En la tarde del lunes 30 de septiembre de 2019, el Perú revivió una imagen que no veía hace 27 años: dos presidentes avalados por dos poderes del Estado diferentes, a 500 metros de distancia el uno del otro.
El Congreso, tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de su disolución, respondió declarando la suspensión de las funciones del mandatario y encargándole sus obligaciones a la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz.
La última vez que pasó algo similar fue el 5 de abril de 1992, tras el autogolpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Alberto Fujimori. Dos semanas después, los congresistas le tomaron juramento al vicepresidente Máximo San Román como presidente constitucional. Su mandato no se hizo efectivo, pues no fue reconocido por las Fuerzas Armadas ni por la comunidad internacional.
Esta vez, la situación duró poco más de 24 horas. En la noche del martes 1 de octubre, Aráoz renunció a la vicepresidencia de la República y a la encargatura de funciones presidenciales, luego de que fuera denunciada por usurpación de funciones. A través de un mensaje que acompañó a su carta solicitó que se realicen elecciones generales, situación que será difícil de cumplir, según especialistas consultados.
La presidencia de la República y el Congreso han tomado decisiones que generaron la mayor crisis política del siglo XXI en Perú, ya que su legalidad aún es analizada entre los más encumbrados juristas peruanos.
Las circunstancias que originaron esta crisis se remontan al inicio de la presidencia de Martín Vizcarra, en marzo de 2018. Vizcarra heredó una situación política difícil de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo por denuncias en su contra en las investigaciones del Caso Lava Jato y por la presunta compra de votos de legisladores en la sesión en la que se discutiría su vacancia.
Kuczynski ya afrontaba una dura oposición de Fuerza Popular, el partido heredero del régimen de Fujimori, contra el que había competido en la segunda vuelta electoral de 2016 y que obtuvo la mayoría de asientos en la cámara única del Parlamento. A raíz de esto, el gabinete ministerial de Kuczynski presentó una Cuestión de confianza —un mecanismo constitucional que solicita al Congreso el respaldo expreso a una política— pero fue rechazada.
Vizcarra, entonces vicepresidente, asumió el mandato tras la renuncia de Kuczynski, pero sin una bancada de parlamentarios sólida que lo respaldara. Su relación con el fujimorismo se desgastó rápidamente a raíz de varios enfrentamientos, entre ellos el proyecto de convocatoria a un referéndum para promover la regulación del financiamiento de los partidos políticos, impedir que los congresistas puedan reelegirse y una reforma del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura —entidad encargada del nombramiento de jueces y fiscales que estuvo involucrada en un caso de corrupción de cuellos blancos—.
Para impulsar que el Congreso aprobara con celeridad el referéndum, Vizcarra presentó una Cuestión de confianza, la cual fue aprobada. Para muchos analistas, esta fue su primera victoria electoral.
En paralelo a este proceso político, en las cortes judiciales se ordenó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y contra otros dirigentes de su partido por presuntamente haber recibido aportes de campaña de la constructora Odebrecht. Se le acusó de haber incurrido en lavado de dinero ilícito.
Medidas similares se tomaron contra exfuncionarios del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) y de otros partidos, a raíz de las investigaciones del Caso Lava Jato. Parlamentarios de dichos partidos acusaron una politización de la justicia y responsabilizaron al presidente Vizcarra de perseguirlos.
El segundo gran enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se produjo cuando Vizcarra presentó ante el Congreso un paquete de 12 reformas políticas para que fuera revisado con urgencia y aprobado para la próxima elección de autoridades en el 2021. El conjunto de propuestas incluía restricciones para postular a un cargo público, modificaciones a la democracia interna y en la inscripción de las organizaciones políticas, paridad y alternancia de género en las listas, entre otras.
El debate, a cargo de Fuerza Popular, fue lento y el Ejecutivo presentó otra Cuestión de confianza sobre seis de esos proyectos para que fueran aprobados manteniendo su “esencia”. La medida fue aprobada por el Congreso, pero hizo cambios en un proyecto sensible: aquel que modificaba el proceso para levantarle la inmunidad a los parlamentarios.
Vizcarra acusó el golpe. En el último mensaje a la nación del 28 de julio pasado, señaló que la Cuestión de confianza fue aprobada de palabra, pero negada en los hechos. Anunció la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional para recortar un año su mandato y el de los parlamentarios, y convocar a elecciones en 2020.
En su mejor momento, la propuesta contó con el 75% del respaldo de la población, según la primera encuesta realizada por El Comercio e Ipsos. Todos los enfrentamientos que tuvo Vizcarra con el Congreso le ayudaron a subir por temporadas su aprobación.
Este proyecto no fue debatido de inmediato por el Congreso. A pedido del presidente de este poder, Pedro Olaechea, convocó en consulta a miembros de la Comisión de Venecia para que emitieran una opinión sobre la legalidad de esta propuesta.
Mientras, el oficialismo había trazado el 30 de septiembre como fecha límite de la aprobación del adelanto de elecciones. Solo de este modo se podía cumplir con un calendario electoral que permitiera convocar a referéndum para su aprobación entre noviembre y diciembre, elecciones generales en abril y que el nuevo gobierno pudiera asumir el 28 de julio, como está establecido en la Constitución.
El pasado jueves 26 de septiembre, la Comisión de Constitución, en la que el bloque opositor tenía amplia mayoría, decidió archivar la propuesta de adelanto de elecciones. En respuesta, Vizcarra anunció un día después que presentaría su tercera Cuestión de confianza con carácter de urgencia, esta vez sobre un proyecto de ley que planteaba modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el máximo organismo de interpretación de la Constitución.
En paralelo a la discusión del adelanto de elecciones, una comisión del Congreso eligió a los candidatos a reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato había vencido en junio. Estos magistrados deben ser ratificados por el voto de las cuatro quintas partes del pleno del Congreso (87 votos). Los congresistas del bloque que apoya las iniciativas de Vizcarra habían denunciado que la selección de postulantes se dio en corto tiempo.
Las principales suspicacias se dieron a raíz de que este organismo debe analizar en los próximos días un hábeas corpus presentado por los familiares de Keiko Fujimori, con el que solicitan su liberación de la cárcel. La votación de las candidaturas estaba programada para este lunes 30 de septiembre.
En la noche del domingo, el presidente Vizcarra dio una entrevista en el programa dominical peruano “Cuarto poder” en el que señaló que, en caso de que el Congreso decidiera votar primero la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y después de ello la cuestión de confianza, daría por entendido que esta fue rechazada.
El lunes por la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acudió al pleno del Congreso a solicitar la Cuestión de confianza. Tras varios incidentes, que incluyeron empujones y negativas a darle el uso de la palabra a Del Solar, el Congreso decidió someter a votación la elección de dos postulantes, antes de la Cuestión de confianza.
Por la tarde, una serie de eventos transcurrieron casi en paralelo. Mientras el presidente Vizcarra empezaba a emitir un mensaje a la nación en el que anunciaría su decisión de disolver el Congreso, éste aprobaba la Cuestión de confianza al Ejecutivo. La votación terminó poco antes de que el mandatario pronunciara su decisión. A juicio de Vizcarra, la cuestión de confianza había recibido una “negación fáctica”.
El artículo 134 de la Constitución Política del Perú establece que el presidente puede disolver el Parlamento en caso de que el Poder Legislativo le niegue dos veces la cuestión de confianza. Como Vizcarra reemplazó a Kuczynski como parte del mismo gobierno, quedaba facultado a tomar esta decisión si es que el Congreso le negaba la confianza a su Gabinete en una ocasión.
La publicación de la resolución oficial en el diario oficial El Peruano —obligatoria para que se ejecuten las decisiones del Poder Ejecutivo— tardó. Se realizó después de que el Congreso, interpretando que aún continuaba en funciones, aprobara la suspensión por un año de Martín Vizcarra como presidente, alegando incapacidad temporal. En su lugar, Mercedes Aráoz juró como presidenta encargada por el Congreso.
En horas de la noche, el presidente del Congreso emitió una resolución, firmada por otros cuatro voceros de bancadas, con la cual declaraba inaplicable el Decreto Supremo por el que se disolvió el Parlamento. Esta situación abona a las complicaciones jurídicas que tiene este proceso.
Por otro lado, las comandancias generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional reconocieron la legitimidad del gobierno de Vizcarra. Hasta el martes por la mañana, ninguna entidad reconoció el gobierno de Aráoz.
El martes por la mañana, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que señaló que las diferencias sobre la legalidad de las medidas deben ser interpretadas por el Tribunal Constitucional peruano y en las elecciones, convocadas por Vizcarra. El Jurado Nacional de Elecciones de este país emitió un cronograma para la elección de parlamentarios que completen el periodo 2020-2021, el cual se llevará a cabo el 26 de enero del próximo año.
Los integrantes del Congreso disuelto están evaluando plantear medidas legales ante el Tribunal Constitucional para recuperar su legalidad. La evaluación de estos recursos podrían tardar entre tres y cuatro meses, desde que se presenten. Durante ese tiempo, correrá en paralelo el proceso para elegir a sus sustitutos.
Por unas horas, Perú estuvo dividido entre los que reconocían a uno u otro presidente. La renuncia de Aráoz ha complicado más el desenlace de esta historia que podía percibirse en cada paso que se tomó. Una reestructuración política, como la que buscaba Vizcarra, no iba a ser posible sin un acuerdo de las fuerzas políticas, lo cual fue interrumpido constantemente. El conflicto que terminó rebasando los cauces ordinarios revive un fantasma que se creía superado.
Jonathan Castro Cajahuanca es reportero político y de investigación. Actualmente trabaja en el diario El Comercio de Perú.
Este texto fue actualizado la mañana del 2 de octubre de 2019 tras la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz.