La crisis económica no ha terminado

El grave conflicto de los controladores aéreos de estos días, previsible y previsto, y las decisiones, extraordinarias y sorprendentes, adoptadas por nuestras autoridades para su finalización, habían extendido la sensación, en absoluto fundada, de que la crisis económica ha terminado o está a punto de terminarse para nosotros. Quizá habían coadyuvado a esa idea una muy corta paz en los mercados de deuda, las precipitadas medidas derivadas de la reunión de Trípoli -donde algunos de sus colegas europeos recordaron a nuestro presidente sus deberes y los riesgos de su incumplimiento- y los elogios de algunas autoridades comunitarias hacia nuestra política económica, junto al compromiso alemán de no hacer pronósticos para evitarnos mayores complicaciones frente a los mercados.

Y es que, como subrayaba hace poco The Economist, nada menos que el futuro del euro es lo que está ligado al futuro de la deuda española. Debido a su considerable volumen, si España no pudiese atender sus compromisos internacionales, el euro sufriría muy directamente sus consecuencias. Esas consecuencias podrían concretarse en tres posibles alternativas. La más grave, sin duda, la desordenada desaparición del euro a causa de un extendido movimiento de pánico incontrolado. La siguiente en gravedad -al menos para nosotros- la expulsión de España de ese reducido e importante club. La tercera, el abandono del euro por Alemania seguida, quizá, por Francia, quedando la moneda única en poco menos que nada. Como esas tres alternativas no parecen deseables para nadie, la solución a los problemas del euro está ligada a que los mercados perciban nítidamente que España es capaz de atender sus compromisos internacionales.

La condición, sin embargo, no resulta fácil de cumplir. A mitad del presente año y según el Banco de España nuestra deuda externa -es decir, la deuda cuya posibilidad de impago preocupa a los mercados internacionales- era superior a 1,795 billones de euros y equivalía a algo más de un 167% de nuestro PIB, es decir, una de las más altas del mundo en términos relativos. En ese total, la deuda exterior del sector público español suponía algo menos del 17% mientras que la de las entidades financieras se elevaba a casi su 42%, quedando el resto repartido entre la autoridad monetaria (6%), empresas, familias e instituciones privadas sin fines de lucro (25%) e inversiones directas en nuestro país (10%). El problema estriba, por tanto, en el fuerte endeudamiento exterior de España y también en los elevados compromisos externos de nuestras entidades financieras. Sin embargo, los compromisos exteriores de bancos y cajas no preocuparían si los créditos financiados con esos fondos externos se devolviesen por sus deudores en su integridad y sin retrasos, lo que parece difícil porque muchos de ellos han alimentado nuestra gran burbuja inmobiliaria y otros se han concedido a quienes hoy se encuentran en paro o en quiebra. Tampoco preocuparían tanto si su refinanciación pudiera hacerse fluidamente y a precios más asequibles que los actuales.

También preocupa a los mercados la velocidad del crecimiento del total de nuestra deuda externa, que a mitad de 2006 representaba tan solo un 128% del PIB y que ha aumentado en casi 40 puntos porcentuales en los últimos cuatro años hasta alcanzar el 167% antes citado. Aunque el aumento de la deuda exterior de los bancos en ese periodo ha sido significativamente menor, situándose en el entorno del 26%, la deuda externa del sector público ha crecido en casi otro 40% en los cuatro años citados. A eso hay que añadir el que la deuda pública externa ha financiado muchos gastos que no van a generar nueva producción y, en consecuencia, nuevos ingresos públicos que permitan pagar sus muy elevados intereses y reintegrar su principal. De ahí las dudas sobre la capacidad de pago de España cuando, además, los crecimientos que se esperan para nuestro PIB serán muy reducidos en los próximos años, poniendo en peligro los objetivos de déficit y, consecuentemente, las posibilidades de frenar el aumento de la deuda pública y quizá el ordenado pago de sus intereses y amortizaciones.

Una posible salida para el problema de nuestra deuda externa podría consistir en que el Banco Central Europeo adquiriese la que se ofertase en los mercados. Previamente debería transformarse en deuda pública la parte de la deuda bancaria exterior correspondiente a sus activos averiados, quizá a través de un banco malo financiado públicamente. Con ese respaldo del BCE podrían desaparecer las dudas sobre nuestra solvencia. Más o menos en eso está consistiendo la solución Bernanke aplicada por la Reserva Federal americana: adquisición masiva de deuda pública y de bonos privados. De un modo similar se está comportando también el Banco Central Europeo últimamente, aunque a menor escala. Si cubriese todas las necesidades actuales de los países europeos con problemas, el apoyo del BCE supondría un crecimiento muy importante de la oferta monetaria y acabaría teniendo graves repercusiones en los precios. En Estados Unidos se duda hoy de que el Quantitative Easing II sea suficiente pese a su elevado volumen, que añade ya demasiado combustible, lo que puede producir la aparición de nuevas burbujas en los precios de los activos.

La segunda solución que se ha discutido en estos días -la solución Juncker, por ser el primer ministro luxemburgués quien la ha apadrinado- consistiría en la creación de un único Tesoro público para los países del euro, algo parecido a una Agencia Europea de Deuda Pública. Tendríamos así un solo emisor de deuda pública en la zona euro que recibiría el más amplio respaldo de los mercados y subrayaría el compromiso indubitable de los países que participan en la moneda única. Inicialmente la emisión se limitaría al 50% de la deuda pública de cada país, pero se ampliaría gradualmente hasta la totalidad. Esta solución, que podría tener sentido si se adoptase simultáneamente una política fiscal común con un solo organismo comunitario responsable de ella, ha sido rápidamente rechazada por dos motivos. El primero, porque implicaría cambios sustanciales en el Tratado de la Unión, que garantiza la autonomía fiscal de los países integrantes. El segundo, porque, sin unificar las políticas fiscales, ese emisor único implicaría un riesgo moral inasumible, al conceder un fuerte incentivo a los países en dificultades para no cumplir con los límites de déficit. Por eso ha sido rechazada, aunque no se descarta que en el futuro la política fiscal tenga que unificarse en los países del euro.

La tercera solución -la solución Weber, porque fue propuesta inicialmente por el presidente del Bundesbank- consistiría en una ampliación importante del actual Fondo de rescate europeo, que puede llegar ahora hasta 750.000 millones de euros. Pero Alemania ha logrado imponer su criterio de que, en lugar de una ampliación, se sustituya el Fondo actual por un mecanismo permanente de rescate que incluya quitas y esperas para los tenedores de la deuda rescatada, lo que ha aumentado el nerviosismo de los mercados respecto a los países periféricos. Los rescates se acompañarían siempre de fuertes medidas restrictivas en los países rescatados y de importantes sanciones por incumplimiento. El nuevo mecanismo entraría en vigor en 2013, sustituyendo al actual Fondo de rescate. De ahí quizá los elogios rituales a nuestra política económica para exorcizar la presión de los mercados cuando no se puede ofrecer otra cosa en el intermedio.

¿Qué deberíamos hacer cuando se hayan olvidado los conflictos de los controladores y los halagos a nuestra política económica?. La rebaja ayer por Moody’s de la calificación de nuestra deuda pública demuestra que el problema está vivo y empeorando cada día. Por eso, como las medidas de ajuste son inevitables y un posible rescate, además de muy difícil, podría acabar con nuestro crédito internacional y con nuestra economía para muchos años, la respuesta resulta evidente. Deberíamos hacer ya nuestros deberes, sin esperar más y sin ese goteo estratégico que hemos visto últimamente y que tan escasos resultados ha conseguido hasta ahora. Es decir, deberíamos poner en marcha un programa único y completo de duro saneamiento coyuntural y de profundas reformas estructurales que todos, salvo nuestro Gobierno, parece que tenemos ya en mente. Pero, para llevarlo a término, necesitaremos de un gran acuerdo político y, probablemente, de otros protagonistas al mando. Los actuales han perdido su credibilidad y, por eso, nos deberían evitar generosamente la larga y arriesgada espera que constitucionalmente puede quedarnos por delante.

Por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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