La celebración de los cinco años del euro y la expansión de la Unión Europea a 27 países ha coincidido con la publicación de los últimos datos del Eurobarómetro que señala el continuo declive de la popularidad de tal institución entre grandes sectores de las poblaciones de los países miembros de la Unión Europea. Tal declive se había presentado ya en el voto negativo a la Constitución Europea en los referenda francés y holandés, que tradujeron un rechazo hacia las instituciones de la UE que procedía primordialmente, aunque no exclusivamente, de los sectores de las clases populares que se sentían más inseguros frente a los desarrollos económicos y sociales -incluyendo su expansión- que están ocurriendo en su vida cotidiana, y que atribuyen en gran parte a políticas estimuladas o desarrolladas por las instituciones de la UE. Así, en Francia y en Holanda (donde la Constitución fue rechazada) el 72% y el 63%, respectivamente, de los votantes de clase trabajadora votaron en contra de la Constitución Europea, porcentaje de rechazo superior al de otras clases sociales. Lo mismo ocurrió en Luxemburgo (donde la Constitución fue aprobada), donde el 62% de los trabajadores manuales que votaron lo hicieron en contra de la Constitución. Es más, las encuestas populares mostraron que si hubieran existido referenda sobre la Constitución Europea en Alemania y Dinamarca, la mayoría de sus clases trabajadoras hubieran estado también en contra de tal Constitución (61% y 72%).
La generalización del proceso de rechazo por parte de sectores importantes de las clases trabajadoras en muchos países de la Unión Europea permite la conclusión de que tal rechazo no se debía exclusivamente a situaciones locales (como podían ser la impopularidad en Francia del presidente Chirac, por ejemplo) sino a hechos generales que están ocurriendo a nivel europeo. Entre ellos existen cuatro que están afectando al bienestar y la calidad de vida de amplios sectores de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares, y que no han tenido la visibilidad mediática o atención política que debieran, excepto retóricamente. Uno de ellos ha sido el desempleo, el cual ha crecido muy notablemente a partir de finales de la década de los años setenta y principios de los años ochenta. Desde entonces el desempleo, que había sido desde la II Guerra Mundial más bajo en Europa que en EE UU, pasó a tener unas tasas mucho mayores que en aquel continente. El desempleo se ha convertido en Europa en una lacra social que afecta particularmente a algunos sectores y grupos etarios, alcanzando sus máximas cuotas entre los jóvenes, las mujeres, y los trabajadores no cualificados.
Otro hecho con menor visibilidad mediática, pero de igual trascendencia, ha sido una redistribución de la renta basada en un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento de las rentas del trabajo. Un ejemplo de este fenómeno generalizado en la UE se presenta también en España. El beneficio neto de las empresas no financieras españolas aumentó un 25% en el año 2005, y el de los grandes que cotizan en bolsa y que se incluyen en el IBEX-35 fue de un 44%. Los grupos que consiguieron mayor crecimiento de sus beneficios fueron las empresas energéticas, la banca (que según la Asociación Española de la Banca, alcanzó un crecimiento de los beneficios de 58,8% respecto al año 2004) y las empresas de la construcción. Este crecimiento de los beneficios del capital contrastó con el estancamiento de los salarios. El salario promedio en el año 2005 tenía prácticamente la misma capacidad adquisitiva que en 1997, habiendo crecido sólo un 0,4% durante tal periodo. Esta situación se ha reproducido en la gran mayoría de países de la UE, contribuyendo a un gran crecimiento de las desigualdades de renta, siendo España uno de los países donde tal crecimiento ha sido mayor.
La tercera situación que está afectando negativamente el bienestar de las clases populares es la ralentización del crecimiento del gasto público social por habitante. El crecimiento de tal gasto en la década de los años noventa y principios de los años 2000 fue menor en la mayoría de países de la UE que en la década de los años ochenta. Este descenso de la tasa de crecimiento fue acompañado de una disminución de los beneficios sociales en los programas que afectan en gran medida la calidad de vida de los trabajadores. Así, Walter Korpi y Joachim Palme (New Politics and Class Politics in the context of Austerity and Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries) han documentado cómo las tasas de sustitución salarial en los seguros públicos de enfermedad, desempleo y accidente laboral han disminuido en la mayoría de países de la UE.
Todos estos hechos son, en parte, consecuencia de las políticas públicas llevadas a cabo en estos países con el estímulo, cuando no el mandato, de la Comisión Europea. Estas políticas han incluido la reducción del gasto público (estimulado indirectamente por el Pacto de Estabilidad), la reducción de los impuestos (que han beneficiado a los grupos más pudientes de la población), la reducción de la protección social con disminución de los beneficios sociales, la desregulación de los mercados laborales y un mantenimiento por parte del Banco Central Europeo de unos intereses bancarios más altos de lo que se necesitaría para mantener una baja inflación. Estas políticas traducen el consenso de Bruselas, y reproducen la sabiduría convencional que se presenta en los establishments económicos y financieros europeos, y que está creando una enorme crisis de la Europa Social, causa del rechazo por amplios sectores de las clases populares y muy en particular de sus clases trabajadoras a las instituciones de la UE, que se consideran responsables de su creciente inseguridad, la cual es un caldo de cultivo para movimientos antisistema con contenidos racistas antiinmigrantes. No es racista el más ignorante sino el más inseguro y hay hoy mucha inseguridad en los mercados laborales europeos, inseguridad que se percibe (por amplios sectores de las clases populares) exacerbada por la continua expansión, generadora de mano de obra barata que compite por un número limitado de puestos de trabajo.
Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra.