Un cartel con las palabras “SOS Mar Menor” recibe a los visitantes en la carretera que lleva a La Manga, un popular destino turístico de la costa este española. Pero basta levantar la mirada hacia el horizonte, con su paisaje de cemento, decadentes centros comerciales y mastodónticos bloques de apartamentos, para entender que cualquier ayuda llega tarde. El paraíso se perdió y la mayor laguna salada de Europa agoniza tras décadas de agresión medioambiental.
El Mar Menor simboliza lo que ocurre cuando dejas el patrimonio natural en manos de tiburones inmobiliarios y políticos codiciosos, sin que importe nada más que el negocio. Y es, además, el mejor argumento de por qué España necesita una moratoria que frene la construcción en una costa que no puede soportar un ladrillo más. Más del 80 por ciento de los recursos ambientales del litoral están degradados y, al ritmo actual, algunos expertos creen que para 2030 no quedará nada libre del impacto de las actividades humanas.
El daño sufrido es en muchos casos irreversible y la única aspiración realista consiste en salvar lo poco que se pueda rescatar. La demolición de cientos de construcciones ilegales levantadas junto al mar, la regeneración de las zonas afectadas y el freno a la especulación son medidas a adoptar de forma urgente. De lo contrario, la tragedia ecológica del Mar Menor se extenderá a lugares que hoy están al límite. Ni siquiera podremos aferrarnos al consuelo de la rentabilidad que sacamos del sacrificio. Una vez destruido el paraíso, los turistas no miran atrás: buscan otro.
Las alarmas en el Mar Menor se desataron cuando en 2016 sus aguas se tiñeron de verde. Tres años después, miles de peces aparecieron muertos en la orilla y los investigadores detectaron una gran disminución de la biodiversidad. El mar se estaba muriendo.
Al leer los titulares de prensa pudo pensarse que se trataba de un evento repentino, cuando en realidad asistíamos al penúltimo capítulo en un deterioro lento e imparable denunciado desde hacía décadas, sin que las autoridades prestaran atención.
Es imposible no mirar con nostalgia las imágenes que muestran lo que fueron lugares como La Manga antes de que algunas de las playas más bellas de Europa fueran esquilmadas, explotadas sin control ni planificación y vendidas al mejor postor. Dos preguntas son necesarias: ¿cómo pudimos permitirlo? ¿Vamos a seguir por esa senda hasta la devastación total?
En La Manga, un privilegiado cordón litoral en forma de lengua de 21 kilómetros de longitud, la anchura de la barra de arena que separa los mares Menor y Mediterráneo no supera los cien metros en algunos puntos. Pero eso no ha impedido que se hayan levantado hoteles, clubes, puertos y edificios de apartamentos de los que hoy cuelgan cientos de carteles de “se vende”.
La degradación ambiental y la pandemia han acelerado una decadencia que se extiende a otras localidades bañadas por el Mar Menor, cuyo ecosistema lleva años recibiendo el daño adicional de los vertidos tóxicos procedentes de la agricultura de la zona.
El desarrollo incívico de esta región de Murcia comenzó con la apertura del turismo masivo en los últimos años de la dictadura del general Francisco Franco en los años sesenta. La llegada de la democracia aceleró la combinación de turismo, especulación inmobiliaria y dependencia de los ayuntamientos para generar ingresos a través de la recalificación de terrenos. Las aberraciones inmobiliarias, sin respeto por el paisaje, la estética o la sostenibilidad, han sido parte de una cadena de dependencias y amiguismos fuertemente arraigados entre la política y los sectores turístico y de la construcción.
La lista de abusos se repite a lo largo de la costa española, desde Benidorm en el este a poblaciones pesqueras del norte como Noja, y desde las islas Baleares a la Costa del Sol, que ya tiene el 81 por ciento de sus primeros 500 metros de sus playas urbanizados. Salvar lo que queda y revertir parte del daño requiere de medidas extraordinarias. Algunas dolorosas a corto plazo.
El plan para la protección del borde litoral de Mar Menor ofrece algunas soluciones, incluidas actuaciones contra construcciones ilegales. Es difícil ser optimista con su ejecución. España ha mostrado en el pasado una gran permisividad con los excesos y ninguna determinación en repararlos. El hotel El Algarrobico, levantado en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, sigue en pie a pesar de 15 años de repetidas sentencias condenatorias y órdenes de demolición. La impunidad alienta más abusos y extiende la sospecha de complicidad con la especulación.
La pandemia, con el brusco descenso del turismo, ha dado un respiro a la costa. Incluso el Mar Menor presenta una mejora en la calidad del agua este año, aunque los investigadores creen que será provisional a falta de medidas drásticas. España recibió en 2019 más de 83 millones de turistas y el objetivo declarado del gobierno es recuperar esa cifra e incluso aumentarla cuando se levanten las restricciones de viaje.
El regreso de los visitantes extranjeros es necesario para recuperar el empleo y empujar una economía todavía dependiente del sector turístico. Nada de ello es incompatible con la protección de la costa y una moratoria en la construcción que ya está siendo ensayada en algunas regiones, con éxito limitado por falta de ambición.
España tiene más de tres millones de viviendas vacías, a la vez que incorpora miles de nuevas cada año. Una moratoria en el litoral daría uso a propiedades hoy abandonadas, promovería la reforma de aquellas en mal estado y forzaría un crecimiento más sostenible de la actividad económica. Pero nada de ello será posible si antes no logramos quitarnos lo que el escritor Jorge Dioni, autor del libro La España de las piscinas, describe como una adicción nacional a la construcción.
El argumento a favor de prolongar el actual modelo es la riqueza y puestos de trabajo que generan los sectores de la construcción y el turismo, dos grandes motores de la economía nacional. La pandemia ha mostrado que es una visión cortoplacista, exponiendo una dependencia que hace que España sea uno de los países del mundo más castigados en cada crisis. El último declive sufrido es una oportunidad para asumir que esa parte de la economía ha alcanzado un techo. Solo cuando lo asumamos nos tomaremos en serio la tarea de crear alternativas.
La sociedad, también en esto, va por delante de sus representantes. Los vecinos del Mar Menor se han movilizado para salvar la laguna ante la inacción de las instituciones. Activistas medioambientales, abogados y vecinos han lanzado una recogida de firmas para que el Mar Menor se convierta en el primer ecosistema de Europa con estatus de persona jurídica. “Al convertirse en personalidad jurídica se le reconoce el derecho a existir y a defenderse, como a cualquier otra persona o empresa”, dice la abogada y profesora de Filosofía del Derecho Teresa Vicente Giménez.
La campaña, que ya ha recogido cerca de 300.000 firmas, busca hacer responsables a los causantes de los daños, con el objetivo final de concienciar sobre la tragedia que supone la pérdida de lugares únicos.
Los turistas vienen y se marchan, pero las comunidades locales deben vivir con las consecuencias de los excesos. Aunque gran parte del deterioro del Mar Menor es ya irreversible, todavía estamos a tiempo de evitar que la historia se repita en lugares que, sin una protección urgente y decidida, no tardarán en lanzar su propio SOS.
David Jiménez es escritor y periodista de España. Su libro más reciente es El director.