El plan de recuperación post-pandemia de la Unión Europea representa una oportunidad histórica –así como un riesgo importante-. Después de negociaciones intensas, la UE acordó emitir deuda conjunta –por primera vez en la historia- para financiar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un fondo común que ofrecerá subsidios y préstamos a los estados miembro de la UE para enverdecer la economía, digitalizar nuestras administraciones públicas y reformar las economías rezagadas del bloque. Pero, a pesar de todos los elogios que merece el nuevo fondo, su éxito se juzgará según su resultado.
En otras palabras, los europeos esperan resultados, no escándalos. Esos fondos de recuperación de la UE no pueden terminar siendo utilizados para programas fraudulentos. Las perspectivas de una unión fiscal más estrecha y más robusta se verán perjudicadas si todo lo que recuerden los europeos del esfuerzo de recuperación es que los fondos beneficiaron a políticos corruptos, amigotes y estafadores.
El Parlamento Europeo era consciente de este peligro al crear el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como resultado de ello, el texto legal que gobierna la distribución de fondos incluye obligaciones estrictas sobre presentación de informes y transparencia, así como roles de supervisión esenciales para los organismos de monitoreo de la UE: la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la flamante Oficina del Ministerio Público Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo.
La lucha contra el mal uso de fondos de la UE no es nueva. La apropiación indebida de subsidios de la UE ya ha aparecido de manera prominente en la prensa en todo el continente. En 2018, una serie de investigaciones vinculó los asesinatos del periodista Ján Kuciak y su novia Martina Kušnírová a su investigación del mal uso de fondos de la UE en Eslovaquia. Al año siguiente, varios ministros del gobierno de Bulgaria renunciaron después de revelaciones de que habían malversado fondos agrícolas de la EU para adquirir bienes raíces. En Hungría, la oficina de lucha contra el fraude de la UE descubrió serias irregularidades en un proyecto de transporte de 1.700 millones de euros (2.000 millones de dólares) y en contratos negociados con el yerno del primer ministro para ofrecer alumbrado público. En total, entre 2014 y 2019, el organismo de lucha contra el fraude recomendó la recuperación de más de 6.000 millones de euros en subsidios.
Estos ejemplos ilustran los desafíos que enfrenta la UE a la hora de asignar los fondos de recuperación de manera efectiva. El Parlamento Europeo intentó proteger los fondos estableciendo criterios de evaluación rigurosos para el desembolso. Estos criterios son clave para entender el enfrentamiento actual entre la Comisión Europea y Hungría y Polonia. Los gobiernos de la UE necesitan explicar cómo planean protegerse del fraude al solicitar fondos. La legislación también incluye una cláusula que les otorga a los organismos de supervisión el derecho a acceder a datos relacionados con el uso de los fondos de recuperación.
Sin embargo, estos esfuerzos serán en vano si la UE no logra financiar sus sistemas de auditoría y control de manera adecuada. Por ejemplo, en la última propuesta presupuestaria de la UE, la Comisión Europea asume que cada miembro del personal de la oficina de lucha contra el fraude monitoreará 900 millones de euros en gastos de la UE. En 2010, ese mismo miembro del personal habría sido responsable de revisar 300 millones de euros. El último recorte se produce luego de una tendencia de diez años de recortar los recursos para el organismo de lucha contra el fraude. En 2010, la oficina contaba con 466 empleados; este año, esa cifra es de 376, aunque el dinero que se necesita supervisar cuando menos se ha duplicado. Los recursos del Tribunal de Cuentas Europeo y de la Oficina del Ministerio Público Europeo tienen las mismas falencias.
La situación parece aún más sombría si consideramos que la UE se está embarcado en la mayor ampliación de su presupuesto en la historia. El riesgo de fraude nunca ha sido mayor. La UE está gastando más dinero que nunca, pero las instituciones que hacen falta para mantener la credibilidad de sus gastos están desfinanciadas.
Esta combinación peligrosa instó a Renovar Europa (el sucesor de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa en el Parlamento Europeo) a presentar enmiendas al presupuesto a fin de aumentar sustancialmente los recursos de los organismos de auditoría y control de la UE. Darles a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a la Oficina del Ministerio Público Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo los medios financieros que necesitan para proteger el dinero de los contribuyentes europeos de una apropiación indebida y de un fraude es crítico para preservar la integridad del esfuerzo sin precedentes de la UE.
Hizo falta la reunión más extensa de la UE de la que tengamos recuerdo para crear el plan de recuperación. Algunos líderes tuvieron que invertir un capital político considerable para hacer posible el acuerdo. Es poco probable que tengan el mismo éxito la próxima vez si lo que los europeos recuerdan del programa es una serie de escándalos de corrupción y esfuerzos contenciosos para recuperar el dinero robado.
Luis Garicano, Head of the Ciudadanos delegation in the European Parliament, is Vice President and Economic Coordinator of the Renew Europe group.