La corrupción

Es profunda la sensación de que una podre viscosa y verdusca rebosa las ollas de poder de los más importantes partidos políticos que han dirigido la España democrática. La abstracta sensación viene avalada por hechos concretos de latrocinio de lo público que se investigan judicialmente o que ya han sido objeto de condena penal y que culpan a miembros de esos partidos. Esto ha determinado que algunas de esas entidades anglosajonas que viven de observar aconteceres ajenos y valorarlos según su vara de medir, hablen de que la corrupción es sistémica en España o que periodistas, intelectuales y, en general, gentes que aquí son oídas, se afanen en la busca de expresiones que dramaticen e incluso hagan trágica, irremediable, la sensación de podredumbre, al mismo tiempo que atienden al trámite de hacer visible su pureza de espíritu mediante el alborotado decir de la repugnancia personal que les produce la situación.

Este noble deseo de acorralar por acumulación de denuestos el feo oficio de saqueador de lo público está teniendo alguna consecuencia perniciosa en orden a la percepción de nuestra convivencia política porque la fuerza y frecuencia de las expresiones de rechazo e indignación ha conducido a una acrítica y generalizada atribución de actitudes depredadoras a los políticos y a las instituciones y, sobre todo, porque el engordado monstruo de la corrupción se ha constituido en razón de fondo de desprestigio del sistema.

La corrupciónFluye así la idea final de que la corrupción es una niebla espesa que ciega su sana viabilidad porque ha quedado definitivamente incrustada en él, hasta el punto de que ha llegado a definirlo, idea que ha de ser tan combatida cómo lo es la propia corrupción y para eso lo primero que hay que poner en valor es la afirmación de que en España ni la corrupción es sistémica e irremediable ni desde luego constituye dato principal de definición de nuestra realidad política.

Un buen día, Ortega y Gasset decidió ver en el marqués de Mirabeau («el magnífico provenzal», nos dice) el arquetipo del político y para eso no omitió enfrentarse al hecho de que su vida no había sido la que comúnmente se entiende como la de una persona virtuosa: «Ocupado en un tráfico perpetuo de amores turbulentos, de pleitos, de canalladas, que rueda de prisión en prisión, de deuda en deuda, de fuga en fuga, súbitamente, con ocasión de los Estados Generales, se convierte en un hombre público, improvisa, cabe decir que en pocas horas, toda una política nueva, que va a ser la política del siglo XIX (la Monarquía Constitucional); y esto, no vagamente y como en germen, sino íntegramente y en su detalle: crea no solo los principios, sino los gestos, la terminología, el estilo y la emoción del liberalismo democrático según el rito del Continente».

La concepción que yace en el Ortega que se acerca a observar al marques es la de que cualesquiera que hubieran sido sus puntuales contradicciones y ofensas a evidentes y aceptados valores morales, la esencia definidora que lo salva radica en su clara visión social y política que permanece por encima de aquellos reprobables hechos individuales, visión a cuya realización se entregó apasionadamente, como apasionadamente se había entregado toda su vida a la lectura, hasta el extremo que poco antes de morir, este hombre en permanente batalla perdida con la solvencia, utilizó el primer sueldo regular de su vida como consejero privado en comprar la mejor biblioteca de Francia, que era la de Buffon.

Este generoso deslinde de la aventura vital de Mirabeau, que sin duda en Ortega es fruto de su confesada admiración, incluso física («su estatura enorme, su cabeza de gigante y la cabellera ampulosa, que la aumentaba, le daba un aire de león») al rijoso y desenvuelto protagonista, permite hacer un movimiento de racionalidad análogo en torno al difícil tema de la corrupción en España.

El punto de partida habrá de ser que el sistema constitucional español, en apreciación conjunta de la prueba (que es lo que decimos los juristas cuando no queremos entrar en detalles), merece una admiración no menor que la que ofreció Ortega a la visión política de Mirabeau.

¿Qué hacemos, entonces, con la corrupción? ¿La banalizamos o la alzamos sobre el pavés para exhibirla como razón dominadora del debate político?

Ninguna de las dos alternativas debe ser respaldada y en bien de nuestra sana convivencia hay que notar que la corrupción se ha convertido en objeto del más hondo reproche social, lo que se constituye en la primera y más solida base para aplicarle la radical cirugía que merece porque –y aquí viene el principio que salva– para que en nuestro sistema constitucional la viscosidad del pus pudiese alcanzar a presentarse como sistémica sería preciso que las instituciones llamadas a combatirla abdicasen de su misión o incluso que se contagiaran del mal. Y esto no ocurre.

Fijándome aquí y ahora solamente en el último y definitivo remedio, que es el del poder judicial, debo decir que frente a apariencias de dependencia y politización de los jueces que suelen dibujarse en torno a esa institución fallida que es el Consejo General del Poder Judicial, la sustancial certeza es la que se expreso en los papeles de Wikileaks por el embajador de los Estados Unidos, al afirmar que la judicatura española es «ferozmente independiente».

Son esos jueces ferozmente independientes los que iluminan en la cúspide la razón final de que, a pesar de que la corrupción exista y su goteo resulte a veces insoportable, sin embargo deba de vocearse que las instituciones están funcionando, que los pícaros están ahí pero que sus entradas a saco en los dineros públicos no solo son reprochadas socialmente sino que además su horizonte es el de que se les imponga una pena, porque así lo mandan quienes constitucionalmente están apoderados para mandarlo.

Por eso, el tema de la corrupción de ningún modo debe sentirse como definitivamente lesivo para la calidad sustancial del sistema, sino como una incidencia grave, muy grave, un reto, si así se quiere, pero ante el que el propio sistema se engrandece y fortalece al contestarlo con el poder del Derecho, lo que implica que en un deslinde como el intentado por Ortega debamos negarnos a que su existencia sofoque y monopolice el debate político. Su lugar es el de la Justicia.

Ramón Trillo Torres, expresidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

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