La creación tiene derechos en la red

Sometida a un debate en el que ha primado el ruido y el apriorismo, y no la argumentación, la llamada ley Sindequeda a la espera de una última oportunidad en el Senado, después de que las principales formaciones del Congreso protagonizaran hace poco un chapucero vodevil. Si se aprobara, sería el primer intento serio de dar protección a los derechos de propiedad intelectual en internet en el Estado español. Unos derechos que afectan a autores de obras culturales, a los empresarios que hay detrás y, con ellos, al resto de profesionales vinculados. Muchas decenas de miles de catalanes que dependen de los legítimos ingresos que proceden de unos derechos reconocidos internacionalmente, ya que los principales perjudicados por la actual situación no son las major. Un sector productivo que, desde la innovación y el talento que lo acompañan, puede ser protagonista de la recuperación económica y de la creación de muchos nuevos puestos de trabajo… Si le permitimos que lo haga.

Todos sabemos que no hay nada más llamativo que plantear un debate en términos de buenos y malos. La polémica en los medios ha estado protagonizada por los supuestos representantes de todos -porque usuarios de internet somos la mayoría de la población y no elegimos delegados en ningún sitio-y las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Por una pretendida libertad amenazada y por los supuestos represores por la vía del cobro indiscriminado. Como si todos no pagáramos ya para acceder a la red; ¡y aquí más aún que en el resto de Europa!

¿Tendría efectividad esta norma por lo que respecta al mayúsculo tráfico de contenidos descargados sin autorización de sus titulares? Dejando de lado su discutible eficacia y garantismo jurídico, lo que tiene de trascendente es que situaría la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual como un objetivo de interés público. Y lo es.

¿Soluciones? No se trata solo de incorporarse a nuevos modelos de negocio en internet y a la multiplicidad de pantallas que se van conectando, ¡ojalá! Si el mundo de la música fue el primer perjudicado -entre otras cuestiones por la facilidad de transmisión de un archivo musical-y ha tenido que replantear por completo todo el negocio, el resto está haciendo los deberes, desde el cine hasta los videojuegos. Pero sin unas reglas de juego tan legítimas como las del consumo cultural presencial, la opción de consumo por adquisición seguirá amenazada. El mundo editorial catalán que ha apostado decididamente por facilitar atractivas plataformas de adquisición de e-books, contempla cómo los porcentajes de descargas ilegales se han disparado exponencialmente.

Y no hablemos más de piratería, por favor. El romanticismo de este término ha convertido en banal y simpático todo lo que hay detrás; mezclando las descargas ilícitas que hace alguien desde su casa con hacer negocio ilegal ofreciendo o facilitando el acceso a contenidos de los que no se tienen derechos de explotación. Las acciones sancionadoras previstas irían dirigidas solo contra los segundos. Pero en Francia, Gran Bretaña y en la cuna de internet, Estados Unidos, las actuaciones legales van directamente contra el usuario. Cometeríamos un gravísimo error si pretendiéramos solucionar cualquier problema de amplio alcance ciudadano solo a través de la sanción en caso de incumplimiento de la norma. Hace falta educación y hace falta formación. Educar en el conocimiento crítico de todo lo que les llega a los niños y jóvenes a través de la pantalla global que ha pasado a ser su entorno. Educar a valorar y amar las creaciones culturales que son accesibles con un solo gesto dactilar. Y aquí, además del indispensable papel familiar, la escuela es clave, con la preparación del profesorado presente y futuro para este reto. El nuevo Govern tiene en las manos dos leyes, aprobadas en el último año y medio, que lo incluyen y que ahora hay que reglamentar: educación y cine.

Es imprescindible que la circulación y difusión de contenidos culturales por la red sea sostenible económicamente; para sus consumidores -que somos todos-, que pagarán unos precios ajustados, y para sus creadores y empresarios, que tendrán unas líneas de negocio sostenibles. Por eso es urgente que, aprobada o no la ley Sinde, se impulse una actualización eficaz de la ley de propiedad intelectual. Desde el consenso entre usuarios y los representantes de las industrias culturales y sus autores, sin olvidar los grandes beneficiados del tráfico en internet, las compañías de telefonía y los buscadores de internet, para consolidar un modelo transparente, eficaz y objetivo de retribuciones. Europa lo reclama, y nuestro país y el resto del Estado lo necesitan. La sentencia sobre el canon digital es un elemento más que obliga a trabajar en esta dirección. En beneficio de todos, porque será en beneficio de la cultura.

Daniel Condeminas, decano del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

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