En los últimos meses, es lugar común que muchos comentaristas políticos, que seguramente reflejan el sentir de una parte muy importante de la sociedad española, afirmen que la etapa de ruido y crispación que se vive en el ambiente político, no se corresponde en modo alguno con la bonanza y dinamismo de nuestro país y de nuestra economía, y desde luego con la tranquilidad democrática en la que los españoles deseamos vivir. Lamentablemente, esa actitud de crispación es la que tiñe toda la estrategia del Partido Popular, que parece convencido de que sólo en un contexto bronco y de fractura social logrará un vuelco político que le devuelva al poder.
Ante esta actitud del principal grupo de la oposición, vuelve a plantearse, y con gran crudeza, un asunto recurrente desde los inicios de la Transición democrática: la posición estratégica e ideológica de la derecha española, que en esta legislatura exhibe sin pudor una radicalización creciente que está empujando al PP hacia algunas posiciones más propias de la extrema derecha que de un partido con vocación centrista y moderada.
Conocido es que en España, a diferencia de lo que acontece en otros países de la UE, no existe, más allá de grupúsculos perdidos en la marginalidad, un partido de extrema derecha con implantación y representación parlamentaria. Es razonable preguntarse si en España no hay, sin embargo, una extrema derecha sociológica, de tintes autoritarios y perfil radical, que canalice en nuestro país las posiciones políticas que, por ejemplo, representan Jean-Marie Le Pen en Francia, Gianfranco Fini en Italia, o sus homólogos en Holanda o Bélgica.
Quiero dejar claro desde este momento que para nada considero al PP un partido de extrema derecha, aunque sí parece evidente que sectores y elementos reaccionarios anidan, y muy profundamente, en el seno del Partido Popular. Por decirlo llanamente, el PP no es Le Pen, pero Le Pen sí que está en el PP.
El asunto, como decimos, no es nuevo, y hunde sus raíces en el origen de las sucesivas formaciones que han encarnado el muy importante bloque político y electoral que la derecha representa en nuestro país, al igual que en el resto de democracias europeas. Ese origen pesa y nadie debería tomarse como un insulto lo que no es más que una obviedad: la derecha española acogió en su seno a la mayor parte de lo que hemos venido en llamar el franquismo sociológico.
Cuántas veces hemos elogiado el mérito del señor Fraga, que venía de donde venía, por integrar a la derecha radical en el gran partido conservador español, dejando sin margen político, y sin opciones parlamentarias, a quienes indisimuladamente proponían mantener un remedo del régimen anterior. Muchos hombres y mujeres ubicados en el franquismo, canalizaron sus aspiraciones a través de un partido que aceptaba las reglas de la democracia. El trabajo de Fraga constituyó un gran servicio a la democracia y a España, pero tuvo y tiene un coste: estoy convencido de que la historia de la derecha política española desde los comienzos de la Transición democrática, es, en buena medida, la historia de una tensión entre su citado entronque autoritario y reaccionario, de un lado, y la apuesta claramente democrática de otros sectores. Esas tensiones se pusieron bien pronto de manifiesto en un asunto trascendental para el futuro de España, como fue la aprobación de la Constitución Española en el Congreso. Aquel 31 de octubre de 1978, sólo ocho de los 16 diputados de Alianza Popular votaron a favor de la Carta Magna. Era una época en la que quien habría de ser con los años presidente del Gobierno, señor Aznar, calificaba en la prensa de "charlotada" la instauración del Estado de las Autonomías.
Estos pulsos en el seno de la derecha se ha decantado en los últimos años a favor de los sectores más derechistas y radicales, fuera de los cuales ahora mismo es muy difícil hacer política en el PP. La destitución fulminante del señor Calomarde como portavoz popular en la Comisión de Educación del Congreso, por el simple hecho de discrepar pública, pero muy argumentada y desde luego respetuosamente, de la deriva de su partido, es una demostración bien palpable de la tolerancia cero que los actuales dirigentes del PP mantienen hacia quienes quieren, legítimamente, defender en su partido una opción más moderada, centrista, europeísta y más social y liberal. No creo que el señor Calomarde se encuentre solo en estos planteamientos. Antes al contrario, apostaría a que buena parte de los votantes del PP coinciden con estas premisas y no con laderiva extremista que pretende perturbar el debate político en España.
Parece evidente que el elemento catalizador de las actuales tensiones fue la derrota electoral del 14 de marzo. Muchos podemos pensar que el PP se ganó a pulso aquel naufragio en las urnas: la guerra de Irak, ilegal, inmoral e injusta y secundada sólo para dar cobertura a la estrategia bélica de EE UU diseñada por los neocons, representó el punto álgido del desencuentro del PP con amplios sectores de la sociedad española. Y, desde luego, la escandalosa gestión del atentado del 11 de marzo, que el Gobierno trató de aprovechar en beneficio propio, desarrollando una brutal estrategia de la mentira, que aún continúa en nuestros días.
Pero, en todo caso, y con independencia de que a algunos les parezca adecuado o no que los electores desalojaran al PP del Gobierno, el hecho es que así sucedió. Desde ese momento, emergió con una fuerza inusitada la obscena convicción que tiene la derecha de que su sitio natural es el poder. Esa es la verdad desnuda: el PP, y ya han pasado tres años, no ha aceptado ni asumido interiormente el resultado de aquellas elecciones y, en consonancia con ello, ha desplegado una estrategia política destinada a recuperar el poder a cualquier precio, sin reparar en los medios empleados para ello. Al enarbolar ciertas banderas, el PP está dinamitando buena parte de sus señas de identidad democráticas, que la derecha española logró acumular a lo largo de los primeros años de democracia en España.
Este proceso de radicalización se ha traducido en numerosos aspectos de la vida política. En un partido conservador pueden ser comprensibles las reticencias a determinados avances sociales o a la promulgación de nuevos derechos para colectivos de ciudadanos. Pero no lo es que, en una sociedad democrática, se lleve la confrontación política a instituciones clave del Estado, sembrando al mismo tiempo dudas sobre la actuación de los jueces, los fiscales y los cuerpos de seguridad del Estado en relación con la investigación judicial y policial del 11-M. Y, en general, la lucha antiterrorista -y con ello, el propio fenómeno terrorista- ha sido empleado hasta la náusea para atacar al Gobierno y a su presidente, a quien se ha acusado nada menos que de traición a España, a las víctimas, y de rendición ante ETA.
La legítima discrepancia con medios de comunicación, el PP la ha convertido en un ataque brutal contra un grupo editorial. Desde una óptica democrática, es difícilmente tolerable que un partido responsable haga un llamamiento general a lectores, anunciantes y accionistas con el objetivo público de dañar la solvencia económica de este grupo, tratando así de amordazarlo.
Y hasta los símbolos nacionales han sido indebidamente utilizados. No reprocho al PP que emplee la bandera de España o el himno nacional, pero sí que los instrumentalice como arietes simbólicos contra el Gobierno de España. Y que lo haga, además, como soporte de un discurso político que reaviva lo peor de nuestra historia, dividiendo a los españoles entre buenos y malos. Eso y no otra cosa es lo que tan desatinadamente hace el señor Rajoy cuando dice que los españoles "sensatos y normales" son los que secundan las movilizaciones callejeras del PP, dando por sentado que existe otra España, insensata y anormal, la que no comulga con sus posiciones políticas. La verdad es un concepto un tanto sui géneris de la pluralidad democrática.
En estos momentos, vienen a mi memoria los valores que durante la Transición representó UCD. Es cierto que eran otros tiempos. Afortunadamente, después de casi 30 años de Constitución, España se ha convertido en una sociedad plenamente democrática que huye de los extremismos. Por eso creo que quien sienta que alimentando la crispación y la radicalización favorecerá un cambio político en nuestro país, se equivoca y además, gravemente. Ningún partido político monopoliza los valores y principios de la democracia, pero, honestamente, sería bueno que el PP recondujera su rumbo y se encaminara hacia el pleno respeto a las reglas de juego democrático, hacia la tolerancia y la moderación, hacia el respeto a sus adversarios y, sobre todo, a las instituciones.
Manuel Chaves González, presidente del PSOE.