La corrupción desaparecida

Por Carlos Castresana Fernández, miembro de la Fiscalía Anticorrupción (EL MUNDO, 03/03/03):

Hace un año, en la apertura del Congreso del Partido Popular, su Secretario General aseguró que la corrupción ha dejado de ser un problema en España. Tomada como declaración de principios, tal afirmación resulta elogiable, pero si, como parece, pretendía ser una aseveración basada en los hechos, está bastante alejada de una realidad que no permite sostener que la sociedad, la economía y la política españolas constituyan a tal punto una excepción entre las sociedades democráticas avanzadas -salvo, quizá, los países nórdicos- en las que la corrupción, nos guste o no, es una presencia constante.

Basta mirar alrededor para comprender por qué España no puede ser ajena a la corrupción. El canciller Kohl, artífice de la reunificación alemana, tuvo que renunciar al descubrirse que había financiado ilegalmente a la CDU, y eludió la responsabilidad penal mediante un acuerdo con la Fiscalía. Jacques Chirac, imputado por la financiación ilegal del RPR desde la Alcaldía de París de la que fue titular, ha evitado también su responsabilidad penal amparándose en sus prerrogativas como Presidente de la República. En Italia, la corrupción generalizada del sistema político conocida como Tangentópolis originó la reacción de los jueces y fiscales de mani pulite a partir de 1991, y tres años más tarde, cuando se procedió a la disolución del Parlamento, dos terceras partes de los diputados y senadores habían sido procesados. En Estados Unidos, el presidente Clinton aprovechó las últimas horas de su mandato para indultar a 40 amigos. George W. Bush no se ha quedado atrás: apenas tomó posesión, puso en marcha un vasto programa energético al que no eran ajenas, según vamos sabiendo, las generosas donaciones para su campaña electoral de los poco escrupulosos gestores de Enron y otras grandes compañías.Podríamos seguir.

La corrupción ha modificado en los últimos años sus características esenciales, ha profundizado su presencia en todas las administraciones públicas, ha superado el marco de las conductas individuales y se ha convertido en una fuente de deterioro sistemático de los presupuestos; pone en peligro el funcionamiento regular de las instituciones, y en los casos extremos, como el de Argentina, supone una amenaza para la estabilidad del sistema político y económico. El centro de decisión está cada vez menos en el poder político y más en el mercado.

La carga económica que supone la corrupción recae sobre el conjunto de los ciudadanos, que deben soportar una presión fiscal que sería mucho menor si los Estados fueran capaces de combatirla eficazmente. La creciente liberalización económica, la desaparición de las fronteras comerciales, la mejora en los medios de transporte y el desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación, no han venido acompañados de la modernización paralela de los sistemas de vigilancia, control, y lucha contra el fraude, que han sido manifiestamente desbordados.

La corrupción no puede ser ya contemplada sólo desde el punto de vista de la moralidad de los empleados públicos: es inherente al sistema económico y político. Los corruptores de hoy son empresarios importantes, respetados por la sociedad y ensalzados por los medios de comunicación, mayoritariamente controlados por ellos; no tienen en la corrupción otro afán de lucro personal que el derivado del negocio que dirigen, en el cual los sobornos a funcionarios públicos tienen la consideración de gastos necesarios. Los corruptos de hoy son muchas veces importantes líderes políticos elegidos democráticamente, gozan de gran popularidad, y aceptan los sobornos, para sí, para sus partidos políticos, o para financiar sus campañas electorales, con la naturalidad de quien los considera precisos para mantener el statu quo en una contienda política muy competitiva.La corrupción también destruye el principio de igualdad y adultera el sufragio.

Nuestro país pertenece a esa realidad, y sólo desde el desconocimiento, voluntario o no, puede sostenerse lo contrario. Aunque nunca faltan nostálgicos, pasó el tiempo de los funcionarios que sisaban los fondos públicos: el corrupto actual ha forjado su patrimonio, o lo ha heredado, antes de acceder al cargo público. Ya no se prodigan los malversadores. Ahora se estilan el tráfico de influencias, el fraude fiscal, el abuso de información privilegiada. Los partidos no necesitan financiarse encargando informes a cambio de licencias: desvían las aportaciones que reciben a entidades fiscalmente exentas, que las invierten sabiamente en bolsa mediante sociedades de valores de confianza mientras aguardan la siguiente convocatoria electoral. Se neutralizan los organismos de control. El trasiego de directivos desde las grandes empresas a la administración y viceversa es constante. El favorecimiento de los intereses particulares desde el cargo público, también.

José María Aznar declaró, también hace un año, que su Gobierno es incompatible con la corrupción. Sin embargo, nuestro país arrastra una economía sumergida que factura, según el Informe de 2000 de la Comisión Europea, el 22% del PIB y es la segunda de Europa después de la griega. Entre el 7% y el 9% de nuestra población laboral es clandestina, no cotiza a la seguridad social, y estamos a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral. En los últimos meses de 2001, la circulación de dinero en efectivo descendió según el Banco de España a razón del 8% mensual, síntoma de la circulación de ingentes cantidades de dinero negro. Las transacciones económicas del sector inmobiliario siguen realizándose, ahora en euros, con un alto porcentaje del precio oculto fiscalmente; en ese sector se han refugiado los fondos que huían de la moneda única y de la crisis bursátil, generando una inflación brutal que ha hecho prohibitivo el acceso a la vivienda para nuestros jóvenes. Según el Ministro de Fomento, el Plan de Vivienda tiene una gran potencia económica y beneficia a quienes más lo necesitan, pero lo cierto es que el pago de las hipotecas absorbe ya el 48,5% del salario medio de las familias españolas. Los pisos se venden, en efecto, pero ¿quién los compra?

Se cumplen cuatro años desde que se aprobó en el marco del Consejo de Europa la Convención Penal contra la Corrupción. En ella se persigue el cohecho, la corrupción pública y privada, el tráfico de influencias, el blanqueo, las falsedades contables; se establecen normas sobre inmunidad y jurisdicción obligatoria; se consagra la responsabilidad por corrupción de las empresas; se facilitan la extradición, la asistencia mutua y la cooperación judicial internacionales; se incrementan los medios de prueba para combatir la corrupción; se brinda protección a testigos y denunciantes.

La Convención establece también la obligación de que los Estados dispongan de autoridades especializadas para luchar contra la corrupción cuya independencia, libre de presiones indebidas, debe ser garantizada. Los Estados deben asegurar también que tales autoridades dispongan de los recursos financieros adecuados para desarrollar su función. La Convención ya está en vigor, pero lamentablemente España es el único país de Europa, además de Azerbaiyán, Armenia, San Marino y Liechtenstein, que no la ha firmado.

Tampoco hemos firmado la Convención Civil sobre el mismo asunto, que confiere a las víctimas de la corrupción remedios legales efectivos, establece la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y regula la nulidad de los contratos o adjudicaciones obtenidos mediante la corrupción.

España fue examinada en noviembre de 2000 en la primera ronda de evaluación del Greco (Grupo de Estados contra la corrupción), del Consejo de Europa. El informe emitido seguidamente por dicho organismo ponía de manifiesto la poca información disponible en nuestro país respecto de los fenómenos ocultos de la corrupción; señalaba también la carencia de una estrategia global y multidisciplinaria para combatirla, y recomendaba su establecimiento, así como el de un código de conducta nacional para los funcionarios públicos.No se ha hecho.

El Consejo de Europa recomendaba también fortalecer la Fiscalía Anticorrupción con recursos adicionales, mayores facultades legales, más personal, y fiscales delegados, y esas recomendaciones tampoco han sido atendidas. Recomendaba que los poderes del Gobierno sobre la Fiscalía General y las instrucciones de actuación en casos específicos se ejercieran de manera transparente, y la transparencia brilla por su ausencia porque ambos interlocutores niegan que el Gobierno esté dirigiendo cualquier clase de instrucciones al Fiscal General del Estado.

Recomendó también el Consejo que las instrucciones individuales a los fiscales para no actuar fueran prohibidas, y no lo han sido; y que en caso de producirse, fueran excepcionales y acompañadas de un control específico: no son excepcionales y se producen sin control alguno.

El Consejo de Europa, finalmente, recomendó a España la firma de los Convenios Penal y Civil contra la corrupción, recomendación que, como queda dicho, tampoco ha sido atendida. El plazo para la aplicación de las recomendaciones terminó el 31 de diciembre de 2002. ¿Qué va a contestar ahora el Gobierno español al Consejo de Europa? ¿Le dirá que no ha seguido sus recomendaciones porque la corrupción en España ha dejado de ser un problema?

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