La Constitución, hoy más que nunca

La crisis del Covid-19 ha impuesto claras transformaciones en la dinámica del mundo, que en ciertos ámbitos –el de la salud pública es el más evidente– pueden, e incluso deben, marcar un antes y un después: más que de transformaciones coyunturales, se trata de un auténtico cambio de paradigma. Con un impacto semejante, se comprende que estudiosos y analistas quieran proyectar la mirada al futuro para dimensionar también los efectos que la pandemia producirá en otros terrenos: en la economía –donde nuestro país ha recibido golpes especialmente duros–; en el terreno social, que resulta inseparable del anterior; y también en el político, porque la experiencia histórica enseña que las grandes depresiones económicas pueden acabar pasando factura a la calidad democrática.

Sin embargo, es justamente la gravedad de nuestra crisis la que exige que España se empeñe hoy, con más celo que nunca, en preservar y defender el sistema democrático consolidado a lo largo de cuarenta y dos años. En primer lugar, porque la recuperación de la economía exige estabilidad, que es condición sine qua non para implementar políticas eficaces, consecuentes, capaces de reconducir el país, coherente y sostenidamente, a la senda del crecimiento y del empleo.

Es la estabilidad, además, la que nos granjea la confianza de los inversores, de los turistas, de la comunidad internacional y, especialmente, la de nuestros socios europeos. Cuando se percibe que un país atraviesa por un proceso de debilitamiento institucional, se da por hecho que su capacidad para responder a los desafíos se encuentra mermada; que será incapaz de implementar medidas eficaces; que las soluciones y los remedios resultarán siempre boicoteados por la voluntariedad de liderazgos tóxicos.

Dos requisitos son fundamentales para demostrar la efectividad de un sistema democrático. El primero de ellos es que se respete la división y la independencia de los poderes públicos. Ese deber no remite únicamente a los principios rectores de la Constitución española, sino a la esencia misma del pensamiento constitucional: recordemos que, antes de aprobar Francia su primera Ley Fundamental, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establecía ya, en su artículo 16, que «una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución». El otro testimonio acerca de la efectividad democrática es el adecuado funcionamiento del Estado de derecho. A ello se refirió, con meridiana claridad, el Presidente de las Cortes constituyentes, don Antonio Hernández Gil, durante la sesión plenaria en la que fue aprobado el texto de nuestra Carta Magna: «Pieza clave de la estructura constitucional es la libertad», dijo entonces. Y a continuación desarrolló la idea: «Sin libertad, paradójicamente, todo faltaría y todo sobraría, pero no es una libertad fruto de la abstención del derecho. Libertad porque no hay derecho, no. Es una libertad fruto del derecho, una libertad perseguida como aspiración del derecho». Efectivamente, el derecho –la ley, que emana de nuestro ordenamiento constitucional– es en democracia el instrumento que garantiza la libertad, la igualdad y la justicia. Son las reglas de ruego sobre las que se asienta la seguridad jurídica; y esta saltaría por los aires si la ley se convirtiese en una cosa maleable, que los gobernantes pueden cambiar cuando les plazca, no en beneficio de todos, sino con el único propósito de sustraer sus deseos al control de las instituciones.

La democracia española tiene muy buenas razones para reafirmar su compromiso con el pacto constitucional. Ciertamente, algunas de esas razones son históricas, y se nos presentan bajo la forma de una deuda que tenemos contraída con la buena voluntad de quienes hicieron posible la Transición –admirable y aleccionador proceso que impidió reabrir las heridas del pasado; que logró conciliar las posturas más divergentes para impulsar un mismo proyecto democrático; y que convirtió ese proyecto en la base de un espectacular desarrollo social y económico, con el que nuestro país ha llegado a situarse entre las naciones más avanzadas del mundo.

Sin embargo, no es en el pasado donde la Constitución confirma su vigencia, sino en el país que nos permite seguir construyendo y en la sociedad que nos permite seguir mejorando. Nadie puede quitar la razón a quienes dicen que desde el 78 ha pasado mucho tiempo y España ha experimentado muchos cambios: así es, y todos ellos han encontrado en la Constitución un marco inclusivo, integrador, favorable a la evolución y al desarrollo de nuestros derechos.

En todos los niveles territoriales, la Constitución ha permitido que gobiernen partidos y formaciones de los más diversos signos ideológicos. Las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso se encuentran hoy lideradas por hombres y mujeres de menos de cincuenta años, y a ese relevo generacional no ha sido tampoco ajena la Corona. Lejos de enmarcar un retrato en sepia de nuestro contexto político, económico y social, nuestra Ley Fundamental ha demostrado su enorme aptitud para incorporar las transformaciones del país, y para ayudar a producirlas cuando se trata de ampliar nuestros derechos, de fortalecer nuestras instituciones, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque, sin los elementos constantes que aporta la Constitución –defensa de la convivencia, del pluralismo, de la libertad, de la igualdad y de la justicia–, no solo habría sido imposible progresar, sino que experimentaríamos una costosa y lamentable involución.

En su breve pero importantísimo tratado sobre la quiebra de las democracias, Juan José Linz valoró la aparición de «problemas irresolubles», pero dejó claro que, en muchas ocasiones, no eran las circunstancias objetivas las que hacen irreso-luble un problema, sino la tenacidad de ciertos dirigentes para considerarlo así.

En efecto, quienes niegan nuestros logros democráticos pueden enrocarse en su obsesión por demolerlo todo antes de pensar siquiera en la forma de seguir adelante; o pueden entregarse a experimentos que, lejos de estar avalados por el éxito en otros tiempos y lugares, suelen tomar derivas muy poco deseables. Pero una política responsable, generosa y constructiva sabe perfectamente que un reto como el actual puede enfrentarse con éxito siempre que se aparquen los intereses y las ambiciones parciales, para trabajar –tal y como sucedió hace cuarenta y dos años– por este espacio común de libertades y de bienestar que es y debe ser España.

Ana Pastor

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