La credibilidad del Estado

Por Joan Tapia, periodista (EL PERIÓDICO, 17/07/07):

El Estatut del 2006 tuvo un parto difícil. Y el primer año tampoco ha sido fácil. Al contrario de 1932 o 1979, este Estatut no se ha negociado con un Estado en crisis –caída de la monarquía, fin del franquismo– sino con un Estado democrático, integrado en Europa y con una economía boyante (en déficit público somos el primero de la clase de la zona euro). Además, en un Estado que presume de autonomista, pero que tiene miedo a Catalunya, que, a diferencia de Euskadi y Navarra, no obtuvo régimen especial. Ello hace que Madrid tema que todo lo que se ceda a Catalunya acabe por generalizarse a todas las autonomías; es el fantasma del Estado residual. Al Estado le molesta dejar de mandar en El Prat, porque le espanta abrir el camino para los aeropuertos de Valencia, Sevilla… y Madrid.
La segunda legislatura de Aznar quemó la inteligente tesis de Pujol de no provocar con el fuero para arrancar, paso a paso, el huevo: competencias y financiación. Esta política, que incluía el desprecio a otras formaciones políticas catalanas, quedó arruinada cuando Aznar sacó mayoría absoluta y se cerró en banda. Entonces era lógico que la oposición catalanista exigiera un nuevo Estatut. Cuando ganó en Catalunya, y el PSOE derrotó al PP en España, el nuevo Estatut era inevitable.

¿SE ACERTÓ? Los partidos catalanes pensaron más en un Estatut que colmara a sus militantes que en un texto que debía aprobarse por las Cortes españolas en una España recelosa, en la que el PP proclamaba que Zapatero se vendía al independentismo y que el Estatut rompía España. Creer que Zapatero era un rey mago que podía hacer su voluntad al margen de la opinión pública española, de la prensa madrileña, de su partido y del Tribunal Constitucional fue la enfermedad infantil del catalanismo. Y quizá Zapatero, siempre optimista, no calculó la complejidad de la cuestión catalana que, al final, creyó que podía resolver con Artur Mas en una noche de humo. La consecuencia fue que ERC se rebotó, el Govern entró en crisis y el referendo aprobó el Estatut, pero evidenció la división del catalanismo, el aumento del desencanto y la abstención. Carod acierta cuando afirma que nadie se gusta en el papel que desempeñó entonces.
Las elecciones anticipadas, la formación de un nuevo tripartito presidido por Montilla –cuando Zapatero prefería la gran coalición PSC-CiU–, la alta tensión en el Tribunal Constitucional, con la recusación de Pérez-Tremps, la debilidad del presidente en el primer semestre, presionado por la pinza ETA-PP, son hechos que no han facilitado el primer año del Estatut. Pero Montilla ha aguantado y las leyes y los compromisos se deben cumplir. Aunque la coyuntura es muy delicada, no se puede congelar el Estatut hasta la sentencia del Constitucional o las próximas elecciones legislativas.
Están en juego el crédito de Zapatero y el del PSC. ¿Puede un partido catalanista estar ligado a otro español? Por ello, en el debate sobre el estado de la nación, Zapatero repitió sus compromisos con Catalunya y Carmen Chacón ha entrado en el Gobierno. Y la tercera reunión, hoy, de la Comisión bilateral Estado-Generalitat (hubo dos anteriores en febrero y abril) es decisiva para romper la sensación de atasco en el despliegue del Estatut. De las 11 transferencias que se han abordado en la comisión, solo se ha cerrado una: las notarías. En la reunión de hoy –cuyos resultados, cuando se escribe este artículo todavía forcejean el conseller Saura y la ministra Salgado– se esperan cerrar dos asuntos clave: la cesión del Hospital Clínic, algo que no se hizo en los años de Pujol, y las competencias sobre el litoral catalán. Quizá también, las becas. Y otras de menor calado, como la declaración de utilidad pública de las fundaciones, ante la que es reticente Hacienda.

PERO LO MÁS esperado de la reunión es la apertura formal de la ponencia que estudie la transferencia del servicio ferroviario de Cercanías, con todas las implicaciones económicas, para que el próximo 1 de enero las cosas estén encarriladas. Aunque la asunción de la competencia por la Generalitat no implica la solución automática de los problemas, lo relevante es visualizar que, pese a las dificultades –y la proximidad de la cita electoral del 2008–, el despliegue del Estatut avanza. Es necesario para la credibilidad del Estado en Catalunya y es clave para las tres fuerzas que gobiernan la Generalitat. Quizá más para el PSC, pero la frustración perjudicaría el equilibrio moral de las tres. Y lo mismo le pasa a CiU, que apostó por el Estatut posible. Su líder, Artur Mas, parece comprenderlo al votar la semana pasada la ley de la agencia tributaria catalana.
La cerrazón centralista –siempre presente– y el maximalismo catalán –la tentación permanente– son los grandes peligros de un Estatut que se debe desplegar con astucia. Y la reunión de hoy es solo un paso. Las próximas fronteras son las inversiones del Estado en Catalunya en el presupuesto del 2008, y el aeropuerto, donde lo imprescindible –la construcción de la T-Sur– está en marcha.