Por Manuel Castells, catedrático emérito de Sociología de Berkeley y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (EL PERIÓDICO, 05/11/05):
Durante la última década, América Latina, en su diversidad, ha consolidado regímenes políticos democráticos y ha llevado a cabo reformas económicas liberalizadoras que han permitido su integración en la nueva economía global. Para el conjunto de la región, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) per cápita se incrementó de un promedio anual del 0,6% en el periodo 1991-1997 a un 1,2% en el de 1998-2002, para situarse en un 1,9% en el 2003 y acelerar hasta un 5,5% en el 2004. Ha habido modernización de la infraestructura tecnológica y progreso en educación y en salud, con sustancial reducción de la mortalidad infantil y una esperanza de vida de 72 años, 20 más que en 1950. Aún así, el PIB per cápita apenas supera el nivel de 1980, la pobreza sigue alcanzando al 43% de la población y la indigencia al 18%. La desigualdad social es la más alta del mundo.
Pero lo inquietante es que la mayoría de América Latina sufre una profunda crisis política. El informe de Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina en el 2004 reveló que un 54,7% de los ciudadanos apoyarían un Gobierno autoritario si resolviese sus problemas económicos, y un 56,3% considera el desarrollo más importante que la democracia. Más de dos tercios de los ciudadanos piensan que los políticos no cumplen sus promesas porque mienten para ganar las elecciones. Y no es que la gente sea apática; las movilizaciones sociales son frecuentes.
La visión de la gente refleja el estado de descomposición de las instituciones políticas, frecuentemente penetradas por la economía criminal, periódicamente sacudidas por casos de corrupción y centradas en la construcción de redes clientelares para mantenerse en el poder.
En esas condiciones, cualquier crisis social pone en cuestión el frágil sistema político como en Argentina en el 2001, cuando la explosión popular se transformó en el grito: "Que se vayan todos!". O como en Ecuador en el 2005, cuando el presidente populista Gutiérrez fue obligado a huir del país por la movilización de ciudadanos indignados. O las revueltas populares en Bolivia, en donde la gente rechaza explotar la inmensa riqueza de yacimientos de gas que se acaban de descubrir mientras que no se garantice que esa riqueza no irá a parar mayoritariamente a las empresas multinacionales (Repsol, Total, Petrobras), al igual que ocurrió con los recursos minerales que a lo largo de la historia sacaron los extranjeros de las entrañas de la Pacha Mama.
A BRASIL SE HA extendido la podredumbre, donde el PT de Lula, esperanza de muchos brasileños y también de muchas personas en todo el mundo, se ha revelado como una máquina de obtención de recursos para el partido, practicando la compra de votos en el Congreso como método parlamentario. Aunque el presidente Lula no está implicado en la corrupción, la comisión de investigación acaba de votar acusando a José Dirceu, el hombre fuerte del partido y del Gobierno de Lula, como organizador de la trama de financiación ilegal. La reelección de Lula en el 2006 ha sido puesta en cuestión. Pero las consecuencias de esta crisis van aún más allá que el destino de un partido o un líder. Con cada nueva decepción se ahonda la crisis de confianza de los ciudadanos en la todavía joven democracia latinoamericana.
Además, la economía criminal sigue penetrando las instituciones del Estado, en particular la policía, las aduanas, los jueces y los partidos políticos. En México, la misteriosa muerte hace un mes del viceministro del Interior encargado de la lucha contra el narcotráfico se une a una larga serie de asesinatos y desapariciones. Por otra parte, el intento de la clase política mexicana de enviar a la cárcel por un problema administrativo a López Obrador, el candidato de izquierda que se perfila como presidente de México, fue frenada in extremis por el presidente Fox, que aún quiere pasar a la historia como el presidente que democratizó México tras casi un siglo de Estado-PRI. Pero la inestabilidad política se instala también en México.
En Venezuela, la debacle de la clase política, probablemente la más corrupta de América Latina, ejemplificada por el veterano socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, ha instalado firmemente en el poder a Chávez, cuyo populismo nacionalista es a la vez un factor de esperanza para los pobres de Venezuela y un elemento potencial de desestabilización en América Latina, si se empeña en exportar su revolución bolivariana, ayudado por la riqueza petrolera derivada del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Irak.
En Colombia sigue la guerra civil no declarada, con ambos bandos conectados a los narcos y una sociedad cada vez más amedrentada.
En suma, el problema del desarrollo latinoamericano es político más que económico.Tal vez por eso son importantes las experiencias del Chile democrático o de la nueva Argentina. Chile, desde 1990, ha mantenido un alto crecimiento económico, más que con Augusto Pinochet, pero además ha reducido el nivel de pobreza del 41% al 18% y ha mejorado extraordinariamente las condiciones de salud, educación y vivienda de la población, al tiempo que afianzaba la democracia. Kirchner surgió de la profundidad de la crisis argentina, y en base a la confianza depositada en él pudo conducir reformas políticas que han puesto a la economía en la senda del crecimiento.
Hay, pues, esperanza. Pero pasa por una regeneración de la política. Neoliberalismo y corrupción son la receta para la violencia y la demagogia. Ésa es la crisis recurrente de América Latina.