La Constitución y los valores de la comunicación

España es hoy una sociedad abierta y dinámica porque dispone desde hace ya 40 años de un marco de referencia normativo que garantiza su desarrollo integral: la Constitución de 1978. El texto se fundamentó en un gran consenso político y social, en un ejercicio colectivo de redención de los belicismos del pasado y en una transacción histórica entre enemigos anteriores. Ese pacto de convivencia quedó reflejado, además de en la forma y el modelo de Estado, en un elenco de derechos y libertades que han conformado, con su ejercicio, ciudadanos cada vez más responsables, críticos y exigentes.

Los profesionales de la comunicación hemos contraído con los valores de la Constitución española una deuda de gratitud infinita. La formulación del artículo 20.1 de la Carta Magna que reconoce el derecho a la libertad de expresión, que es la libertad significante de las mejores democracias, ha creado un marco de protección al intercambio de ideas, propuestas, innovaciones y creatividades que ha enriquecido nuestro país y le ha dotado, además, de una personalidad democrática irreversible.

Es cierto que la disrupción tecnológica está alterando los paradigmas de la libertad de expresión, obligando a repensar nuestro oficio de comunicadores -sea desde el periodismo, desde la consultoría especializada o desde la empresa- pero el paraguas protector de la Constitución no ha avejentado el marco de referencia en el que desarrollamos nuestra labor, que es transformativa de la sociedad porque al comunicar se empodera a los ciudadanos, se logra una mayor autenticidad en el principio de representación política y se alcanzan niveles extraordinarios de transparencia en el ámbito empresarial.

En España, tras 40 años de vigencia constitucional, podemos afirmar con Orwell que la libertad de expresión consiste en «decir lo que la gente no quiere oír» o repetir con Voltaire que, pese al desacuerdo con nuestros interlocutores, defenderíamos con nuestra vida su derecho a expresar su discrepancia. La Constitución, en definitiva, ha creado un ecosistema que, basado en la libre comunicación, permite que se desarrollen todas las demás libertades de las que se desprenden los criterios éticos y cívicos para combatir los grandes contravalores de nuestro tiempo: los bulos, las noticias falsas, las versiones alternativas, la emotividad engañosa, la opacidad en los asuntos públicos y la corrupción. Y permite blindar también a nuestra sociedad de los fenómenos políticos emergentes que se valen de esas estratagemas de falsedad para instalar regímenes que tienden a la autocracia, la insolidaridad, el aislamiento y el nativismo, como expresión de una profunda desconfianza en las ventajas y oportunidades de la globalización.

Después de cuatro décadas de vigencia constitucional, se plantea por algunos la conveniencia de una reforma. Es aceptable porque las constituciones no son dogmas de fe. Tampoco la nuestra. Pero sí requieren de un contexto político y social que preserve sus valores y sobre todo requieren de un amplísimo consenso, que es el que a la actual vigente le ha dado legitimidad y continuidad. Cualquier reforma deberá construirse también sobre un consenso similar. Por lo que a la preservación de los valores de la comunicación se refiere, y pese a los desafíos tecnológicos, la era digital y la irrupción de la robotización con fuerte repercusión sobre algunos derechos ciudadanos, la Constitución sigue siendo perfectamente válida porque todas esas nuevas realidades y desafíos se manejan con normas de menor rango y con políticas sectoriales concretas.

En ese contexto, los valores que permiten una comunicación libre y transformativa se conectan con la denominación de «revolución del propósito», que consiste en la razón de ser corporativa de una empresa, que define su rol en la sociedad en coherencia con sus aspiraciones y que va más allá del negocio lucrativo. Hoy en España es posible realizar esta formulación cívica de las empresas porque el país dispone de una determinación ética a la que ninguna realidad con proyección general -sea pública o privada- puede sustraerse. Las estrategias empresariales se valen de ese propósito, de esa razón de ser, y convierten su actividad en un planteamiento con fines diversos. Por un lado, los propios del negocio, pero, al mismo tiempo, los de la excelencia, los del fomento del talento y los deontológicos en la actividad que se desarrolle. Se contribuye así a una sociedad mejor.

El propósito empresarial es una forma de objetivo intangible pero susceptible de una cuantificación a medio y largo plazo que sólo es posible cuando se dan las condiciones para que circule la información veraz y el conocimiento contrastado. Frente a las gravísimas distorsiones que dejó la gran crisis económica, social e institucional del 2008-2014, los valores de la comunicación que transmiten los propósitos de los agentes sociales proporcionan la esperanza de que los males pasados no regresarán. Para que este objetivo sea posible es imprescindible reivindicar la seguridad jurídica, la vigencia permanente de las libertades, la exigencia de los deberes ciudadanos y el cumplimiento del principio de solidaridad. Nuestra Constitución garantiza un espacio público de libre circulación de ideas, de proyectos y también de propósitos, y garantiza -y esto es fundamental- que la sociedad, como ciudadanía y como mercado, emita sus veredictos con libertad.

Las constituciones políticas, por abiertas y garantistas que sean, no crean por sí mismas las condiciones de una democracia. Hace falta una sociedad de ciudadanos libres en la que se genere una aspiración colectiva de excelencia y de recompensa del mérito, del esfuerzo y el reconocimiento a los comportamientos deontológicos. La democracia necesita, además de un marco constitucional como el que tenemos en España, un esfuerzo colectivo en forma de propósitos que converjan en un objetivo común: hacer una sociedad más justa, más igualitaria y con ambición de futuro, tanto material como moral. El gran instrumento para ese progreso está en buena medida en los valores de la comunicación que esta Constitución de 1978 ampara como ninguna otra en nuestra historia, y de una forma tan cierta y auténtica como en las otras mejores constituciones de los países con los más altos estándares democráticos. Celebremos sus 40 años.

José Antonio Llorente es fundador y presidente de Llorente&Cuenca.

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