack it, leak it, spread it" es la divisa de un nuevo orden de las relaciones sociales curtido en la paradoja de la posverdad. Nunca los ciudadanos habíamos accedido a tal cantidad de información y, sin embargo, nunca fuimos tan fácilmente manipulables. La brecha entre realidad y percepción también ha afectado a la interpretación de esta crisis constitucional y, sin duda, se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad contemporánea, que nos enfrenta al reto nada desdeñable de proteger nuestro buen juicio frente a perturbadores intentos de contaminarlo. En 2017 una opinión pública crítica, libre y bien fundamentada es mucho más costosa de lo que podría parecer. El futuro es absolutamente incierto. Recientemente un panel de expertos del Pew Research Center y la Universidad de Elon se enfrentó a la pregunta sobre si el entorno informativo en los próximos 10 años mejoraría y permitirá reducir la propagación de mentiras y noticias falsas. El resultado: el 49 % de los expertos respondió "no" mientras que el 51% respondió "sí".
Así, con estas reflexiones, esperamos el desenlace de un triste pasaje de nuestra historia constitucional. Con la compañía del poeta, asistimos con cierta desolación a un incomprensible proceso autolítico, precisamente en un momento en que España empezaba a levantar cabeza. Por eso, esperamos que "la noche cierre el gran aposento de sus sombras". Y vuelva la claridad.
Francisco Martínez Vázquez es diputado y profesor de Derecho Constitucional.