La corrupción es el problema

El proceso independentista catalán ha sido interpretado como el resultado del desencanto ante la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que cercenó el Estatut. También ha dado lugar al análisis de que se trata de un proceso popular que no lideran los políticos, sino la sociedad en un modelo de abajo arriba canalizado por ANC y por Òmnium. Se trata de unos exámenes acertados pero que tienen importantes matices que hay que ponderar si se quiere entender el origen real del problema.

La sentencia del TC supuso un duro golpe para los nacionalistas catalanes. Implicó también cerrar la puerta a un modelo para España de carácter plurinacional y policéntrico que es el que realmente requiere el país. Ahora unos y otros de ambos lados del frente añoran este sistema de articulación territorial non nato. El malestar catalán se encarnó con una masiva manifestación el 10 de julio de 2010. Pero no es una evidencia que esta fecha sea el punto de inicio del proceso independentista. Las manifestaciones del 11 de septiembre del mismo año y del año siguiente fueron minoritarias y anecdóticas. Por si fuera poco, CiU ganó las elecciones en minoría y logró formar gobierno en la Generalitat (2010) y luego en el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona (2011) con el apoyo del PP.

No deja de ser sorprendente que el partido instigador del recorte del Estatut alcanzara, en un momento tan delicado, su mayor protagonismo político en Cataluña gracias a un partido nacionalista. Todo parece indicar que en 2010 y 2011 el recorte del Estatuto no tuvo mucho impacto en la dimensión estrictamente política. En paralelo, la sociedad civil (fundamentalmente de la mano de la ANC y algo de la CUP) fue calentando el ambiente en el territorio catalán. De manera silenciosa pero efectiva fueron canalizando una latente frustración social que mucho tenía que ver con el impacto brutal de la crisis económica iniciada en 2008 y con los grandes recortes en los servicios públicos. Este trabajo dio como resultado la manifestación masiva del 11 de septiembre de 2012 (1,5 millones, según la Guardia Urbana). Artur Mas, ante la negra perspectiva de futuro político debido a la corrupción en su partido y parcialmente para disimular sus duros recortes en los servicios públicos, optó por aprovechar la ocasión y decidió liderar el proceso independentista. Es entonces cuando todos los malestares derivados de la dura crisis económica se orientan hacia el logro del paraíso de una Cataluña independiente. Es cierto que el clamor social de carácter independentista en Cataluña tiene una base popular muy sólida, pero el paso decisivo se produjo cuando los grandes partidos políticos catalanes (Convergència y ERC) pasaron a liderar de manera sibilina tanto la ANC como Òmnium. Por más que se diga que se trató de un empuje popular y de base, pasó a ser conducida por los dos partidos: uno independentista convencido (ERC) y otro impostor (Convergència). Luego, ambos partidos y movimientos se socializaron mutuamente y lograron que una parte considerable de la población se volcara hacia la opción independentista, logrando la adhesión de los moderados ante el poder hipnótico de líderes mesiánicos como Mas y Puigdemont.

El sentimiento secesionista en Cataluña es un problema al que hay que dar respuesta política, pero la dificultad más importante y de base es la corrupción política. La estrategia de Mas se puede resumir con la siguiente frase: “Mejor ir a la cárcel por mártir que por corrupto”. Al otro lado del escenario el PP aceptó el reto con gran entusiasmo, ya que las perspectivas de ese partido, con los casos de corrupción más espectaculares de la historia de la democracia, eran también muy sombrías. Y a partir este momento la lógica Madrid- Cataluña fue de enfrentamiento, para generar una gran obra de teatro que tuviera a unas crispadas sociedades española y catalana plenamente entretenidas. Puro teatro convergente y popular para ocultar las vergüenzas de una corrupción insoportable sin dimisiones, ceses y duro castigo electoral. Estrategia de supervivencia partidista sin importarles el inmenso daño social que ha infligido todo este proceso a las sociedades de ambos lados.

Si no se castiga duramente a nivel judicial, político, social e institucional esta corrupción; si no hay dimisiones y regeneración de los dos partidos políticos corruptos, a ambos lados de la inexistente frontera que se ha intentado dibujar, entonces sí que tendremos un problema de baja calidad democrática.

Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

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