La cruz o la raya

Por Manuel S. Jardí, periodista (EL PERIÓDICO, 16/10/07):

Sin prisa, pero sin pausa. La apostasía crece y la guerra entre la jerarquía católica y el derecho que asiste a cuantos deciden cancelar sus datos en los registros de la Iglesia llega a los tribunales de justicia.
Madrid y Valencia se erigen como principales frentes de una batalla legal de largo recorrido, con resultados inciertos y posibles e inesperados daños colaterales. La memoria presentada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) confirma la tendencia que despuntó con la visita del papa Benedicto XVI en el año 2006 y las acalladas protestas por aquel fasto, entre las cuales, un millar largo de peticiones de apostasía que el arzobispado de Valencia denegó raudo y veloz. Un número similar se presentaron en Madrid, con igual resultado. Tampoco el Defensor del Pueblo atendió las reclamaciones que exigían la anulación de las actas bautismales, al considerar que iglesias, confesiones y comunidades religiosas no tienen carácter de Administración pública y, en consecuencia, no es posible intervención alguna por su parte.

EL SARPULLIDO apóstata y la negativa de los obispos a depurar el censo activaron la vía judicial, previo paso por la AEPD. En su informe anual, la agencia que dirige Artemi Rallo recoge en el apartado relativo a la tutela de derechos casi 70 resoluciones en el primer semestre del año en curso, la mayoría interpuestas desde la demarcación valenciana. Como en las decenas de recursos anteriores, la agencia estima la reclamación de los demandantes e indica al arzobispado que acepte el ejercicio del derecho de cancelación en los registros bautismales, o motive las causas que lo impidan. La ley orgánica de protección de datos obliga a que los de carácter personal sean exactos, estén al día y “respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. No es una cuestión de fe, sino de influencia y posible captación de recursos. Quién sabe si el día de mañana, a la hora del reparto, la ración de tarta no es la misma si la afiliación suma dos o alcanza los tres millones. Para tal empresa cuentan todos, incluyendo a los prisioneros. No hay noticias de otras diócesis más discretas, pero en las que administran Rouco Varela y García Gasco la apostasía ha sido declarada casus belli, de manera que es más difícil causar baja en estos registros que en una operadora telefónica.

EL RESULTADO es un prolongado calvario para los irredentos, al recurrir la jerarquía por la vía del contencioso-administrativo cada una de las resoluciones, en espera de que la Audiencia Nacional dicte una jurisprudencia favorable a la Iglesia. Al cabo, la AEPD solo exigía una anotación, haciendo constar, en su caso, la renuncia de quienes fueron conducidos en pañales ante la pila bautismal. Los litigantes tampoco comparten este criterio. Consideran que sus identidades deben ser borradas de los libros de la Iglesia y no se conforman con un par de líneas que expresen su decisión de desvincularse del credo.
Privacidad y protección de datos son derechos fundamentales. Que es tanto como advertir que la resolución de cualquier instancia judicial, en este caso la Audiencia Nacional, puede representar un suma y sigue de recursos hasta el último casillero, con sede en Estrasburgo. El mes que viene se cumplen tres años de la sentencia Moreno Gómez contra España, con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció un punto sin retorno en la lucha contra el ruido.
Pilar Moreno, una profesora de instituto que sufría las inclemencias de una zona de ocio y la pasividad de la autoridad municipal, ganó una partida histórica. Y prolongada: entre 1997 y 2004, del juzgado de guardia hasta el Tribunal Europeo. De derrota en derrota, hasta la victoria final. Lo más importante no fueron los 3.884 euros con que la indemnizó, caprichos del destino, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en vez del ayuntamiento de Rita Barberá. Aquella sentencia cobra su verdadera dimensión en las medidas que todas las administraciones públicas se apuran por observar –o intentan sortear con demoras burocráticas–, para no sufrir un revés similar al del exalcalde de Vila-real, inhabilitado hace pocos meses por el Tribunal Supremo con un pliego de cargos inspirado en el célebre caso de Moreno Gómez contra España.

SI DAVID venció a Goliat porque el ruido violaba el respeto del domicilio y de la vida privada, la partida de la apostasía también puede ganarse en el terreno de los derechos fundamentales. Decenas de sitios web pueblan la red con detalle de cada ruta para tramitar la baja, sin omitir las objeciones de las diócesis y el siguiente paso a ejecutar. Esa final no tiene visos de disputarse en Madrid ni en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, sino en Estrasburgo. Incertidumbre que, entre otros efectos colaterales, proyecta una vistosa paradoja sobre aquellos estados de la UE donde persiste la tentación de confundir el espacio público con los ritos privados.
¿Protestarán un día los hermanos Kaczynski ante el arzobispado valenciano, porque gracias a su cruzada se logró el efecto contrario, corregido y aumentado, y una puerta de salida, también para los apóstatas del penúltimo baluarte católico de la vieja Europa? Les puede sentar peor que la bienvenida a Turquía.