La corrupción: soluciones

Si hacemos memoria o acudimos a las hemerotecas, comprobaremos cómo cada vez que estalla un escándalo político, la clase dirigente lanza rápidamente mensajes para tranquilizar a la opinión y anunciar «planes» que impedirán en el futuro esas prácticas. Nosotros consideramos que con frecuencia, consciente o inconscientemente, los remedios anunciados desvían la atención y operan como cortinas de humo.

Durante mucho tiempo en este Régimen democrático, cada escándalo fue seguido por anuncios de que se darían vueltas de tuerca en la exigencia de incompatibilidades a políticos y funcionarios; nosotros somos partidarios de incompatibilidades diversas, ponderadas en función de las situaciones, pero resulta que, desde el comienzo, prácticamente todas las corrupciones conocidas eran protagonizadas, desde el campo de la Administración, por políticos o servidores públicos que ya tenían dedicación exclusiva e incompatibilidad total. Obviamente esa no es la solución. Más tarde se pasó a poner el foco sobre la financiación de los partidos. Sin pensar que los dineros de la corrupción a veces van a los partidos pero frecuentemente, en todo o en parte, a los bolsillos particulares de los gestores públicos. Y lo que debemos preguntarnos es por qué alguien da dinero a un partido o a un gestor político; en alguna ocasión será por simpatía ideológica; pero normalmente, especialmente en donativos de alguna entidad, será porque quien entrega un millón, sabe que en el partido o ámbito receptor, alguien tiene la posibilidad de devolverle al donante algo más que el millón, porque tiene la facultad discrecional de otorgarlo al donante en vez de hacerlo para un tercero.

Se nos dice en otras ocasiones que el combate exige mejorar el funcionamiento de la Justicia; pero la Justicia actúa ex post y solo conoce de esa pequeña parte de corrupciones que llegan a destaparse por razones singulares, sin poder actuar sobre las causas.

También se nos ofrecen leyes de transparencia, sin pensar que el mayor salto hacia la transparencia ya lo hemos dado al establecer el sistema democrático, pese a lo cual la corrupción no dejó de surgir. Por supuesto que estamos a favor de las distintas medidas que se conciben para mejorar las cosas, operando sobre Tribunales, Partidos, difusión y publicidad…, aunque no sean las decisivas. Pero sin admitir que con ello estemos en la vía de la solución. El combate contra la corrupción requiere moralizar la sociedad; por supuesto que con iniciativas sociales, de familias, asociaciones, iglesias…; y también desde el Estado que, aun debiendo ser ideológicamente neutral, puede favorecer la existencia de espacios educativos, dentro y fuera de las escuelas, para la Ética religiosa o laica. Pero creemos que los efectos de esta remoralización, han de ser socialmente lentos y quizá esperar al cambio de ciclo cultural para que tengan efectos importantes sobre la corrupción. Sostenemos que nada será realmente significativo sin volver a atacar, como hicieron los políticos europeos durante unos cien años, las causas estructurales. Cuando la corrupción había estallado gobernando el PSOE, el Partido Popular en la oposición compartió este punto de vista y presentó un paquete de Proposiciones de Ley para recuperar los controles de Derecho Administrativo que se habían desmontado en los años anteriores, aunque actualizados y procurando no crear ninguna dificultad a la acción del Gobierno. Y en febrero de 1992, el presidente del PP en rueda de prensa celebrada en la sede del Congreso, manifestó que si el PSOE rechazaba esas leyes propuestas –como efectivamente se rechazaron– , el paquete se convertía en programa electoral del PP, que las volvería a introducir en el Parlamento cuando ganara las elecciones.

El PP ganó las elecciones más tarde; e incluso ya ha gobernado con mayoría absoluta en dos legislaturas. Pero aquellas proposiciones de Ley nunca volvieron a entrar en el Parlamento ni el PP promovió la reintroducción en las leyes de los controles abolidos por la legislación del PSOE; incluso el PP continuó aumentando la discrecionalidad en cada una de las líneas antes trabajadas por el PSOE, aunque no tan intensamente, quizá porque lo sustancial del desmantelamiento ya se había producido.

Nos parece evidente que ni unos ni otros adoptan esa postura porque busquen el lucro ilícito. Pensamos más bien que la motivación radica en eso que se llama la «erótica del poder». Algunos políticos, más puros, seguramente quieren tener facultades discrecionales porque creen que sus decisiones serán así las más oportunas para el bien común. Otros, menos espirituales, piensan que sin facultades discrecionales no pueden hacer nada por sus amigos y que dejarán de vivir «cortejados» por las personas influyentes y bien situadas en la sociedad.

Sólo podremos minimizar la corrupción si eliminamos tanto como sea posible la discrecionalidad del poder. Aunque también sería útil volver a los exámenes de fin de mandato practicados en los tiempos del imperio español. El pueblo percibe que el nivel de gastos conocidos de no pocos políticos, no encaja con lo moderado de sus ingresos; y si bien no puede presumirse un delito por esa discordancia, cabe establecer que, si no se justifica la comparación de los patrimonios inicial y final, quizá extendiéndola algunos años más y a los de personas vinculadas, eso al menos merece la apertura de investigación; y la incapacidad de la persona investigada para sucesivos puestos públicos.

Hispania Nova es el nombre colectivo del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

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