La dramática batalla entre el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) gobernante en Turquía y su antiguo aliado, el movimiento religioso Hizmet, encabezado por el clérigo exiliado Fethulah Gülen, ha empezado a revelar las violaciones del Estado de derecho en gran escala que esos dos grupos cometieron para consolidar su poder. Fiscales a los que se considera de forma generalizada simpatizantes de Gülen han lanzado una investigación muy amplia sobre la corrupción que hasta ahora ha afectado a cuatro ministros y ha llegado hasta el hijo del Primer Ministro, Recep Tayyip Erdoğan.
Ahora Erdoğan y sus asesores han contraatacado. Acusan a los gülenistas de montar un “golpe burocrático” y recurrir a una gran diversidad de sucias artimañas: desde “colocar pruebas” contra generales que fueron condenados el año pasado por conspirar para derribar a Erdoğan hasta hacer “numerosas escuchas telefónicas”.
Ahora se reconoce de forma generalizada lo que de verdad fueron los transcendentales juicios de los supuestos conspiradores para el golpe militar: cazas de brujas basadas en pruebas que en el mejor de los casos eran muy endebles y en muchos casos pura y simplemente fabricadas. Los juicios fueron orquestados por policía, fiscales y medios de comunicación gülenistas, pero contaron con el decisivo apoyo del gobierno de Erdoğan, que los respaldó con todo su peso. El intento actual por parte del bando de Erdoğan de lavarse las manos respecto de dichos juicios y culpar de ellos enteramente a los gülenistas es insincera, por no decir algo peor.
En cierta ocasión, Erdoğan hizo la famosa declaración de que él era el fiscal en el caso Ergenekon, supuestamente encaminado a revelar y combatir el “Estado oculto” turco compuesto de oficiales militares y nacionalistas laicos, pero que iba destinado a una gran diversidad de oponentes políticos. Cuando salieron a la luz los documentos –horrorosos, pero enteramente fabricados– en los que se basaba la ficticia conspiración para el golpe de Sledgehammer, Erdoğan les dio crédito al decir que estaba al corriente de esas tramas. Sus ministros atacaron a los acusados y pusieron en la picota al único juez que formuló una resolución a favor de ellos previa al juicio.
Además de esas declaraciones públicas, el gobierno de Erdoğan hizo todo lo que estaba en su poder para velar por que esos y otros juicios políticos (incluido uno enorme con centenares de activistas kurdos acusados) concluyeran del modo preparado de antemano. En particular, se nombró para las altas esferas de la judicatura a jueces que o eran gülenistas o estaban dispuestos a cumplir las órdenes de ese movimiento. Se hicieron oídos sordos ante las innumerables quejas sobre las flagrantes violaciones del Estado de derecho.
Estos días, Erdoğan y sus asesores dicen cosas muy diferentes. Su nueva postura estriba en que en esos juicios hubo irregularidades, había habido una conspiración contra el ejército y los gülenistas han creado un Estado dentro del Estado. La razón para esa conversión está clara: Erdoğan necesita aislar y avergonzar a los gülenistas, con quienes ahora se disputa el poder en una batalla muy enconada.
Los gülenistas han disfrazado su campaña contra Erdoğan de investigación sobre la corrupción. A nadie que esté familiarizado con Turquía extrañaría enterarse de que una corrupción en gran escala rodeaba los proyectos de construcción, pero está claro que la investigación sobre la corrupción está políticamente motivada y Erdoğan tiene razón en poner en entredicho los motivos de los fiscales. La ronda actual de activismo judicial va encaminada a erradicar la corrupción tanto como las anteriores a actuar contra el “Estado oculto” y los golpes reales, es decir, en modo alguno, pero Erdoğan es quien, para empezar, dejó el paso libre al movimiento de Güllen.
Hace más de tres años, Erdoğan tuvo una oportunidad de oro a raíz del referéndum constitucional de agosto de 2010. Su oportuna victoria confirmó que estaba bien afianzado en el poder y poco podía temer del ejército y otros elementos de la vieja guardia ultralaicista. Podría haber renunciado a las sucias añagazas judiciales y a la manipulación de los medios de comunicación que habían permitido afianzarse a su régimen. En aquella época, yo escribí que, si no cambiaba de rumbo, “el país caer[ía] más profundamente en el autoritarismo, las divisiones políticas llegar[ía]n a ser irreconciliables y otra ruptura política [podría] resultar inevitable”. Lamentablemente, esa predicción se ha cumplido ahora.
Actualmente, Erdoğan dispone de pocas opciones válidas, pero aún podría dar la vuelta a la situación. Las maquinaciones gülenistas en la judicatura y otros órganos de la burocracía han creado un gran espectro de oposición; casi todo el mundo –nacionalistas, activistas kurdos, laicistas, islamistas tradicionales, socialistas y liberales– ha sido blanco de esas intrigas en un momento u otro. En principio, Erdoğan podría movilizar una coalición que transcendiera a su propio AKP para apoyar reformas encaminadas a devolver a la judicatura el papel que le corresponde.
Naturalmente, a ninguno de esos grupos le importaría ver caer a Erdoğan envuelto en llamas; así, pues, todos ellos desearían algo a cambio para unirse a esa coalición. Esas concesiones serían el precio necesario que debería pagar Erdoğan... y que tiene bien merecido por haber conducido a Turquía a su actual embrollo, pero al menos tendría la posibilidad de mejorar el severo juicio que los historiadores emitirán sobre su capacidad de dirección.
Lamentablemente, Erdoğan parece decidido a desaprovechar también esta oportunidad. Ha optado por reaccionar endureciendo su poder autocrático, al pasar a ser el organismo que nombra a los fiscales y a los jueces un simple apéndice del Ministerio de Justicia. Sus partidarios han estado lanzando campañas de difamación contra los gülenistas que recuerdan a las tácticas gülenistas. Parece creer que puede conservar suficiente popularidad para resistir la crisis sin ampliar su coalición.
La batalla entre Erdoğan y el movimiento de Gülen ha llegado a un punto en el que resulta difícil imaginar una reconciliación. Lo bueno es que esa lucha con uñas y dientes está sacando a la luz la corrupción y la manipulación judicial en que se basaba el régimen de Erdoğan. Lo malo es que, independientemente de quién sea el vencedor, la democracia turca será la perdedora... al menos a corto plazo, hasta que surjan fuerzas verdaderamente democráticas
Dani Rodrik is Professor of Social Science at the Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey. He is the author of One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth and, most recently, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. Traducido del inglés por Carlos Manzano.