La crisis exige la Unión Económica

La historia tiene estas paradojas. Avanza de forma entrecortada, a golpe de turbulencias o de situaciones críticas. La historia de la Unión Europea no es una excepción. Nació después de una gran guerra, para evitar que esta se reprodujera. Treinta años después apareció la moneda única respaldando la reunificación de Alemania y de Europa.

Y ahora, en 2010, la mayor crisis financiera que hayamos conocido está empujando a los países a aceptar lo que hace pocos meses era sencillamente inimaginable: la Unión Económica, es decir, un Gobierno de la economía de la Unión Europea, no solo de su moneda.

Estos últimos meses hemos estado en el ojo de un huracán compuesto de turbulencias financieras y de ataques especulativos. Ha sido la consecuencia de la falta de confianza en una economía productiva dañada, y también, a la vez, manifestación de un profundo recelo ante la incertidumbre sobre el proyecto de la eurozona.

Así, las crisis financiera y económica (recesión y aumento del desempleo) han originado abultados déficits de las haciendas públicas. Estos déficits han terminado por provocar una crisis de deudas soberanas que ha situado a los Gobiernos (a todos) en una cruel contradicción: el ajuste fiscal es necesario, pero frena o retarda el crecimiento que ya se atisba.

No teníamos instrumentos políticos para combatir desde la Unión esos dramáticos hechos. Solo había una forma de reaccionar: defender la moneda y el equilibrio de las cuentas públicas y, a la vez, transformar el modelo de crecimiento, para que no sobrevenga otra crisis devastadora y para preservar el modelo social del Estado de bienestar; nuestro modelo.

Tengo que reivindicar la huella española que hay detrás de lo que estamos haciendo. Al comienzo de nuestra presidencia del Consejo de la Unión publiqué un artículo titulado España propone la Unión Económica (EL PAÍS, 22 de enero, páginas 27 y 28). Situaba este objetivo prioritario como un proceso que debería haber estado en marcha desde que el Tratado de Maastricht entró en vigor en el año 1993. Decía en ese artículo (y perdón por la autocita): “Sin embargo, este proceso se paralizó y la Unión Económica no vio la luz, mientras que la que se desarrolló fue la política monetaria. Ahora es el momento, a través del Tratado de Lisboa, de recuperar la Unión Económica”.

Pues bien, la Unión Europea, a lo largo de la presidencia española, ha reaccionado en esa dirección. En lo “defensivo”, no permitiendo la caída de Grecia y blindando la estabilidad de la eurozona con el llamado Mecanismo Europeo de Estabilización (750.000 millones de euros), que, a la vez, ha comprometido a los Estados a aprobar planes de consolidación fiscal, de austeridad, y a realizar reformassobre los “cuellos de botella” del mercado que hace tiempo habría que haber abordado, como acaba de recordarnos Mario Monti.

Pero la Unión Europea también ha enfrentado las medidas de largo alcance, las reformas estructurales. Medidas “ofensivas” que pretenden modernizar las economías europeas y reactivarlas, para crear empleo y hacerlas competitivas en la era de la globalización, la época que ha cambiado la relación de fuerzas económicas en el mundo, no precisamente a favor de Europa.

La Unión Europea va a conseguir, en ese sentido, un triple objetivo:

1. Reformar la regulación de los volátiles mercados -el “paquete de supervisión financiera” que el Gobierno español, en nombre del Consejo, negocia con el Parlamento Europeo en estos mismos días- además de regular los hedge funds y las agencias de rating.

2. Poner en práctica una coordinación real y efectiva de las políticas económicas de los países de la UE (especialmente de la eurozona), incluyendo la disciplina presupuestaria que exigen los Tratados, de lo que se ocupa el grupo (Task Force) que preside Van Rompuy.

3. Aprobar la Estrategia de Crecimiento y Creación de Empleo (EU 2020), que esperamos lanzar en el trascendental Consejo Europeo del próximo 17 de junio, último de la presidencia española.

En este Consejo Europeo se va a dar un salto cualitativo en algo que resume todo lo anterior: la Unión Económica; la que hace casi dos décadas estamos esperando, y que ha sido traída de alguna forma por la crisis.Porque es la forma de salir de ella para no volver a caer. Es lo mejor para España, que necesita que a Europa le vaya bien.

La Unión Económica tiene un corolario inseparable: el Gobierno Económico. Es decir, un Consejo Europeo que fija y dirige la estrategia política; una Comisión que ejecuta y exige; y un Parlamento Europeo que legisla y controla al Consejo y a la Comisión.Este Gobierno Económico debe tener una dimensión exterior.

Es lo que ha de permitir ir a Toronto, al G-20, con una posición europea única en asuntos tan decisivos como el debate abierto sobre las nuevas fuentes tributarias (tasa sobre el carbono, o sobre el sistema financiero) que vengan a relevar a la era del endeudamiento público crónico y estructural, que ha tocado a su fin.

En suma, la crisis, o las crisis (la financiera, la productiva, la de las cuentas públicas) han puesto de relieve durísimamente la insuficiencia esencial de una mera Unión Monetaria sin referencias económicas y políticas unitarias.

La crisis ha debilitado nuestras economías, nuestros tejidos productivos y nuestro mercado laboral. En realidad, ha puesto a prueba el proyecto europeo. Pero no lo ha derribado, ni fragmentado. La Unión Europea ha respondido. Con lentitud a veces exasperante. Pero ha dado una respuesta europea, que ha de ser aún más coherente y segura para cohesionar más a los europeos.

Este rumbo debe ser mantenido contra viento y marea. Por eso es tan decisiva y determinante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del día 17 de junio.

Porque si hay algo que Europa requiere, siempre, pero particularmente ahora, es un liderazgo político que lance un mensaje firme, claro y alto -a los ciudadanos, primero, y a los llamados mercados, después- sobre la fuerza del proyecto democrático supranacional más importante que conocemos.

Diego López Garrido es secretario de Estado para la Unión Europea.

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