La corrupción del nacionalismo vasco

Antes del verano se celebrarán elecciones autonómicas en el País Vasco. Una de las cuestiones que mayor incidencia tiene a la hora de apostar por una opción política, es el grado de confianza que nos merece a los votantes la correcta administración del dinero de todos por el partido que aspire a gobernar.

Cuando los responsables de una formación política se aprovechan de los cargos públicos para servirse y no para servir, surge la corrupción en cualquiera de sus versiones, para beneficio propio, del partido o ambas dos: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación o falsedad en documento público, son algunos de los tipos recogidos, al menos de momento, en nuestro código penal.

Hasta hace pocos años el PNV presumía, además de una supuesta magnífica gestión, de tener los cargos públicos más honestos, honrados y desinteresados del universo. Al final, como toda organización humana, el tiempo ha demostrado que no estaba vacunado contra la corrupción. Basta para ello recordar algunos casos como el del «burukide» alavés Alfredo de Miguel condenado a 12 años de prisión, los fallidos proyectos Hiriko y Epsilon, vinculados a la automoción, en los que desparecieron decenas de millones de euros de subvenciones públicas, el caso de los purines de Carranza en el que también se perdió la pista de 10 millones de euros gestionados por cargos del PNV o el museo Balenciaga de Guetaria cuyo alcalde, del mismo partido y condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión por administración desleal, inició su construcción con un presupuesto de 4,7 millones de euros para liquidarlo por 30.

En cualquier caso, la aspiración de estas líneas no es tanto la de repasar la corrupción relativa a la apropiación de lo ajeno, como la denuncia de aquella que tiene que ver con la acepción de «echar a perder, dañar o pudrir». La peor corrupción del separatismo vasco es de índole moral, tiene que ver con el incumplimiento reiterado del quinto mandamiento. Procede recordar en estos tiempos de blanqueamiento, que durante cincuenta años una organización terrorista surgida de las filas del PNV, se dedicó a matar, secuestrar, extorsionar y expulsar del País Vasco a todos aquellos que se opusieran a su proyecto totalitario y defendieran o representaran a España y la libertad.

Así pues, cuando llegue el momento de depositar el voto en la urna, conviene que los vascos nos olvidemos dónde se situó cada cual durante aquellos ominosos años y qué es lo que todavía hoy continúan haciendo algunos. Recordar quién practicó la violencia terrorista y quién contribuyó a terminar con ella o a prolongarla. Quiénes difamaron, señalaron y dispararon y quiénes, además de mirar para otro lado, eligieron sacar provecho de sus patriotas descarriados colando en nuestra Constitución artículos como el dos con sus nacionalidades o disposiciones de privilegio como la adicional primera o la transitoria cuarta para una futura anexión de Navarra que, como estamos viendo, ya está en marcha. Quién cuando las cosas se pusieron feas para el separatismo, prefirió estar en Estella antes que en Ermua. O también, para finalizar, aquellos otros que, por asegurar unos meses más en la Moncloa, no tienen inconveniente en pagar su estancia con una nueva ofensa a la memoria de las víctimas del terrorismo presentado como demócratas de toda la vida a las fuerzas auxiliares de la banda terrorista ETA. Entregar o no el Gobierno a estos partidos sin principio alguno es lo que toca decidir en unos meses.

Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco.

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