La contrarreforma cubana

La reforma cubana logró un estatuto conceptual sólido, pero entre 2011 y 2016 —entre el VI y el VII congresos del Partido Comunista— pareció avanzar lentamente. Los más acreditados economistas de la isla y la diáspora consideraron insuficientes los llamados “lineamientos”, aunque admitieron que se trataban del punto de partida para un sector no estatal que facilitaría el tránsito a un socialismo de mercado. A partir del séptimo congreso, después del popular viaje de Obama, se han dado indicios de una contrarreforma. En la política económica, las relaciones internacionales, la ideología y la cultura, vemos una reafirmación de la hegemonía del Estado, que se refleja también en el aumento del control de la esfera pública, las redes electrónicas alternativas, la represión de la sociedad civil y la oposición y el endurecimiento de la retórica oficial.

Estudios recientes arrojan que en 2015 los trabajadores por cuenta propia, los usufructuarios agrícolas, los empresarios inmobiliarios y los cooperativistas de servicios representan cerca del 30% de la fuerza laboral. Sus posibilidades de crecimiento son grandes, ya que el Gobierno ha reconocido que por lo menos dos millones de trabajadores sobran en el ámbito estatal y podrían incorporarse a la pequeña o mediana empresa.

Los expertos argumentan que si bien los emprendedores obtienen ganancias, ven frenada su expansión por el alto coste de los insumos, el bajo precio pagado por el acopio y la variada y gravosa carga de impuestos. A los empresarios extranjeros que invierten millones, se les concede una moratoria fiscal de ocho años. A los depositantes en cuentas, en cambio, les aplican gravámenes de hasta el 58%. Además de pesados, los impuestos mensuales y anuales son múltiples: por ingresos, seguridad social, ventas, fuerza laboral… Y tienen la peculiaridad de ser menores mientras más gana el empresario: quien gana 300 pesos convertibles paga al fisco el 20%.

El incremento de la presión sobre el sector no estatal en el último año se corresponde con un giro en la política exterior más proclive a los tradicionales aliados de La Habana. En junio de este año, Raúl Castro fue anfitrión de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), donde reiteró su rechazo a la reincorporación a la OEA, que impulsa el secretario, Luis Almagro, y denunció a esa organización como “instrumento de dominación imperialista”.

La mala racha de las izquierdas gobernantes, confirmada en las derrotas del oficialismo en las elecciones legislativas venezolanas, del kirchnerismo en las presidenciales argentinas, de Evo Morales en el referéndum para la reelección, más la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, ha devuelto la isla a su viejo circuito ideológico. El mandatario pidió petróleo en carta pública a Vladímir Putin, que el Kremlin respondió fríamente, aludiendo a dificultades de pago de los cubanos, mientras Granma celebraba al régimen de Corea del Norte en los días de la quinta prueba nuclear de Kim Jong-un.

Castro viajó a la reunión del Movimiento de los No Alineados en isla Margarita, donde achacó las dificultades económicas y la represión política en ambos países a los “planes injerencistas y subversivos” del Gobierno de Obama. Luego regresó a La Habana para recibir al presidente de Irán, Hasán Rouhaní, quien ha recompuesto la alianza con Rusia ante el conflicto sirio y ha intensificado su retórica contra Washington, al que acusa de aliarse con los “terroristas”, no los del Estado Islámico, sino los opositores al régimen de Bachar el Assad.

La ideología y la cultura cubanas viven algo más que una reparación de daños simbólicos por la normalización diplomática. El acoso contra proyectos no oficiales, que van desde iniciativas reformistas como Cuba Posible hasta disidentes como Cubalex, se ha reforzado, junto con la sistemática neutralización del movimiento opositor, basada en arrestos preventivos. Nunca antes la negativa a conceder libre acceso a Internet se presentó tan claramente como una prioridad del control estatal sobre la esfera pública.

La estigmatización oficial no solo afecta a opositores sino a empresarios, activistas de organizaciones no gubernamentales y académicos reformistas, que apuestan, no por un desmantelamiento del Estado, sino por una limitación de su hegemonía. Con su contrarreforma, el Partido Comunista y el Gobierno de Cuba demuestran que no saben distinguir entre hegemonía estatal y dominio absoluto. Regir el país significa, para los líderes de ambas instituciones, impedir que circulen las voces del cambio y se muevan ideas alternativas al poder.

Rafael Rojas es historiador.

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