La crisis costó un cuarto de billón

El gobernador del Banco de España sostuvo el pasado 12 de septiembre en esta misma «página tercera» que la gestión de la crisis bancaria fue «una actuación con éxito», «una solución correcta al problema», «una inversión». Argumenta que dejar las entidades averiadas a su suerte hubiera comprometido el ahorro de los depositantes y provocado un colapso financiero. Cierto, aunque parcial; la quiebra de entidades financieras tiene consecuencias catastróficas en el sistema de pagos global y en el ahorro de terceros de buena fe. Lo cual justifica la supervisión y un control específico de las entidades financieras y de sus gestores a los que se exige idoneidad, trasparencia, honorabilidad y a los que se somete a controles singulares y al riesgo de sanciones que llegan hasta la inhabilitación. Controles que no trasladan la responsabilidad del fracaso al controlador. El principal responsable del desastre es el gestor, aunque al supervisor cabe exigirle que haga bien su trabajo, que practique una vigilancia diligente.

El gobernador sostenía en su artículo que el coste de la crisis ha sido, por ahora, de 41.000 millones para el sector público (FROB) y de 21.000 para las entidades financieras (FGD), cifras que espera minorar con las ventas de activos que figuran en el balance de esas entidades. El gobernador olvidó en sus cuentas las de la Sareb donde es probable que cuando concluya las liquidaciones en curso registre pérdidas a repartir entre sus accionistas (el Tesoro y un grupo de bancos y aseguradoras).

El artículo del gobernador sale al paso de las críticas en la comisión de investigación constituida en el Congreso, cuyas conclusiones conoceremos en su día y sobre las que soy muy escéptico. El gobernador calificaba los argumentos de la oposición de demagógicos y poco fundados. Y no le falta razón, aunque su tesis me parece manifiestamente insuficiente y temerariamente exculpatoria del desempeño del supervisor. Cabía esperar un poco más de autocrítica del gobernador, fundamentalmente porque tiene los datos y le sobra capacidad de análisis.

El coste de la crisis financiera en España ha sido muy alto, coste directo e indirecto, incluido el lucro cesante. Para aproximarnos al coste efectivo basta con sumar las cantidades dedicadas por el sistema financiero durante los diez años de la crisis (2008-2017) a saneamientos de créditos averiados: una cifra que supera los 300.000 millones, casi el 20% del crédito global del sistema. Podemos descontar de esa cifra un porcentaje de falencia crónica o morfológica (¿el 5%?) y no achacable a una crisis tan aguda como la padecida estos años. Con ese descuento la cifra de saneamientos extraordinarios andaría por los 225.000 millones. Esa es una primera cifra de referencia para calcular el coste de la crisis. Para reforzar el argumento y las cifras podemos reparar en los datos de saneamientos aplicados por entidades bien gestionadas que han sufrido la misma crisis pero han preservado la integridad de sus créditos y balances.

Tan descomunal cifra de provisiones para saneamientos supone detraer dividendos a los accionistas, impuestos al estado, salarios a los trabajadores, reservas a las entidades y mayores intereses para los depositantes y menores para los deudores. También recursos liberados en el sistema para dedicarles a otros menesteres más productivos. A esta cifra extraordinaria se puede añadir la de los recursos captados por las entidades financieras en el mercado para reforzar sus fondos propios, del orden de otros 40.000 millones drenados del sistema.

El dictamen del Banco de España publicado en junio sobre la crisis financiera pretendía que el caso español estuvo provocado por «contagio» de la crisis internacional, por las subprime y demás inventos peligrosos de la ingeniería financiera que tanto mal ha traído al mundo. El argumento es poco consistente, la exposición española a esos riesgos ha sido limitada, nuestros problemas eran locales, provocados por la mala gestión de los directivos bancarios, desde los consejos de administración (poco competentes y muy politizados) a directivos con pésimo desempeño.

Algo que pudo haberse mitigado si el supervisor hubiera cumplido con su deber, del que advirtieron reiteradamente los profesionales del Banco de España (los inspectores) en sucesivos escritos bien fundados a la superioridad, a las autoridades de banco y al gobierno. Las cartas a Solbes (mayo 2006), a Elena Salgado (mayo 2011) y a Mariano Rajoy (mayo 2012) son conocidas, aunque fuera con posterioridad. Las autoridades no hicieron el menor caso.

Los gobernadores y subgobernadores desde Caruana a Linde incumplieron el deber de advertencia y vigilancia y las medidas adecuadas para corregir los excesos del sistema sobre los que tenían datos suficientes. En vez de actuar confiaron en la coyuntura o la divina providencia para que el tiempo apagara los fuegos. En resumen no hicieron un buen trabajo y no reconocerlo supone negar la evidencia y fallar en el análisis de las causas del desastre. Hacia el futuro las lecciones han cambiado de escenario, la supervisión del sistema financiero español corresponden al Banco Central Europeo y a los organismo creados a tal objeto en la Unión Europea, con un proceso acelerado, aun incompleto, de «unión bancaria».

La crisis financiera ha tenido un altísimo coste efectivo, en recursos destinados a sostener el sistema financiero. Es cierto que los primeros beneficiados han sido los depositantes, así debía ser; pero también que la factura pudo haber sido mucho menor si las autoridades hubieran hecho bien su trabajo. El agua derramada no mueve el molino, pero para la historia deben quedar los hechos y el análisis correcto. Las autoridades dispusieron de instrumentos y facultades para atajar la crisis y de capacidad para proponer reformas que ampliaran sus facultades.

Cuando el 29 de marzo de 2009 el Banco de España, con bendición del consejo de ministros reunido con carácter extraordinario un domingo, intervino la Caja de Castilla-La Mancha la alerta ante la crisis quedó encendida. Que detrás iba una larga lista de cajas averiadas era de dominio público, pero las autoridades sostuvieron que era una excepción, menos del 1% del sistema; irrelevante. Si entonces hubieran actuado, por prudencia y diligencia, el coste de la crisis se hubiera reducido sensiblemente. Así ocurrió en los Estados Unidos el año 2007. Actuar rápido y con muchos recursos, dice el manual. Eso sin señalar las alertas que debieron encenderse años antes con las opas y contraopas inmobiliarias incitadas y sostenidas por bancos que querían endosar los riesgos del ladrillo (o el solar) a terceros. No hubo prevención antes del incendio ni luego respuesta inmediata cuando las llamas eran una realidad.

Sostener que la gestión de la crisis ha sido un éxito, un acierto, me parece humor negro, espiritismo o ganas de meter la cabeza en tierra para no ver, para no reconocer.

Fernando González Urbaneja, periodista.

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