Ayer fue el día elegido. Quienes desayunaran leyendo el Boletín Oficial del País Vasco probablemente se atragantarían al ver publicada la Ley sobre la consulta popular del lehendakari. Cierto sosiego se produjo sólo unas horas después, las que tardó el Gobierno en impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional.
Hay que recordar los movimientos dados hasta aquí. Primero, la Mesa del Parlamento vasco, gracias a la mayoría que posee el tripartito, dio luz verde a la consulta que pretende hacer el Gobierno vasco en torno al final dialogado de ETA y a la autodeterminación vasca. Después, el pasado 27 de junio, el pleno de la Cámara aprobó, con la ayuda del brazo político de ETA, la ley para permitir la citada consulta.
Lo cierto es que en este circo político todos los partidos vascos han jugado su papel; no ha habido sorpresas. Una de las razones principales que esgrimen los nacionalistas para llevar a cabo la consulta no es la existencia de ETA o del terrorismo, sino el «hastío» que -según dicen- padece la sociedad vasca bajo el marco jurídico actual. El problema, por tanto, no es otro que la propia España, que habría impuesto este marco jurídico. Esta explicación en nada difiere de una de las principales razones por las que muchos jóvenes se alistan en las filas de ETA, y se consideran a sí mismos -y son considerados por un sector importante del nacionalismo- como grandes patriotas.
Y en este contexto, unos y otros se reparten los papeles. El lehendakari, con los deberes bien hechos por parte de las Consejerías de Educación y Cultura, intenta crear y fomentar un ambiente y una cultura exclusivamente nacionalistas. Y por parte de ETA, se sigue tratando de establecer una dictadura del terror, eliminando físicamente a todos los que intentan protestar (no se puede olvidar que ya hay cerca de 1.000 muertos a manos de los terroristas, y que más de 200.000 ciudadanos hemos tenido que abandonar el País Vasco). Pero para combatir esta situación, lo único que propone el lehendakari es su consulta al pueblo vasco. No me cabe duda de que, así las cosas, llegará el día en que ETA pedirá al PNV que le reconozca y le agradezca los favores prestados al nacionalismo.
La consulta consiste, pues, en que el ciudadano vasco exprese lo que quiere ser y que se respete su decisión. Y, claro, después de tantos años de siembra nacionalista, los promotores de la iniciativa esperan buenos resultados. Aunque, si fuesen malos, volverían a la carga y, con más inyección de nacionalismo, plantearían de nuevo la consulta en un futuro hasta que los resultados les sean satisfactorios. Porque ésa es la esencia del nacionalismo: reivindicar siempre, hasta salirse con la suya.
El lehendakari Ibarretxe se ha atrevido en las últimas semanas -ayer volvió a hacerlo- a repetir que la consulta es plenamente legal, plenamente constitucional y plenamente democrática. No me meto en el terreno legal ni en el constitucional. Ni tampoco me voy a detener en los argumentos históricos y económicos para juzgar la bonanza o la desgracia de la consulta para el País Vaco y para España.
En cambio, sí me interesa, y por ello protesto con todas mis fuerzas, hacer un comentario acerca de la afirmación de que la consulta es plenamente democrática. Antes al contrario, no me cabe duda de que atenta contra la democracia y contra toda ética. Hace años, los que hablaban de la posibilidad de realizar en un futuro una consulta popular sobre la hipotética autodeterminación vasca -y casi nadie les contradecía-, afirmaban que, para ello, primero era requisito indispensable que el País Vasco disfrutara de un periodo largo de paz, en el que todos los ciudadanos pudiesen manifestar sus opiniones a favor o en contra, con toda libertad.
Sin embargo, ahora que no se cumple esta condición de mínimos -aún está muy reciente el último asesinato de ETA-, el Gobierno vasco ha puesto fecha para la celebración de su consulta: el 25 de octubre. No importa que ETA siga matando cuando quiere, extorsionando económicamente a muchos empresarios, atacando a las empresas que trabajan en la construcción de la línea de tren de Alta Velocidad vasca, etcétera. Ni que muchos ciudadanos vascos -no nacionalistas- vivan con escolta y más de 200.000 se hayan exiliado del País Vasco por las amenazas de ETA.
Y lo más grave de esta situación, que hay que denunciar también, es que ha sido el nacionalismo precisamente el que ha habilitado políticamente a los terroristas desde el nacimiento hasta el día de hoy. Las distintas instituciones del País Vasco han jugado siempre a favor de los proetarras, y en contra de sus víctimas y sus opositores. Apoyo que no es exclusivo de los nacionalistas, sino que también practica IU-Ezker Batua.
ETA ha impuesto en el País Vasco una de las dictaduras más crueles que se puedan imaginar. Entre otras razones, por la nebulosa que envuelve todo. Oficialmente, existe libertad; sin embargo, la vida real está dominada por el imperio del miedo total. No se respetan los derechos humanos primarios. La sociedad vasca está rota. Una parte, la nacionalista, disfruta de todos los derechos, y la otra parte, la no nacionalista, ni siquiera puede expresarse libremente. Los no nacionalistas debemos vivir con escoltas físicos, que nos proporciona la Administración, y con los escoltas silenciosos e invisibles que se impone uno mismo.
Y donde no hay libertad, no hay más vida que la de los cementerios. A los no nacionalistas se nos descalifica, no se nos escucha, se nos acusa de antivascos, porque solamente los nacionalistas se creen vascos.
¿Qué ha hecho el Gobierno Vasco contra la dictadura del terror impuesto por ETA? Muy poco, por no decir nada. Pone la mano en el hombro de la víctima y también en el hombro del terrorista. Conducta muy cínica. En esta situación en la que vivimos, no me cansaré de denunciar la consulta del lehendakari como gravemente inmoral y nada democrática.
Me da vergüenza, como vasco que soy, que haya quienes pretendan plantear preguntas como la del lehendakari a una sociedad en la que el 50% no vive, porque vive sin libertad, con mucho miedo. Y eso no es vivir. ¿Por qué no va también el Gobierno vasco a los cementerios a proclamar su consulta, por la que no recibirá, con toda seguridad, ninguna protesta?
La ética cristiana e incluso el Código Penal nos prohíben cruzarnos de brazos. Seríamos cómplices. Por eso hago aquí mi protesta más firme contra la consulta del lehendakari. La paz la tenemos que construir entre todos. No descalificando, ignorando a la mitad de la población, como pretende el Gobierno vasco. Necesitamos una paz basada en la justicia, que ampare los derechos más elementales de todos los ciudadanos. No nos podemos contentar con la denuncia al Tribunal Constitucional. Sería de ingenuos. Porque muchos, por lo que estamos viendo estos últimos años, hemos perdido la confianza en la Justicia española, cada vez más desprestigiada y sometida a los caprichos políticos.
Por mucho Estado de Derecho que los políticos proclamen que hay en el País Vasco, la realidad es muy distinta. La democracia hace aguas, no tiene ninguna vigencia. Desgraciadamente, ETA impuso hace ya muchos años su dictadura del miedo.
Jaime Larrínaga, sacerdote y presidente del Foro El Salvador.