La cuestión de la culpa

En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se abrió un largo proceso de debate sobre la responsabilidad colectiva. Responsabilidad tras los acontecimientos sangrientos que tuvieron lugar durante los años del nacional socialismo. Habermas, cuyo padre había sido un destacado colaborador del régimen nazi, y él mismo un joven perteneciente a las juventudes hitlerianas que defendió la Línea Sigfrido, era partidario de que sí había habido una culpa colectiva. Una culpa que, al menos, tenía que solventarse con un reconocimiento público. Habermas se apoyaba en La cuestión de la culpa (1946), de Karl Jaspers. En este libro, su autor estaba claramente posicionado contra la negación de una responsabilidad colectiva que facilitaba la evasión «a aquella mentira vital que hace creer que uno no ha obrado erróneamente en ningún momento en condición de individuo singular, es decir, de no haber sido autor sino víctima de la propaganda del terror». Para Jaspers, de la culpa política de un Estado criminal son colectivamente responsables todos los miembros de ese Estado. Y añadía que «sin la conciencia de una responsabilidad colectiva no sería posible romper la continuidad fatal con el Estado en que fue posible el asesinato». Adorno también incidió en la culpa alemana, y Arendt justificaba la gran laboriosidad germánica tras la derrota como la mejor manera de olvido.

La cuestión de la culpaHabermas también participa de este sentimiento de culpa aunque lo justifica por el acomodamiento al nuevo régimen. Incluso llega a calificar a su padre de «víctima». El exiliado y Nobel de Literatura, Thomas Mann, en un discurso radiofónico de 1945, decía que era imposible exigir de los pueblos violados que distinguieran clara e inequívocamente entre el nazismo y el pueblo alemán. Este duro y agrio debate llegó hasta nuestros días a través de las manifestaciones, a favor y en contra, de escritores sobresalientes como: Grass, Enzensberger, Walser, Christa Wolf y, por supuesto, el propio Habermas.

En nuestro país siempre se evitó esta reflexión. ¿Hubo una responsabilidad colectiva para la instauración de la dictadura militar y su mantenimiento durante 40 años? ¿Acaso fueron solo Franco y sus militares los culpables de semejante período sin libertades? ¿Acaso no colaboraron muchos de los abuelos y los padres de los que hoy redactan las normas de la Ley de la Memoria Histórica? ¿Ellos mismos harán confesión de los pecados de sus familiares? Hijos o nietos de militares franquistas, de la Guardia de Franco, de la policía política y de los cuerpos de la burocracia del Estado asesino, hoy son militantes o simpatizantes de Podemos y de los varios populismos e independentismos. Durante el franquismo, para poder trabajar, ¿no tuvieron que jurar los principios del Movimiento Nacional, haciéndose así cómplices? ¿Cómo una de nuestras más grandes actrices, amante del mayor hagiógrafo de Franco, director entre otros filmes de Franco ese hombre, puede decir que tiene nostalgia de aquellos tiempos y que iba encantada todos los años a la recepción de Franco al mundo del cine? Ella, que luego se declaró siempre de izquierdas. ¿Serán juzgados en esa ley los colaboracionistas, como lo fueron en Francia los petenistas?

Para evitar todos estos asuntos escabrosos que nos hubieran llevado a una batalla sin fin se aprobó la Constitución. Una Constitución que zanjó este dilema de la culpa y las responsabilidades civiles de todos los bandos. Una vez publicada la Carta Magna, ya no había franquistas, ni estalinistas, ni republicanos, ni monárquicos, ni exiliados; todos éramos españoles que queríamos mirar hacia el futuro y construir la España de hoy que, con sus grandes defectos y problemas ancestrales, es uno de los grandes países del mundo. Por eso yo jamás eché en cara a un amigo que su padre hubiera sido militar franquista y que, por tanto, toda su alimentación y educación proviniera de ese hecho, aunque él hubiese pertenecido al PC. Ni siquiera reivindiqué que mi abuelo, en los años 60, no impidiera la expulsión de su cargo en la Administración a cambio de la amnistía que se otorgaba a todos aquellos que hicieran apostasía de sus ideas políticas firmando su adhesión al Caudillo y a su democracia orgánica.

La Constitución, entre otras muchas cosas, fue una carta, un certificado de perdón mutuo. Así como el reconocimiento de un mal que no se produjo colectivamente sino que se sufrió. Como en todos los pactos, unos perdimos más que otros, pero lo importante era que las futuras generaciones quedaran libres de toda culpa para avanzar juntas. Volver sobre este asunto, fuera del ámbito de la Historia y de los historiadores, es un gran error. Los historiadores se pueden equivocar en sus juicios, para eso están otros, para corregirlos. Pero no mienten. Los políticos, por lo general, unos más que otros, sí. Su lenguaje es una mezcla de mentiras y verdades que, cada cual, debe destilar.

Y si la responsabilidad es algo fundamentalmente personal, tampoco al actual Rey se le puede exigir algo que no ha hecho. Y no solo no ha hecho sino que ha sido él quien más ha contribuido al esclarecimiento. Sí, Pablo Iglesias no es responsable de lo que hicieron su abuelo o su padre (sería muy ilustrativo analizar la genealogía de los políticos de las últimas décadas), pero tampoco nuestro actual Rey lo es. Si las instituciones son inocentes, las personas no lo son. ¿Acaso la República francesa no tuvo que asumir los comportamientos descarriados de muchos de sus presidentes? Y en Italia lo mismo sucedió con el caso del socialista Craxi. Sí, el ser humano comete grandes pecados, grandes delitos, grandes torpezas, pero solo él es el culpable.

Nuestro Rey no es ni culpable ni cómplice de nada. Todas las infames acusaciones que se vierten sobre él son contra la Monarquía parlamentaria, contra la democracia y contra la Constitución. ¿Acaso las corrupciones de los partidos los han llevado a su destrucción? Solo quienes las han cometido deberán cumplir con la justicia. Una ley de la Corona la juzgo buena si se lleva a cabo con el consenso de todos los grandes partidos y de la propia Casa Real. De esta manera también se vería reforzada la democracia. Pero no para modificar el régimen, sino para apuntalarlo más conforme a nuestros tiempos. Con todo, no debemos olvidarnos que hoy hay dos asuntos prioritarios: la pandemia y la economía. ¡Salvemos primero a los ciudadanos!

El populismo de izquierdas y los nacionalismos han encontrado una buena razón de ser en el mal fin del que fue nuestro gran Rey Juan Carlos. A nadie como a los que seguimos considerándonos republicanos y socialdemócratas nos puede haber afectado tanto. Pospusimos un ideal, una convicción, por puro pragmatismo. Acertamos en gran parte, pues esos 40 años de grandeza nadie nos los puede arrebatar; pero de alguna manera, y quizá más al no ser monárquicos, nos hemos sentido traicionados por unas actuaciones que, si se prueban ya del todo, son indignas para la que fue la más alta representación de nuestro Estado. ¿Por qué alguien que lo había conseguido todo y, lo más importante, el afecto de sus conciudadanos, en un país tan ingrato como este, es capaz de tirarlo por la borda? A pesar de que la Historia del mundo está repleta de malos ejemplos semejantes, se nos hace muy triste y penoso asistir a este final.

Un día, la cautelosa Reina Sofía, a la que acompañaba yo en un viaje oficial, me dijo: «¿Usted cree que el Príncipe llegará a ser tan querido como su padre? Tienen caracteres tan distintos». Yo respondí: «Para los nuevos tiempos, mejor Felipe VI». La intuición natural, la cordialidad, el buen humor y la simpatía arrolladora de Juan Carlos hoy han sido sustituidos por una formación extraordinaria y un carácter de rectitud extrema. Quienes hemos estado al lado de ambos lo podemos atestiguar. Y los últimos acontecimientos, terribles para él, lo engrandecerán.

El PSOE, o lo que queda de él, pero sobre todo Pedro Sánchez, debe darse cuenta de que apoyarlo y apoyarse en él es lo mejor que puede hacer, porque el 80% de la población estamos a su lado. El resto son quienes odian a su país y quieren destruirlo. De no ser así, la jauría de podemitas e independentistas lo devorarán. No se puede amnistiar a quienes no solo no se han arrepentido de su villanía sino que prometen repetirla. No se puede ser cómplice de asesinos sin pésame. Sí, la Constitución y la Monarquía parlamentaria trajeron la concordia y la estabilidad.¡ No colaboremos en su destrucción!

César Antonio Molina es escritor y ex ministro. Autor de La caza de los intelectuales y Las democracias suicidas

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