La contrarreforma autonómica

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en el 2010 simboliza un punto de inflexión, pero hay signos que desmienten el recurrente título del Estado-más-descentralizado-del-mundo. Ese mito choca con un mapa competencial mutante y progresivamente jibarizado; unos presupuestos autonómicos con crecientes controles estatales usados como arma de control político y un nivel relevante del gasto condicionado.

Desde el 2011 se ha intensificado un proceso de recentralización competencial y limitación de la autonomía política y económica que se suma a problemas latentes por una inacabada asunción de la descentralización (Senado, sistema electoral, participación en la UE…). La crisis ha actuado como facilitadora de una parte de esta agenda recentralizadora por la vía de recortes en áreas competenciales autonómicas, el control político central sobre los presupuestos y la pérdida de una herramienta clave para la inversión productiva con la bancarización del sector financiero.

Pero hay otras medidas desconectadas de esta agenda, como las relativas al currículo escolar en la LOMCE, el sometimiento a autorización de los viajes autonómicos al exterior o la práctica invisibilidad de la diversidad cultural y lingüística, que revelan una lógica de rechazo hacia la descentralización política y la diversidad.

Las férreas directrices centrales sobre el presupuesto y la tasa de reposición del empleo público -los dos principales instrumentos para las políticas autonómicas- desactivan políticas diferenciadas.  Además, las dos últimas legislaturas han desatado un verdadero barrido recentralizando ámbitos clave, especialmente en las competencias ligadas al bienestar (tarjeta sanitaria, educación, vivienda…) y la actividad económica.  Acompañado de un recurso sistemático ante el TC contra la legislación autonómica para paliar los efectos de la crisis en los más vulnerables (vivienda social, pobreza energética, cobertura sanitaria…). La voluntad estatal de entrar en la esfera de gestión cada vez con mayor frecuencia provoca un “preocupante efecto corrosivo” sobre el mapa competencial, como recordaba el voto particular a la STC 165/2016.

La competencia estatal de ordenación de la economía ha sido usada con profusión para condicionar la legislación y someter a control previo proyectos normativos autonómicos. La Ley de Garantía de Unidad de Mercado simboliza ese neocentralismo. Una suerte de LOAPA bis con superpoderes para la CNMC con una doble cara desreguladora y recentralizadora.

Estas legislaturas han estado también caracterizadas por la fijación sin consenso por parte del Gobierno central de cuestiones clave como el reparto de los objetivos de déficit o los mecanismos para la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la UE.

La evidencia del grado de tirantez que ha provocado este tsunami centrípeto está en las cifras récord de conflictividad ante el TC, tan solo comparables con algún año de Aznar o los iniciales años 80. Una conflictividad que coincide con un periodo de jurisprudencia constitucional altamente deferente con las competencias estatales y cambiante con respecto a fallos previos.  Pero incluso aquellos ámbitos en que el TC ha sido más favorable a las comunidades autónomas, el Gobierno central ha ignorado fallos, como con la subasta de medicamentos andaluza, el reparto de las ayudas sociales con el 0,7% del IRPF  o el cierre de las oficinas catalanas en el exterior, acentuando la inestabilidad del reparto competencial.

Por otra parte, el plano institucional no es ajeno a la ola recentralizadora.  El informe CORA puso en marcha un ‘cepillado’ de duplicidades en órganos autonómicos de control de las estructuras de poder y los derechos de los ciudadanos (defensores del pueblo, consejos de cuentas y consultivos) que se une la configuración exclusivamente central de los principales órganos constitucionales y organismos, en claro contraste con lo que sucede por ejemplo en Alemania.

Resulta sorprendente que este panorama de profunda recentralización, con raíces no solo competenciales, sino también presupuestarias, institucionales y simbólicas, se haya producido sin que exista una percepción generalizada del grado de desfiguración del marco constitucional que implica. Una contrarreforma, en definitiva, de las bases sobre las que se asienta el autogobierno, cada vez más limitado en cuanto a su autonomía política, por la volatilidad del espacio competencial propio y la incisividad del control presupuestario, y con una peligrosa deriva hacia una descentralización meramente administrativa.

Alba Nogueira, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Analista de Agenda Pública.

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