Se habla mucho de la corrupción más visible y si se quiere, más aparatosa, como la del caso Koldo, la de Tito Berni o, si se prefiere, la del caso Villarejo o, en su momento, la de los ERE o la Gürtel, pero mucho menos de lo que podríamos denominar corrupción silenciosa o subyacente, sin la cual la primera no sería posible. Efectivamente, si estos casos tan llamativos demuestran que en España la corrupción sigue teniendo las mismas manifestaciones que en la época de Luis Roldán (hasta físicamente Koldo García se le parece), con billetes, maletines y comisiones incluidos, lo lógico es pensar que la corrupción subyacente o silenciosa no ha cambiado mucho. Y todo eso a pesar de las toneladas de regulación existente en forma de normativa en materia de contratos del sector público, subvenciones, transparencia, Fiscalía Anticorrupción, conflictos de intereses, tráfico de influencias, códigos éticos, sistemas de integridad, etc. Lo que demuestra que, mientras no vayamos a las raíces del problema de la corrupción en España, cualquier norma, por bienintencionada que sea, puede convertirse en papel mojado.

La corrupción silenciosa o profunda es la de la falta de neutralidad y profesionalidad de las instituciones unida al tradicional clientelismo patrio, tantas veces denunciado y que sigue igual de fuerte que siempre. A lo que hay que añadir la voluntad decidida de acabar con cualquier órgano o institución que pretenda actuar precisamente con neutralidad y profesionalidad no ya en la lucha contra la corrupción, sino en cualquier ámbito. O dicho de otra forma, la voluntad de acabar con cualquier tipo de contrapoder.
Lógicamente, allí donde puede florecer la arbitrariedad (y eso siempre ocurre con un poder sin contrapesos) puede florecer después la corrupción; es más, lo normal es que la primera abone la segunda. En suma, la tesis de este artículo es que no es posible ni siquiera prevenir la corrupción y mucho menos combatirla sin instituciones profesionales, neutrales e independientes. Todo lo demás es un brindis al sol.
Ejemplos no faltan, pero voy a escoger unos cuantos recientes para que se entienda mejor lo que intento explicar.
Tomemos el caso de la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, empleado de la Diputación de Badajoz (esto ya en sí mismo es un tanto curioso, dado que es músico de profesión, por muy variopintas que sean las funciones de la Diputación de Badajoz) y teóricamente residente en Portugal (no menos curioso, tratándose de un empleado público, por mucho que teletrabaje). Pues bien, el informe 'técnico' que ha elaborado la Agencia Tributaria para el juzgado de instrucción que investiga el caso es completamente anómalo: mientras que en la inmensa mayoría de los casos la AEAT muestra una beligerancia notable frente a posibles fraudes o simplemente errores del contribuyente, trata con guante de seda al hermano de Pedro Sánchez, con la finalidad evidente de exonerarle de toda posible responsabilidad personal. A mí particularmente me recuerda a la actitud de la AEAT -y de la Fiscalía, que no se nos olvide- en el caso de la Infanta Cristina. Dicho de otra forma: para Hacienda hay contribuyentes y Contribuyentes. Y no todos somos iguales ante la ley.
Lo que no se suele percibir con la misma claridad es que una institución pública que pierde la neutralidad o la profesionalidad puede ser utilizada de forma arbitraria tanto a favor como en contra de los ciudadanos, lo que, por cierto, está expresamente vedado por la Constitución española en su artículo 9.3. Quizá todavía lo más habitual es el trato de favor a determinados ciudadanos bien relacionados, pero no podemos descartar que suceda lo contrario, máxime si se ponen instituciones tradicionalmente muy solventes técnicamente como es la AEAT al servicio de intereses partidistas. ¿Por qué no investigar a fondo a dirigentes de la oposición, periodistas críticos o simplemente personas molestas para el gobierno de turno? La tentación puede ser demasiado grande para un político sin muchos escrúpulos.
Pero la cosa no acaba aquí, ni afecta sólo a gobiernos de un solo signo, desgraciadamente. Tomemos otro ejemplo de una institución pública que hasta hace muy poco tiempo era un modelo de profesionalidad, neutralidad y excelencia, hasta el punto de haber sido elegida como modelo de referencia a nivel europeo por su eficiencia tanto en la protección de denunciantes de corrupción como en su apoyo a la investigación de tramas de corrupción por parte de jueces y fiscales anticorrupción: la Agencia Valenciana Antifraude. Demasiado bonito para durar: recientemente ha sido 'asaltada', valga la expresión, por políticos (del PP y Vox, en este caso) no muy partidarios de agencias independientes que combatan la corrupción, máxime cuando ellos gobiernan.
Para no aburrir a los lectores dejaré de lado las triquiñuelas o más bien las trampas urdidas para conseguir poner al frente de la llamada Antifrau a un inspector de Hacienda, Eduardo Beut (ex alto cargo del PP cercano al entorno de Eduardo Zaplana y ex secretario general de la patronal valenciana de empresas de la construcción, Fecoval), en detrimento de un directivo profesional de la casa, que ha sido apresuradamente cesado. Lo que se pretende aquí -de forma bastante burda, por otra parte- es acabar con el prestigio de Antifrau, con sus funcionarios profesionales y neutrales y, lo más importante, con la credibilidad de sus investigaciones y en particular de sus informes periciales, que han sido y siguen siendo esenciales para la investigación de las tramas de corrupción sistémica en la Comunidad Valenciana. Mención especial merece el caso Azud, en la medida en que implica a políticos de diversos partidos, incluidos los del PSOE, lo que puede explicar su mutismo. La última maniobra (por ahora) del nuevo director de la Agencia ha sido eliminar de un plumazo el código ético de la institución, junto a su comité de ética independiente, cuando iba a investigar denuncias que tenían que ver con él. Para que no falte nada, se ha apresurado también a subirse el sueldo.
En cuanto al ámbito nacional, sigue pendiente de creación la Autoridad Independiente de Protección del Informante prevista en la Ley 2/2023 que, en principio, va a depender del Ministerio de Justicia. Y, visto lo visto, no es previsible que Félix Bolaños vaya a poner mucho empeño en situar al frente a un profesional cualificado e independiente para proteger denunciantes de corrupción y colaborar con la investigación de los posibles casos que puedan llegar a su conocimiento, al menos los que afecten al Gobierno o al sector público estatal.
Podemos seguir enumerando otros ejemplos de esta corrupción silenciosa que todo lo corroe: la extraordinaria querella interpuesta por la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el juez que instruye el caso de su esposa (extraordinaria en todos los sentidos, por inusual y por técnicamente poco solvente); las maniobras orquestales en la oscuridad en el seno de la Fiscalía General del Estado para conseguir que los fiscales asuman siempre la postura del fiscal general, es decir, la del Gobierno, en los casos políticamente más relevantes; el cruce de recusaciones en el seno del Tribunal Constitucional -dado que muchos magistrados de uno y otro lado han ostentado vinculaciones políticas, tal y como puso de manifiesto el Informe sobre el Estado de derecho de 2024 de la Fundación Hay Derecho-; el ministro de Economía llamando a una consejera del Banco de España para que dimita porque necesita su silla para otra persona; la situación en RTVE absolutamente esperpéntica después del enésimo fracaso del intento de despolitizarla... y tantas otras historias no sólo en el ámbito nacional sino autonómico y local que ponen de relieve que, desgraciadamente, la arbitrariedad de nuestros poderes públicos es demasiado habitual. Y ponerle coto requiere un esfuerzo que ningún ciudadano debería tener que asumir, porque, insisto, la Constitución prohíbe el funcionamiento arbitrario de las instituciones públicas o, si se prefiere, su uso descarado con fines partidistas.
En suma, conviene no engañarse: mientras no consigamos despolitizar y profesionalizar nuestras instituciones, el poder tenderá a convertirse en arbitrario y a generar, inevitablemente, corrupción.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho.
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Totalmente de acuerdo, estamos en un momento en que los políticos han colonizado todas las instituciones y mantienen anestesiadas a grandes capas de la sociedad con vanas y falsas promesas q nunca cumplen. La demagogia reina en el gobierno mantenido por partidos y personajes que quieren destruir a España y a los que ha comprado con dinero de todos los españoles, es vergonzoso e indigno...esto también es corrupcion y de la grande!!!!!