He aquí algunas inesperadas buenas noticias desde el frente de batalla del COVID-19: en muchos de los lugares con más pobreza del planeta, donde las agencias sanitarias se han estado preparando para una embestida demoledora, el coronavirus, hasta el momento, solo ha dado un golpe de refilón.
Consideremos algunas de las zonas más críticas con crisis humanitarias: la provincia de Idlib en Siria, los campamentos de refugiados de rohinyás en Bangladesh, la Franja de Gaza, y Yemen, Somalia y Sudán del Sur, países que han sido azotados por la guerra. Hasta la semana pasada, un conteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba que todos esos lugares habían registrado un total de solo un poco más de 1,800 infecciones de coronavirus y 79 muertos, en una población de casi 60 millones de habitantes. Para contrastar, el Distrito de Columbia, con una población de 700,000, ha registrado unos 8,000 casos y 427 fallecidos.
Es difícil dejar de recalcar las catástrofes sanitarias que se esperaban y que, hasta ahora, se han evitado. Algunos expertos predijeron hasta 100,000 fallecidos en la provincia de Idlib, donde tres millones de sirios, la mitad de ellos desplazados, están hacinados en un territorio donde los hospitales han sido sistemáticamente destruidos por los bombardeos rusos. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado muertos. Lo mismo sucede en Gaza, donde casi dos millones de palestinos son atendidos en apenas 40 camas de cuidados intensivos; y en los campamentos densamente poblados, donde cerca de un millón de rohinyás se han refugiado en condiciones precarias tras ser expulsados de la vecina Birmania.
Los funcionarios de la ONU fueron alertados hace una semana, cuando se detectaron las primeras cuatro infecciones de coronavirus en los campamentos rohinyás. Inmediatamente, corrieron a aislar a 5,000 personas que podrían haber estado expuestas. Mark Lowcock, secretario general adjunto de ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, dice que está “cada vez más alarmado” por Yemen, donde solo se han reportado 33 fallecidos, pero hay cada vez más evidencia de transmisión comunitaria.
Funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios afirman que varios factores pudieron haber protegido a los más vulnerables del mundo de esta pandemia. Las cuarentenas han restringido aún más el movimiento en lugares como Idlib y Gaza, los cuales ya tenían difícil acceso. La demografía ha ayudado: entre un tercio y la mitad de la población en estas zonas son menores de 18 años, y la cantidad de habitantes mayores a 65 años es pequeña. Las altas temperaturas podrían también estar marcando la diferencia, junto a una mayor exposición a la luz del sol. Debido a la escasa cantidad de pruebas, muchos casos podrían no estar siendo reportados.
Desafortunadamente, este no es el final de la historia. Aunque no han sido directamente atacados por el virus, las personas más pobres del mundo podrían todavía sufrir algunas de las pérdidas más grandes de la pandemia: el desplome de los ingresos y, como consecuencia, hambre creciente. “Hay un enorme impacto del COVID-19 que es económico, y que está eclipsando a la misma enfermedad”, me dijo Lowcock durante una entrevista la semana pasada.
El cálculo es bastante sencillo. Se espera que la economía global se reduzca este año al menos en 3%, lo que le daría un golpe directo a las exportaciones de productos básicos, las remesas y el turismo, sectores de los que muchos países pobres dependen para sobrevivir. De acuerdo con Lowcock, el porcentaje de la población mundial en pobreza extrema —es decir, los que sobreviven con menos de 1.9 dólares diarios— se incrementará por primera vez en 30 años.
Al principio del año, las Naciones Unidas calcularon que 130 millones de personas estarían en riesgo de inanición. “Ahora creemos que serán 265 millones”, afirmó Lowcock. “Podríamos tener hambrunas masivas”.
La relativa buena noticia es que, a diferencia del COVID-19, ya existe una cura para esta crisis alimentaria. “Este es un problema solucionable”, afirmó Lowcock. “El problema no es la escasez de alimentos, sino dinero en las manos de las personas para comprarlos”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios actualizó este mes su plan para enfrentar la pandemia en los países más pobres del mundo. Dice que proteger al 10% más vulnerable de la población mundial costará 90,000 millones de dólares, o alrededor de 1% del dinero que los países ricos han asignado para fortalecer sus economías. Dos tercios de la ayuda monetaria podría venir de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Las mismas Naciones Unidas están intentando recaudar 6,700 millones de dólares, los cuales, según Lowcock, “no son suficientes para atender la totalidad de las 260 millones de personas” en riesgo de hambre, pero podría financiar “los planes que podemos implementar ahora si podemos obtener el dinero”. Lamentablemente, la respuesta hasta ahora ha sido débil. Se han recaudado alrededor de 1,000 millones de dólares. De ese monto, Estados Unidos ha contribuido con 164 millones de dólares, siendo así solo el segundo mayor contribuyente, después de Alemania.
La semana pasada, el Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa de 31 páginas describiendo al gobierno de Trump como el mayor proveedor mundial de ayuda contra el COVID-19. Dice que se han asignado 1,000 millones de dólares, pero solo 125 millones de dólares de ese monto ha llegado a Yemen, Somalia, Siria, Sudán del Sur, los rohinyás y los palestinos. “Ahora es realmente el momento en el que el rol de Estados Unidos es fundamental para salvar infinidad de vidas”, dijo Lowcock. Y en eso, como en muchas otras cosas, el liderazgo estadounidense ha desaparecido.
Jackson Diehl is deputy editorial page editor of The Post. He is an editorial writer specializing in foreign affairs and writes a biweekly column that appears in print on Mondays.