La Constitución es la respuesta

Estas líneas podrían comenzar diciendo que Cataluña está unida a España al menos por un problema compartido: el de la pluralidad de sus respectivas sociedades. España es plural, incluso plurinacional, porque hay muchos catalanes que se sienten pertenecientes sólo a la nación catalana, colocando ese sentimiento de pertenencia por encima de la garantía de sus derechos y libertades fundamentales como ciudadanos del Estado de derecho que es España. Y Cataluña es plural, incluso plurinacional –tanto o más que la misma España–, porque muchos catalanes se sienten pertenecientes a la nación política española y a la nación cultural española, dos realidades que no se cubren totalmente y que no conviene mezclar indebidamente.

El problema existe, aunque muchos pensemos que no debiera existir. El problema existe, aunque muchos creamos que siempre que se habla de este problema es conveniente recordar su etiología: un nacionalismo catalán que ha jugado a la ambigüedad de estar pero no estar en España para poder extraer ventajas económicas y de poder para los catalanes y, sobre todo, para determinadas élites políticas y económicas catalanas; una izquierda socialista catalana que creyó con Pascual Maragall que la única forma de acceder al poder era superar en nacionalismo al nacionalismo catalán, promoviendo, en fraude de ley, un nuevo estatuto para Cataluña sabiendo que se trataba de una reforma constitucional en toda regla, y sabiendo que no existía posibilidad alguna para esa reforma constitucional; hablando de federalismo cuando lo que pretendía era un sistema confederal; un presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, que afirmó que aceptaría lo que se aprobara en el Parlamento catalán; y un discurso de la izquierda socialista catalana centrada en las llamadas balanzas fiscales que derivaron en el discurso de que España roba a Cataluña.

A pesar de todo, el problema está ahí y no es posible borrar ni hacer como que no existiera. Afirmar que el Gobierno central está hoy donde estaba ayer es ignorar la realidad del problema. Decir que es necesario dialogar, pero dentro del marco legal, para añadir que el marco legal es el que es y que no hay ninguna posibilidad de matizarlo, cambiarlo, mejorarlo, completarlo, es ignorar el problema. Y si la Constitución española no sirve para solucionar los problemas que surgen en el espacio constitucional español, entonces el problema se agranda.

También ignoran el problema quienes ofrecen soluciones que se sabe que no son solución del problema. A quien escribe estas líneas no le cabe la menor duda de que España, el Estado de derecho que es España, necesita una reforma constitucional en toda regla, una reforma que perfeccione el sistema político-jurídico español en línea del federalismo para dotarlo de cohesión, para consolidar la Constitución, para renovar el pacto constitucional, para evitar los bilateralismos que amenazan la conciencia de conjunto, en definitiva, para hacer lo que defendían los federalistas americanos, conseguir una mejor unión, y no para otra cosa.

La reforma de la Constitución española en sentido federal no puede ser nunca una respuesta al problema catalán o al problema vasco, puesto que no está en el ánimo de los nacionalistas catalanes o vascos conseguir una mejor unión del Estado, de España. Más bien lo contrario: siempre buscan el debilitamiento del Estado porque creen que cuanto más débil sea España como estado, más fuertes serán Euskadi y Cataluña, o mejor dicho, más fuertes serán los nacionalistas catalanes y vascos, que no Euskadi y Cataluña. Los nacionalismos periféricos españoles siempre han buscado la asimetría que les permita a ellos desarrollar su idea de que están confederados con España. Y ellos saben lo que debiéramos saber el resto: que las confederaciones o bien se desarrollan hacia la federación, o bien hacia la desintegración del Estado.

Por esto llama la atención que estando las cosas como están se celebre desde altas instancias gubernamentales incluso la existencia de terceras vías. La tercera vía no es la estatutaria como tramposamente ha dicho Artur Mas en el último debate: la vía estatutaria es la primera vía constitucional del Estado de derecho que es España. El federalismo por el que apuesta el PSC, y con él el PSOE, no sirve por lo dicho anteriormente, si es que bajo el término federalismo no se esconde la idea de la confederación, cuyo resultado sería la separación a plazo fijo. Y el presidente de UDC, Duran, cuando habla claro lo dice expresamente: su idea es la de una confederación entre Cataluña y España. Conviene recordar que la Guerra de Secesión en EEUU fue una guerra en defensa de la Unión, los federales, buenos unionistas, contra la secesión que buscaban los confederados.

Pero quizá la peor solución en la que se pudiera pensar en estos momentos es el de buscar una mejora de la financiación de Cataluña, solución en la que parece que está pensando el presidente del Gobierno central. Sería la peor solución porque significaría aumentar las asimetrías, ir en dirección contraria a una reforma federal de la Constitución, multiplicar los problemas que ya existen en el Estado de las Autonomías, crear agravios comparativos que requerirán más asimetrías, sin satisfacer para nada las demandas de los nacionalistas catalanes, demandas que, por definición, son insaciables en la misma medida en que la nación etnocultural con la que sueñan es inalcanzable.

España estaría abocada al desastre si nuestro caso fuera único en el mundo actual. Pero no es así. Existen otros países que se han enfrentado y se enfrentan a problemas parecidos, y que, sin renunciar a la soberanía popular, han sido capaces de buscar y formular soluciones a los problemas, que es la mejor manera de fortalecer y consolidar su sistema constitucional. La solución, formulada explícitamente en Canadá con la Ley de Claridad, y aplicada dentro del mismo esquema conceptual por la Gran Bretaña en el problema de Escocia, consiste en abrir el camino para que las sociedades en las que se plantea el problema de la voluntad de secesión, se pueda tratar de saber con todas las garantías legales y de derecho, cuál es la mayoría que está a favor de la secesión.

Ante la cuestión que se plantea cuando se habla de esta línea de solución, la de qué significa una cesión a los nacionalistas y separatistas, es preciso afirmar que no es así, pues como lo articula claramente la Ley de Claridad canadiense, es el Parlamento canadiense y el Gobierno canadiense quien mantiene en todo momento, en representación de la soberanía popular del conjunto, el poder sobre el proceso: decide si se convoca o no el referéndum, decide el momento, decide la pregunta, decide el mínimo de participación requerido para ser tenido en cuenta, define la mayoría necesaria para que el resultado sea tenido en cuenta –en todo el territorio en el que se celebra el referéndum y en partes claras y delimitadas del mismo–, y en caso de que esa mayoría se dé, plantea la necesidad de negociaciones para aclarar cuestiones económicas, financieras y patrimoniales.

Si, por poner un ejemplo, el 80% de los catalanes, incluyendo un porcentaje también mayoritario, digamos, en Barcelona capital, difícilmente puede España pretender mirar a otro lado: la situación sería insostenible, incluso a nivel europeo e internacional.

Ante la situación lo mejor es confiar en la fortaleza de la Constitución española, en su capacidad de encontrar salida para situaciones conflictivas, tomar las riendas de la solución en lugar de estar a expensas de las iniciativas, de los planteamientos y de los plazos puestos por los otros, clarificar lo que es posible y lo que no es posible, y cómo es posible, sin caer en cesiones previas, manteniendo siempre el control sobre el proceso. Eso supondría un esfuerzo por objetivar la situación problemática, por sacar el problema del plano sentimental –podemos satisfacer nuestros sentimientos más fáciles diciendo lo malos que son los nacionalistas catalanes, o lo manipuladores que son de la historia y los sentimientos, o lo que mienten sobre la realidad de las relaciones financieras con España, pero no sirve de nada–, sacar el problema del plano de la confrontación política demagógica, obligando al otro a hacer lo mismo, supondría exigir lealtad a un marco constitucional en cuya capacidad de resolver problemas no sólo se confía sino que se pone a prueba en la práctica.

Dicho sea todo esto sin mucha esperanza.

Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.

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