Nuestra Constitución cumple 43 años de vigencia. Su aprobación en nuestra dorada Transición respondió a un espíritu modélico de responsabilidad, diálogo y consenso entre las fuerzas políticas y sociales, vital para un periodo transcendental en la historia de España: el tránsito de la dictadura a la democracia. La Carta Magna, la Constitución de la concordia entre los españoles, consagra nuestro sistema de libertades y derechos, la Monarquía parlamentaria como forma política, nuestro modelo de organización territorial, los poderes del Estado o los principios rectores de la política social y económica de nuestro país. En base a sus valores supremos se ha alcanzado un grado extraordinario de bienestar y modernización para el pueblo español. La Constitución es el mayor logro colectivo de nuestra historia. Por ello debe ser siempre celebrada y su espíritu incorporado continuamente a la política diaria.
En estos últimos años, en los que desgraciadamente en política se practica más la división que el acuerdo, hay quienes se empeñan en trasladar a la sociedad que la Transición fue un problema más que una solución. Los revisionistas abundan y la polémica ha alcanzado de lleno a la Constitución, su más valioso éxito.
No discutimos la legitimidad del debate sobre diversas actualizaciones o reformas que, con razón, puedan plantearse tras más de 40 años de andadura constitucional. Es evidente que determinados aspectos del texto constitucional deben ser ajustados a la realidad de una nueva España, muy distinta a la de los años 80. De hecho, ya se incorporaron aportaciones referidas al derecho de sufragio de los ciudadanos europeos y a la necesaria estabilidad presupuestaria.
No compartimos el prisma interesado, a veces con tintes destructivos, desde el que se formulan las críticas o las sugerencias, muchas veces oportunistas, o las ocurrencias sobrevenidas sobre diversas cuestiones de orden constitucional, que más que unir pretenden dejar estigmatizado al oponente. La reciente propuesta sobre la inviolabilidad del Rey o la pretendida eliminación del Estado autonómico son buena prueba de ello.
Creemos que en esto la izquierda ha llevado la batuta, incluso una parte radical de ella ha ido más allá y late realmente en sus propósitos el deseo de un cambio de régimen político. Sí, hay quienes pretenden derogar la Constitución para convertirnos en una república de corte populista, debate reiterado en las habitualmente nada constructivas redes sociales. En el mismo nivel de ruptura se sitúan el independentismo, abiertamente contrario a la unidad de España y a la igualdad de los españoles establecidas en la Constitución.
Desgraciadamente, también el socialismo ha entrado en esa dinámica perturbadora no sólo al coaligarse con quienes arremeten claramente contra los valores constitucionales, sino también con vanas ideas como la España multinivel, propuestas federalistas simétricas y asimétricas o legislaciones como la referente a la Memoria Histórica; todas incompatibles con los consensos necesarios para abordar los problemas del presente y los retos del futuro.
Ojalá el socialismo de Pedro Sánchez rectificara porque siempre es el momento de fortalecer el consenso constitucional. Los grandes cambios y reformas que necesita España requieren del acuerdo que demanda la Tercera España, la España que huye de los bandos.
Y es ésta la responsabilidad de los dos grandes partidos de gobierno, PP y PSOE: alcanzar pactos determinantes que fortalezcan España y que integren a todos los ciudadanos.
El gran acuerdo pasa por infundir vigor a la propia Constitución, defender sus principios, valorar su vigencia y rechazar, desde la unidad de los dos grandes partidos, a los enemigos del orden democrático: el populismo y el independentismo. Cualquier modificación que afecte a las reglas de juego de nuestra arquitectura institucional debe contar con un respaldo amplísimo. Cuando el consenso constitucional se fortalece y mejora el bienestar de todos, el populismo no tiene espacio para crecer. Por otra parte, la respuesta a los independentistas no puede ni debe abordarse sin la concertación previa de populares y socialistas.
Solo desde esta unidad, es oportuno afrontar actualizaciones serias de la propia Constitución, como la sucesión de la Corona o los nuevos paradigmas medioambientales, entre otros asuntos.
Este espíritu de concordia constitucional debería trasladarse a grandes acuerdos desde los que afrontar los asuntos de Estado, las políticas a medio y largo plazo y los desafíos que tiene la sociedad: el sostenimiento del estado del bienestar, la digitalización, el reto demográfico o la formación de los jóvenes, asunto este último de vital importancia. Desde la autocrítica debe revisarse el modelo competencial en materia educativa. Del mismo modo, la viabilidad de nuestro sistema de pensiones es asunto urgente y crucial, que requiere del compromiso de los dos grandes partidos. Es el momento de solicitar a los líderes políticos generosidad y huir del cortoplacismo.
Esos pactos constituirían un trascendental servicio a España y pondrían en valor la utilidad del bipartidismo, tan necesaria para la estabilidad institucional, la eficacia de las políticas públicas y la recuperación del crédito de nuestra democracia.
Celebremos, pues, el aniversario de la Constitución con el deseo de renovar el mismo espíritu de concordia que sentimos hace cuarenta años y así construir un nuevo tiempo de prosperidad para todos los españoles.
Javier Arenas es senador y Rafael Salas, ex senador.