La Covid juega contra un posible 'efecto Ayuso' en Castilla y León

Este 13 de febrero están convocadas las quintas elecciones autonómicas de estos dos años de pandemia (si la evolución de la pandemia no obliga a un inesperado aplazamiento) en Castilla y León. Será la séptima convocatoria electoral de este periodo. Porque las dos primeras, en Galicia y en el País Vasco, se suspendieron justo al inicio de esta pesadilla covidiana, y se volvieron a convocar para el verano.

Lo recordarán. El 11 de febrero de 2020, Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu convocaron (cada uno por su lado y tras alguna conversación entre ellos) elecciones gallegas y vascas, que debían celebrarse el 5 de abril.

Pero llegó la Covid-19 con una catarata de enfermos muy graves, hospitales y residencias de ancianos colapsados y una alud de fallecidos. Nos encerraron a todos y, el 16 de marzo de aquel primer invierno pandémico, las dos convocatorias electorales quedaron pospuestas sin fecha. Se volvieron a convocar en mayo y se celebraron el 12 de julio con mascarillas, con distancia de seguridad y con una destacada abstención en ambas.

¿Sería posible un aplazamiento de las elecciones de Castilla y León del 13-F por el avance de la variante ómicron de la Covid?

En principio, parece tan improbable que nadie apunta semejante hipótesis. Y menos que nadie, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. En su decisión de adelantar las elecciones es inocultable la voluntad de frenar las opciones de todos sus adversarios:

1. Las de la Plataforma de la España Vaciada, para minimizar el número y la potencia de sus posibles candidaturas provinciales.

2. Las de Vox, para aprovechar que aún se desconoce el nombre del cabeza de lista con el que concurrirán el 13-F y limitar así el tirón de la marca.

3. Las de Ciudadanos, para responsabilizarles de la ruptura de la coalición de Gobierno que, sorpresivamente, se radió en directo, y buscar su exclusión.

4. Las de Podemos, para no dar tiempo a que tome forma y fuerza el nuevo artefacto electoral de Yolanda Díaz.

5. Las del PSOE, gracias al sólido antisanchismo que el presidente del Gobierno alimenta cada día con sus arbitrarias decisiones y (según los datos que destaca hasta The Economist) con su pésima gestión de la economía en estos años pandémicos.

Aplazar el 13-F, después de haber adelantado contra pronóstico (y contra la tradición en Castilla y León), anularía el factor sorpresa que pretende Fernández Mañueco para afianzar el resultado que le pronostican las encuestas.

Pero el miedo al virus está ahí. Esta sexta ola es muy contagiosa, aunque parece mucho menos grave que las anteriores. Y conviene recordar los antecedentes. Porque con esta pandemia ya nada es imposible.

En Galicia y el País Vasco, la decisión de desconvocar contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Posiblemente por eso, y pese a la fragilidad jurídica de la decisión, salió adelante sin problema. No ocurrió lo mismo en Cataluña, aunque allí también hubo un serio intento de posponerlas.

El 15 de enero de este año, el presidente catalán, Pere Aragonés, intentó sin éxito el aplazamiento de las elecciones que él mismo había convocado el 21 de diciembre y que debían celebrarse el 14 de febrero. Aragonés había convocado en el último segundo posible y después de haber estirado durante casi un año la extravagante situación de tener como presidente de la Generalidad al inhabilitado Quim Torra.

El argumento oficial de Aragonés para atrasar las elecciones era el innegable avance de aquella ola, con muchísimos menos contagiados que la actual, pero con muchos más ingresados en UCI y fallecidos. Pero bajo esa explicación oficial subyacían todas las maniobras previas para eludir cualquier cita con las urnas desde la inhabilitación de Torra, casi un año antes.

Aragonés aprobó su decreto para suspender las elecciones y posponerlas hasta el 30 de mayo. Eso en principio, pues también supeditaba esa hipotética fecha futura al "análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública, y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña".

El decreto de aplazamiento fue recurrido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo suspendió días después, y las elecciones catalanas se celebraron el 14-F en un clima de enorme excepcionalidad pandémica. Los contagiados, que tenían prohibido salir de sus casas, fueron autorizados a acudir al colegio electoral a última hora de la tarde, y los miembros de las mesas recogieron su voto embutidos en aparatosos trajes de especial protección biológica.

El primer resultado de aquel 14-F fue una abstención récord. Y eso que el voto por correo en Cataluña creció un 350%. También las elecciones gallegas y vascas registraron mucha más abstención de la habitual.

No así las de Madrid del 4 de mayo. Y eso que fueron unas elecciones sólo para los dos años que restan de legislatura, hasta mayo de 2023. El 4-M, el récord lo tuvo la participación: más de un 70%.

El 13-F de Castilla y León no tiene únicamente en la pandemia un posible freno a la participación. Otro factor clave es que estas serán las primeras autonómicas, desde la Transición, que celebrará Castilla y León sin la compañía de unas elecciones municipales.

Hasta ahora, como en todas las autonomías que se formaron al amparo de los artículos 143 y 144 de la Constitución, las nueve provincias castellano-leonesas votaban la renovación de su parlamento autonómico el mismo día de mayo en el que se celebran las elecciones municipales. Así ocurre también en Madrid y, por eso, las elecciones del 4 de mayo sólo tendrán dos años de validez. Pero la coincidencia no es preceptiva en Castilla y León desde la reforma del Estatuto de Autonomía de esa región, aunque las elecciones se han seguido celebrando el mismo domingo de mayo que las municipales.

¿Por qué? Para minimizar la abstención. Y también, posiblemente, para preservar una reciente tradición en una población mayoritariamente conservadora.

Ahora será distinto. Estas elecciones ponen en marcha un nuevo calendario de cuatro años para el próximo gobierno de la Junta.

En la última década, y pese a celebrarse a la vez las elecciones municipales y autonómicas en Castilla y León, ha habido una abstención diferencial de entre 3,3 y 4,5 puntos en las dos urnas. Es decir, desde 2011, los castellano-leoneses han preferido pronunciarse sobre su equipo municipal antes que sobre sus Cortes autonómicas. En los años anteriores empataban en abstención, y en los primeros años de la autonomía ocurría exactamente lo contrario.

Esto último es (posiblemente) lo que desea el presidente Mañueco al intentar seguir la estela del 4-M en Madrid.

Lo que está claro es que, cuanto mayor sea la abstención, menos votos serán necesarios para obtener un diputado. Si la abstención se reparte entre todos por igual, dará lo mismo.

Pero si no lo hace, el partido menos abstencionista tendrá premio adicional. Siempre, pero más en tiempos en los que el miedo al virus puede retraer el voto de forma diferente en distintos tramos de edad, la abstención diferencial puede dar muchas e inopinadas sorpresas.

Pilar Marcos es diputada del PP en el Congreso de los Diputados y periodista.

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