El Ministerio de Turismo anunció hace poco un récord de visitantes en el mes de agosto. Las previsiones son halagüeñas y podemos registrar cifras de ingresos que nos ayuden a equilibrar nuestra economía. Año tras año la industria turística española se sitúa en cabeza de los sectores que contribuyen con un mayor porcentaje a la conformación del producto interior bruto (PIB). Se calcula en un 11%. Presentar estos resultados en tiempos de crisis es positivo, pero hay que reconocer que existen factores que nuestro mercado no puede controlar que podrían disminuir la afluencia de turistas, sobre todo en la época veraniega. Si el Magreb se asienta, Turquía recupera su estabilidad y Croacia sabe explotar su condición de nuevo socio de la Unión Europea es previsible una tendencia a la baja y, en todo caso, una mayor competencia.
Desde que en los años sesenta comenzamos a explotar el litoral, nadie se ocupó de planificar armónicamente el desarrollo. Cuando nos integramos en Europa, instrumentos como La Carta del Litoral de 1981 de la Comunidad Económica Europea nos deberían haber servido de pauta para un desarrollo racional de la costa. Hasta el año 1988 no se regulan jurídicamente las costas. La ley avisaba de los riesgos y peligros y señalaba el camino de la regulación. Pero la realidad iba por otro lado. La mezcla explosiva de las leyes del suelo, la urbanización salvaje y el incumplimiento de la Ley de Costas nos llevaron a excesos intolerables, insistentemente recriminados por las instituciones europeas de las que ya formábamos parte.
La Ley 2/2013 de 29 mayo, titulada de Protección y Uso Sostenible del Litoral, modifica la Ley de Costas 22/1988 del 28 julio. Su Preámbulo, con notable desenvoltura, tergiversa un informe del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009. Según los redactores de la ley y el ministro que la firma, las instituciones europeas han instado a las autoridades españolas la revisión urgente y, en su caso, la modificación de la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero. Los parlamentarios europeos se habrán quedado atónitos al comprobar la osadía de un Gobierno que no duda en desnaturalizar su informe ocultando las durísimas críticas que formula, aprovechándolo para legislar en un sentido diametralmente opuesto. Se ocultan las denuncias de las agresiones al medio ambiente y la vulneración de las reglas en materia de contratación pública. El informe del Parlamento Europeo termina advirtiendo de la existencia de corrupción generalizada y sugiere la supresión o reducción de las ayudas comunitarias hasta que no se solucione el problema.
El legislador español desprecia las amonestaciones y se cubre con el manto, siempre efectista, de garantizar “una mayor seguridad jurídica”. En definitiva, lo que hace es proteger el desorden, la arbitrariedad y la agresión al medio ambiente. La realidad es más cruda, el objetivo es blindar el botín de la corrupción escudándose en la incertidumbre legal de unos pocos.
Las situaciones irregulares y al margen de la ley se consolidan, prorrogándolas hasta un plazo máximo de 75 años. Algunas tendrán la cobertura del Registro de la Propiedad e incluso se reforzarán al integrarse, con todas las bendiciones legales, en el sistema catastral. Los planes urbanísticos que afecten a las costas se legalizan si la Administración central nos los paraliza en un plazo de tres meses. El espacio público marítimo-terrestre se reduce y las zonas colindantes ceden su protección prioritaria al arbitrio de la prórroga discrecional de su ocupación ilegal. Para recuperar estos espacios habrá que pagar importantes sumas de dinero.
Todo esto y muchos más desastres se estaban cometiendo al margen de la ley. La nueva Ley de Costas supone, sin paliativos, la legalización de los atropellos y delitos que se habían venido cometiendo. Ante la previsible inactividad de las Administraciones públicas nos queda a los ciudadanos la acción pública. Si alguien toma la iniciativa de ejercitarla, las tasas judiciales, los costes profesionales y la tradicional actitud dilatoria de la Administración, agotando al máximo los recursos procesales, son elementos eficazmente disuasorios. Todo está calculado.
El turismo es nuestra primera industria y por tanto una fuente indispensable de ingresos para nuestra economía y para nuestro futuro. Pienso que todavía hay tiempo para recuperar, renovar y reconvertir el sector, demoliendo gran parte de lo que ilegalmente se ha construido. Podemos controlar los excesos presentes y futuros pero no está en nuestras manos dominar el cambio climático y sus efectos sobre el nivel del mar y las temperaturas. Es necesario invertir urgentemente en infraestructuras de saneamiento y abastecimiento energético. La temporada turística comienza a decrecer. Nos queda el potencial de las islas y las costas de Levante. Pero no todo puede ser sol y playa.
El dominio público marítimo-terrestre está protegido por la Constitución. Varias organizaciones ecologistas han apoyado el recurso de inconstitucionalidad presentado recientemente por el partido socialista. La respuesta del Tribunal Constitucional no puede demorarse ilimitadamente. Sería una irresponsabilidad que afectaría negativamente a nuestra primera industria.
José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).