Las constantes amenazas de condenados por la justicia española por, a cambio de beneficios personales, denunciar presuntos coautores de sus entramados de corrupción, ha incrementado la presión en la opinión pública para que la legislación adopte un sistema de justicia ampliamente negociada, que regale la casi-impunidad a los chivatos. Es la posición que defiende, por influencia norteamericana, varios juristas, a propugnar, en líneas generales, que la pena de los soplones sea directamente negociada con el Ministerio Fiscal. Semejante ley, de momento, no existe en este país. Sin embargo, la experiencia latinoamericana, que recientemente se incrementa con la anulación de todas las sentencias en contra del exmandatario brasileño Lula da Silva, pone de manifiesto las incompatibilidades entre tal utilitarismo anglicano y nuestro sistema jurídico de inspiración latino-germánica. A raíz de ello, abandonando eventuales prejuicios epistémicos, los hechos en Latinoamérica, si correctamente interpretados, deben servir como argumento de resistencia a las fuertes presiones internacionales a que el instrumento del 'plea bargain' sea importado directamente a la Península.
Los vaivenes en las amenazas de reos españoles a delatar sus presuntos excómplices robustecen las tesis de que ese modelo utilitarista les motivaría a romper el círculo de silencio intrínseco a los delitos de corrupción. Más que eso, transferiría el aporte de pruebas para los primeros días de la imputación a ahorrar tantos años de espera a que tiren de la manta, a fin de punir ejemplarmente los que maltratan los caudales públicos.
Si bien es cierto que una ley de delación premiada funciona como catalizadora de la persecución por el Estado, el método pasa su factura a lo que es la legitimidad de la pena y, a mediano plazo, trae muchas inconsistencias en lo que concierne a la búsqueda de la verdad, ahora evidenciada por la anulación de todas las demandas penales contra el mentado mandatario brasileño. Una mínima revisión de esa experiencia puede demostrarlo a la saciedad.
En Brasil, la introducción de una amplia negociación de penas en el ámbito de la delincuencia organizada permitió la llamada 'Operación Lava Jato' que destapó, entre otros, el conocido 'Caso Odebrecht', hasta el punto de alcanzar el indiscutible puesto de la más grande operación anti-corrupción del mundo. Sus primeras ventajas fueron palmarias: en un país donde jamás se había visto un político de alto rango en la cárcel por haber defraudado las cuentas públicas, en pocos meses sólo en Brasil el Presidente de la Cámara de los Diputados más de un Presidente de la República y, por citar ejemplos, cinco exgobernadores del Estado de Río de Janeiro fueron a prisión. Desde luego, a nivel mundial el encarcelamiento de Lula da Silva resultó el más resonante, pero los tentáculos de la 'Lava Jato' alcanzaron a sus homólogos en países hispanohablantes: acusaciones contra Kirchner en Argentina, Santos en Colombia o, incluso, el triste suicidio de Alan García en Perú son directas derivaciones de la ley de delación brasileña.
Algunas desventajas teóricas del modelo de justicia utilitarista ya reposaban en los libros de doctrina, como la sensación de injusticia que provoca ver al delator disfrutando de beneficios al haber traicionado a sus compañeros; el distanciamiento entre una justicia penal de clase alta, que accede a los premios, y de clase baja, que no tiene pruebas interesantes que aportar a la Fiscalía; o la debilidad que demuestra el Estado al sentarse a mercadear con el delincuente, algo especialmente repugnante para la cultura española peninsular.
Pero el efecto más curioso que las experimentaciones latinoamericanas desvelaron no estaba previsto en las elucubraciones teóricas. Se trata de lo que ahora llamamos 'justicia direccionada', la cual no es más que una consecuencia ineludible del proceso de negociación. La Fiscalía, para poder decidir cuáles son las informaciones que se traducirán en beneficios para el delator, tiene que pre-dibujar una 'hipótesis acusatoria', eligiendo quiénes serán los blancos principales de su investigación. Al no hacerlo, en los grandes entramados de corrupción no hay como lidiar con el 'overload', el número enorme de informaciones que, al alcanzar a variopintos imputados, imposibilita formularse una acusación puntualizada. El próximo paso es que el Estado-acusador, para confirmar su propia hipótesis, solamente valore como dignas de premio las informaciones que alcancen a esos objetivos seleccionados de antemano. Y así está pavimentado el camino para que, aunque no sea ese el deseo consciente de las autoridades, la justicia se transforme en un instrumento político partidario, poniendo en peligro el equilibrio democrático. No pocas veces, con menos o más intención, las autoridades y la propia prensa toman como verdaderas las declaraciones de esos señores que se presentan como 'arrepentidos', convertidos al iluminado camino de ley y orden, cuando sencillamente luchan por su propia impunidad.
La reciente decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil para anular todos los procesos contra Lula da Silva pone la guinda del reconocimiento a esa antes inaudita consecuencia de la justicia negociada. En términos generales, confirma la tesis de que la velocidad que las delaciones imponen al procedimiento penal, sumada a los tortuosos caminos que hay que elegir para redactar un cargo inteligible, hace que las acusaciones abandonen, hasta el límite de lo intolerable, las rutas de las garantías ciudadanas de presunción de inocencia. En el caso Lula, ahora todo regresa a sus inicios, y lo que aparentaba ser un potente fermento de las investigaciones se convierte en un ingrediente que impedirá que la justicia penal venga a cuajarse. En otras palabras, el sistema de delación ha confirmado al final la impunidad penal de los poderosos en Latinoamérica.
De ahí que se pueda proponer una hermenéutica distinta para el afán peninsular por aprobar leyes que permitan, por el regateo penal, incentivos desproporcionados a los chivatos. En el contexto español, la eficacia del Estado puede dispensar esas precipitaciones legislativas confiando en que informaciones importantes aparecerán a partir de frugales concesiones al delator, como pequeños recortes de pena y beneficios penitenciarios proporcionados que la ley ya prevé. A eso se debe sumar la eficacia de las autoridades para aprovechar los motivos que naturalmente un imputado sedimenta para entregar al grupo, aunque eso tome su tiempo. Todo ello sin que el Estado, en el camino de aplicar las sanciones, haya perdido la legitimidad para imponerlas, por haberse doblegado en su diálogo con el delincuente.
Víctor Gabriel Rodríguez